Dos escándalos por presuntos delitos que involucran a dos destacados personajes de la política nacional estallaron esta misma semana. De un lado, una secretaria de Estado, Rosario Robles, consentida y protegida del presidente Peña Nieto, que por segunda vez se vuelve a ver involucrada en una trama millonaria de triangulación de recursos públicos para sacar dinero del erario; del otro lado, el candidato presidencial Ricardo Anaya, que aparece como beneficiario final de otra trama de triangulación de recursos y presunto lavado de dinero a nivel internacional, éstos de origen privado, utilizados en la compra de unas bodegas industriales que vendió el abanderado panista en Querétaro.
¿Tienen algo en común estos dos escándalos? La coincidencia en tiempo y el impacto que uno y otro pueden tener en las campañas presidenciales en marcha: la trama de corrupción y desvío de recursos públicos en dependencias que encabezaba Rosario (Sedesol y Sedatu) en perjuicio del PRI y su candidato José Antonio Meade; y la complicada red de “lavado de dinero” tejida por empresarios privados y prestanombres que hicieron negocios inmobiliarios con Anaya, que repercute directamente en la campaña y la imagen del mismo candidato panista y frentista.
En ambos casos hay dos personajes clave que son el eslabón que puede exculpar o hundir a la secretaria y el candidato. Para Rosario ese personaje es su muy cercano colaborador Emilio Zebadúa, oficial Mayor de todas sus confianzas que aparece como el responsable directo del esquema repetido, primero en Sedesol y luego en Sedatu, para desviar y simular el pago de casi 3 mil millones de pesos, que salieron de ambas dependencias entre 2014, 2015 y 2016, para supuestos “contratos” con instituciones de gobiernos estatales y universidades públicas, a las que utilizaban y engañaban los colaboradores de Robles para prestarse a un esquema que les dejaba una comisión financiera con parte de esos recursos, a cambio de que ellos subcontrataran a ciertas empresas (todas fantasma) que supuestamente harían los trabajos y servicios y cobrarían la mayor parte de los recursos públicos que terminaban en cuentas particulares y paraísos fiscales.
En el caso de Ricardo Anaya el personaje clave, que podría hundirlo o confirmar su inocencia, se llama Manuel Barreiro, y es el empresario queretano que, según la denuncia penal presentada en la PGR en contra de la red de lavado de dinero, fue el “comprador oculto” que adquirió, a través de Manhatan Master Plan y del arquitecto Juan Carlos Reyes (prestanombres) las bodegas de Juniserra, la empresa de Anaya, que obtuvo pagos totales por 54 millones de pesos por esa venta. Barreiro después aparece como directivo de la empresa Park, a la que el mismo Ricardo Anaya le compró después terrenos equivalentes a 698 mil 298 metros cuadrados en un parque industrial.
Contra Emilio Zebadúa no se conoce aún una indagatoria o una acusación formal de la PGR, a pesar de que hay denuncias ya presentadas por la Auditoria Superior de la Federación por el esquema ilegal de triangulación de recursos tanto en Sedesol como en Sedatu. ¿Por qué la procuraduría no lo ha llamado a declarar o lo investiga como el presunto responsable directo de esos desvíos de recursos a través de contratos y pagos simulados? Al parecer porque le alcanza la misma protección que a su jefa la secretaria en este escándalo.
Muy distinto ha sido el tratamiento que la misma PGR, a través de la SEIDO, le ha dado a la denuncia contra el empresario Barreiro y sus transacciones con Ricardo Anaya, con dinero lavado en empresas extranjeras y paraísos fiscales. A Barreiro, a diferencia de Zebadúa, no sólo lo citaron a declarar en calidad de imputado, sino que además, con base en la denuncia de dos abogados que reconocen su participación en las operaciones financieras e inmobiliarias en Querétaro, le giraron una “ficha roja” de Interpol para su localización, que ya ocurrió en Canadá, de donde se apresta la procuraduría a solicitar su posible extradición.
Para la PGR de Alberto Elías Beltrán, al parecer tiene más prisa y más importancia investigar y documentar las acusaciones de lavado de 54 millones de pesos contra Barreiro, que involucran indirectamente hasta ahora al opositor Ricardo Anaya, que por investigar, documentar y castigar el desvío de casi 3 mil millones de pesos que la ASF ha documentado fueron triangulados, pagados y desaparecidos del erario federal en los últimos tres años por funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, que estaban bajo las órdenes de la secretaria Robles. ¿Cuál de los dos presuntos delitos resultó más dañino para las finanzas públicas?
Los dos “inocentes”. Más allá de la “doble vara” que aplica la PGR —“a los amigos del gabinete justicia y gracia, y a los candidatos opositores justicia a secas”—, si nos atenemos a lo que dicen Rosario Robles y Ricardo Anaya de los señalamientos en su contra, es increíble la similitud entre uno y otro.
“¿A mí, Rosario Robles, no me han comprobado nada, a mí no me pueden acusar de nada?”, dice la secretaria de Estado que era la responsable moral y legal de vigilar el uso adecuado de los recursos en las dos dependencias involucradas en ese escándalo. Robles se quiere deslindar de algo que pudo no haber autorizado o firmado personalmente y dice no haberse enterado de nada y “que se castigue a los responsables”. Se olvida la secretaria, que alega ignorancia, que en ambos cargos del servicio público ella juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” y que los funcionarios pueden cometer delitos por comisión, pero también por negligencia y omisión, sobre todo cuando los que delinquen y se roban los recursos públicos tienen tanta cercanía con ellos.
La misma ignorante inocencia que alega Anaya en la compleja trama de lavado de dinero que aparece detrás de la compra-venta de sus bodegas y terrenos en Querétaro. “Yo le vendí al arquitecto Juan Carlos Reyes, un empresario respetable (prestanombres de Barreiro) y yo no tenía por qué saber de dónde venía el dinero. Todo es un invento del PRI porque la campaña de su candidato está en ruinas”, repite Anaya una y otra vez en su alegato de inocencia.
La secretaria y el candidato tienen la misma actitud desafiante y retadora con la que intentan desacreditar y minimizar señalamientos en su contra y su posible responsabilidad política y legal. Rosario Robles, en un desplante de prepotencia, emplazó al diario Reforma “a que demuestre con documentos sus señalamientos en mi contra” y se presentó a hacer una actuación en la PGR, a sabiendas de que el periódico solamente reprodujo los resultados de “auditorías forenses” practicadas por la ASF a las Cuentas Públicas de 2016 y de los años anteriores, donde se documentan las “observaciones” al esquema de triangulación y desvío de recursos en Sedesol y Sedatu. Parecía que al ponerse a la ofensiva, la funcionaria pretendía distraer y minimizar el fondo de todo este asunto: la participación de funcionarios de su confianza en los esquemas de corrupción y desvíos millonarios.
Estrategia similar ha sido la de Ricardo Anaya que, también retador y envalentonado, dice estar dispuesto a “ir a la PGR a declarar cuando quieran porque no les tengo miedo. A mí no me van a asustar ni a detener”, dice una y otra vez el candidato panista, que hasta ahora no aparece en calidad ni de investigado ni mucho menos de imputado en la indagatoria FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/000011/2017.
Al final queda claro que estos dos escándalos tendrán indiscutibles repercusiones y objetivos políticos. Uno apuntala y confirma la corrupción desbordada del sexenio del presidente Peña Nieto, por lo que de tener un impacto sería para el partido gobernante y su candidato presidencial; y que el otro busca un efecto indiscutiblemente político en contra del segundo lugar en las encuestas presidenciales, Ricardo Anaya —visto como objetivo prioritario para la rezagada campaña del PRI— y a quien se busca consolidarle una imagen de “corrupto” ante las dificultades que ha tenido para explicar su crecimiento patrimonial y sus jugosos negocios inmobiliarios en Querétaro.
¿Cuál de las dos investigaciones cree que avanzará más en la PGR de Elías Beltrán, que está siendo claramente el “brazo político” del gobierno peñista en estas campañas?
Notas indiscretas… La Feria del Libro de Minería se inauguró esta semana con la organización de la UNAM y el patrocinio de Campeche como estado invitado. El rector Enrique Graue encabezó los actos de arranque de esta gran feria editorial y cultural, la más importante de la capital del país. Junto al rector estuvo el gobernador campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, quien habló de las actividades, libros y obras de teatro que presentarán autores de su tierra en esta edición, y evocó a grandes autores y pensadores como Justo Sierra, María Lavalle Urbina, Juan de la Cabada, Héctor Pérez Martínez y Fernando Pérez Mayans, que hacen de Campeche, dijo, “tierra de letras”… De corredor automotriz ahora Puebla pretende convertirse en sede de la principal industria militar del país. Un proyecto conjunto del gobierno federal, la administración estatal y la Sedena busca invertir mil millones de pesos para instalar fabricas de armas de diversos calibres, granadas, vehículos blindados y toda clase de equipo de uso militar, en una superficie de 600 hectáreas de lo que fuera la antigua Zona Industrial Oriental, en Puebla. El terreno fue donado por el gobernador Antonio Galy y pretende generar 5 mil empleos en una primera etapa y sacar las industrias armamentistas y militares de la CDMX, para construir todo un complejo industrial militar en la entidad poblana, que al final tendrá una inversión de 12 mil millones de pesos y generara 9 mil empleos, además de que mejorara el control y la producción de armas legales en México… Los dados mandan Escalera doble. Buena semana.