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El primer ejercicio plebiscitario del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, para consultar a la ciudadanía mexicana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, se mueve, a 10 días de su realización, en el filo de la navaja. Dependiendo de la seriedad y rigurosidad con que se haga y se procesen sus resultados, esta consulta podría significar una nueva forma de tomar decisiones desde el poder sobre los temas públicos, escuchando y atendiendo la opinión de los gobernados; pero también, un ejercicio poco riguroso, se percibiría como un acto de demagogia en el que se simula un ejercicio de consulta para eludir el costo político y económico de lo que finalmente se decida.
Porque si bien el presidente electo dice que “no hay que tenerle miedo al pueblo” para que opine sobre los asuntos públicos —algo que en democracias avanzadas es práctica común— sí hay que ser cuidadosos de que un ejercicio de consulta a la ciudadanía sea tan pulcro y riguroso en sus procedimientos y protocolos, que sus resultados sirvan para dar luz y certidumbre sobre los temas de los que se inquiere a la opinión popular, y no sean un motivo más de duda, desconfianza o descalificación que más que transparentar y democratizar una decisión de gobierno, dividan o polaricen más a la sociedad.
En la primera consulta lopezobradorista aún como gobierno electo, ya se sabe qué se va a preguntar, dónde se instalarán las mesas receptoras (en 538 municipios, 20% del total de municipalidades del país) quiénes recolectarán los votos (organizaciones civiles) y quiénes vigilarán el procesamiento de sus resultados (Fundación Rosenblueth y un Consejo Ciudadano formado por 18 académicos). Sólo resta saber el tamaño del interés y la respuesta ciudadana a la convocatoria presidencial para opinar sobre cuál de dos “opciones” se debe tomar para resolver la actual saturación del aeropuerto internacional de la CDMX: 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, o 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Será interesante ver qué tanto el debate sobre el aeropuerto ha permeado más allá de los habitantes del Valle de México y si despierta interés en otros estados de la República, o qué porcentaje de la ciudadanía decide participar en una consulta sobre un aeropuerto, en un país en donde sólo 30% de sus habitantes utiliza el avión como medio de transporte, mientras 70% nunca se ha subido a un avión (Encuesta de Parametría, julio de 2017), y en el que sólo 1 de cada 10 mexicanos elige la vía aérea como medio de transporte cuando hace turismo, según la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares.
Por lo pronto, mientras los preparativos ya caminan para la Consulta del 25 al 28 de octubre próximos, entre el equipo del presidente electo y los congresistas de Morena ya hubo una primera diferencia sobre quién pagará el costo de este ejercicio estimado en 1.5 millones de pesos. Ayer Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social del gobierno, dijo que ese dinero sería aportado por “los diputados y senadores de Morena”.
Pero la afirmación del vocero fue de inmediato negada por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que “los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente”, mientras Ricardo Monreal, coordinador en el Senado, también rechazó que los senadores morenistas vayan a aportar fondos: “Nosotros no vamos a financiar nada, porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta”, afirmó.
Más tarde, Mario Delgado, quien acompañaba en Colima a López Obrador en su gira de agradecimiento, aseguró que los congresistas de Morena sí van a dar recursos para la consulta, pero lo harán en forma de “aportaciones voluntarias”, mientras que el presidente electo se congratuló de que la consulta se pague con dinero de los legisladores de su partido y “no con el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero”. ¿Entonces quién paga la consulta?
NOTAS INDISCRETAS… En espera de la decisión que se tome con base en la consulta, los constructores que trabajan en Texcoco y el Grupo Aeroportuario de la CDMX estiman que si se cancelara Texcoco unos 40 mil trabajadores perderían sus empleos directos, además de los que tienen empleos indirectos ligados a esa obra. Y si a eso se suma que varios desarrolladores ya corrieron de la ciudad, ante la cancelación de proyectos inmobiliarios grandes anunciada por las alcaldías y el próximo gobierno capitalino, y que eso significa unos 10 mil empleos menos, la situación en el Valle de México se puede poner complicada. Y si se optara por Santa Lucía los nuevos empleos que se generarían tardarían por lo menos un año en arrancar…Se baten los dados. Serpiente doble. Caída libre.
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