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La suerte de la Policía Federal Preventiva y la total animadversión de Andrés Manuel López Obrador hacia ese cuerpo policiaco se definió el 25 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente electo anunció —en un viraje de 180 grados en su posición histórica y de la campaña sobre ese tema— que las fuerzas armadas no regresarían a sus cuarteles, como lo había prometido, y continuarían apoyando las labores de seguridad pública. “La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas por lo que éstas se mantendrán a mediano plazo en las calles. No se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó. No se podría atender el problema de la violencia e inseguridad sin utilizar al Ejército y la Marina”, declaró López Obrador.
Ese fue el diagnóstico que dos días antes, el 23 y el 24 de agosto, le habían dado al presidente electo los secretarios de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón. Los dos mandos militares convencieron a López Obrador de que la Policía Federal, con la que tanto el Ejército como la Armada habían chocado y tenido fuertes diferencias durante todo el sexenio de Peña Nieto, “no servía, que no estaba consolidada y que la mayoría de sus miembros estaban metidos en la corrupción”.
No fue casualidad que justo después de reunirse con Cienfuegos y con Soberón por separado, en las instalaciones de la Sedena y de la Marina, AMLO haya cambiado radicalmente no sólo su visión sobre la PFP, sino también lo que pensaba y decía públicamente sobre la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad civil, algo que siempre cuestionó y criticó en campaña, cuando prometía que “los militares volverán a sus cuarteles, porque no deben estar haciendo labores de policías para las que no están capacitados”.
A partir de ahí, la Policía Federal, el órgano civil más grande de seguridad en México, fue sentenciada a desaparecer y se comenzó a operar la creación de un cuerpo militarizado para encargarse de la seguridad pública, lo que después derivaría en la reforma constitucional para legalizar la participación de los militares en esas tareas civiles y daría pie a la Guardia Nacional, que aunque se aprobó por unanimidad en el Congreso como una institución con un mando civil, en los hechos, sobre todo ahora que ha empezado a operar formalmente, se ve como una organización militarizada formada hasta ahora por soldados del Ejército y miembros de la Marina, mientras que la tercera parte que debe integrarlos, precisamente los agentes de la PFP, llevan tres días en rebelión y en paro de actividades, porque no se respetaron sus prestaciones sociales y antigüedad al integrarlos a la Guardia.
LA VENGANZA DE CIENFUEGOS
Detrás de la sentencia de muerte que López Obrador dictó desde agosto del 2018 a la PFP, estaba el coraje que, principalmente el general Cienfuegos, pero también el almirante Soberón, tenían en contra de la Policía Federal por los constantes choques y diferencias que tuvieron los militares con el secretario de Gobernación peñista, Miguel Ángel Osorio Chong. Los mandos civiles, comandados por Osorio y por los comisionados Nacionales de Seguridad y directores de la Policía Federal, como Enrique Galindo, Renato Sales o Manelich Castillo nunca aceptaron subordinarse a la autoridad de los militares y eran frecuentes los roces y la falta de coordinación en los operativos y estrategias de combate al crimen organizado.
Alguna vez en una comida con periodistas en el sexenio pasado, el general Cienfuegos explotó contra “los ineptos civiles que tienen el control de la seguridad federal”, en clara alusión a Osorio Chong y a su equipo. El entonces secretario se quejaba duramente de que no se le reconociera al Ejército la autoridad y jerarquía sobre los cuerpos civiles y cuestionaba la descoordinación y las decisiones que se tomaban en el gabinete de seguridad, que coordinaba el titular de Gobernación.
Tal vez por eso, cuando tuvo la oportunidad, y López Obrador los buscó a él y a Soberón para pedirles un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en el país, el general y el almirante no dudaron en echarle toda la tierra posible a la PFP y a las instituciones civiles, para convencerlo que “no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y a la Marina”, y que “sería irresponsable acuartelar a los militares y dejar a la población en la indefensión”, tal y como lo afirmaría el presidente electo en la conferencia de prensa que dio aquel 25 de agosto de 2018, en donde, en una total incongruencia con su discurso político hasta ese momento, aceptaba recargarse completamente en las fuerzas castrenses como la “única opción” y la “salvación” para la seguridad de la Patria.
Ahí nació el “pacto de lealtad” que desde entonces Andrés Manuel López Obrador tiene con el Ejército y la Marina, a los que no sólo les dio un marco constitucional y legal y les entregó la responsabilidad de la seguridad civil en el país —algo que ni siquiera Felipe Calderón, que los sacó a las calles a combatir al narco, y mucho menos Peña Nieto, pudieron o quisieron darles— sino que además el actual presidente ha convertido a las fuerzas castrenses en sus mayores aliados, en constructores de aeropuertos, contratistas del gobierno, vigilantes de ductos y hasta en sus consejeros políticos, pues todos los días, el primero en ver y hablar con el presidente en el Palacio Nacional, no sólo de seguridad sino de muchos otros temas, es el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval.
Ayer mismo en Chiapas, donde inició una gira para revisar hospitales públicos de todo el país, el presidente López Obrador habló de la grave inseguridad en el país y afirmó que él trabaja “todos los días en reuniones de 6 a 7 de la mañana en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad. Todos los días recibo el parte de la situación en el país y los delitos que se cometen en todo México” y aseguró que está enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia porque “problema que se soslaya, estalla, pero si el problema se enfrenta todos los días, es claro que vamos a vencerlo”. Lo único que le faltó mencionar es que, para enfrentar ese problema, el optó por la vía militar y decidió desdeñar y enterrar, en su gobierno, a las policías civiles.
NOTAS INDISCRETAS…Al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se le frunció el ceño cuando el expresidente Felipe Calderón lo retó a probar sus afirmaciones de que él estaba detrás de las movilizaciones y la rebelión de los policías federales que exigían respeto a sus derechos y prestaciones laborales al ser integrados a la Guardia Nacional. “Si tienen pruebas que las muestren”, retó Calderón en un video que difundió en las redes sociales. “En ningún momento planteé o puse yo su nombre sobre la mesa, me referí a la mención que hizo uno de los autodenominados representantes de los grupos inconformes”. Así de valiente el secretario que nos debe dar seguridad a todos los mexicanos… Nuevas órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin y contra su familia, incluidas su madre y su hermana, ahora por el caso Odebrecht. El fiscal Alejandro Gertz Manero, que no ha dado por cierto una explicación clara de su cercana relación de amistad y profesional con el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, quien lo ha defendido y representado en varios casos, lo que supone un claro conflicto de interés, sigue obteniendo órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex, pero nomás no pueden atraparlo; y ahora, con la versión de que Emilio Lozoya se fugó desde abril a Alemania, donde tendría la ciudadanía europea por su esposa, y que desde allá buscaría convertirse en “testigo protegido”, pues nomás no se ve claro si tanta orden de captura va a siquiera a poder cumplirse. Lo que sí se está cumpliendo es la amenaza que, confirman exintegrantes cercanos del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, que aseguran que, en el último año de la presidencia peñista, Lozoya buscó en varias ocasiones que Peña lo recibiera. “Dile que necesito verlo, que me reciba por favor”, le decía Emilio una y otra vez a Erwin Lino, el secretario particular del entonces presidente. Pero Peña Nieto nunca quiso recibirlo, y dicen que la última vez que Lozoya Austin habló con Lino, le dijo en una abierta amenaza: “Dile (a Peña) que no se le olvide que yo personalmente y en su mano le entregué 5 millones de dólares, que nunca se le olvide”. ¿Será que ahora que quiere negociar, al amparo de la ley, con la justicia mexicana, Lozoya le va a refrescar la memoria al enamorado expresidente?..Los dados mandan Serpiente doble. Semana difícil.
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