Lo que empezó como un movimiento ciudadano, que buscaba reorientar parte de los recursos públicos que reciben los partidos políticos nacionales para apoyar a los damnificados por los recientes sismos, se convirtió ya en una rebatinga y en un concurso de demagogia entre los mismos partidos y el Instituto Nacional Electoral que, al retrasar y complicar la decisión de devolver parte de esos recursos, por tecnicismos legales, lo único que han logrado es exacerbar los ánimos de una sociedad cada vez más iracunda que está a punto de llevar a la picota y, si se descuidan hasta a la guillotina, a los desacreditados y repudiados partidos políticos.
Y es que, mientras el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dice que “sí es posible legalmente transferir los recursos del financiamiento de los partidos a las labores de reconstrucción y apoyo por la tragedia”, pero al mismo tiempo acusa la falta de acuerdo y disposición de las dirigencias partidistas para avalar la vía legal propuesta por el organismo electoral, los líderes de las distintas fuerzas políticas se han enfrascado en una competencia por ver quién es el más “valiente” y quién se atreve a “donar” más —dicen ellos—, aunque para lo ciudadanos es más bien “regresar” un dinero que de entrada es público y no les pertenece.
Todo indica que en el concurso por ver quién da más recursos a los damnificados la vara la ha ido subiendo el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien al ser el primero que, hábilmente, se montó en la iniciativa ciudadana, ofreció primero “donar” un 20% de su presupuesto para 2018 para los damnificados del sismo de 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca; luego, cuando la presión de la sociedad civil creció en la opinión pública y en las redes sociales, el resto de los partidos comenzaron a dialogar con el INE para acordar un porcentaje de “donación” de su financiamiento.
Y ahí comenzó el “Teletón demagógico”: Enrique Ochoa, del PRI, en un afán de protagonismo, se adelantó a las negociaciones y acuerdos del INE y anunció a través de un tuit que su partido les había pedido a las autoridades electorales que le descontaran parte de sus prerrogativas a 2018. Incluso, el dirigente priísta sacó después un comunicado anunciando un consenso con sus bancadas en el Congreso para que, del total de financiamiento que recibiría el próximo año, se le descontara un 25%, equivalente a 250 millones de pesos, para “ayudar a los mexicanos afectados por el sismo”.
Cómo López Obrador no se iba a dejar arrebatar la delantera, aumentó su propuesta original del 20% y ayer anunció que Morena le regresaría al INE 50% del total de su presupuesto público para 2018, con lo que superaba la “generosa” oferta de los priístas. Y ayer por la tarde, cuando los consejeros electorales seguían discutiendo el mecanismo legal y el destino de los recursos que regresaran los partidos, el Frente Ciudadano por México, en voz de Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, anunciaron que su propuesta de ayuda a los damnificados y a la emergencia que vive el país por los sismos, era devolver 100% del financiamiento público de los tres partidos que lo integran: PAN, PRD y MC. “Hemos escuchado a los ciudadanos y tienen toda la razón: el dinero de los partidos políticos debe destinarse en 100% para ayudar a las personas afectadas por los sismos”, dijeron en un video difundido ayer por internet Anaya, Barrales y Delgado.
Taclean al INE. Antes de que se desatara el concurso demagógico por ver qué dirigente o partido ofrecía más en el apoyo a los damnificados, el INE había logrado, en principio, el pasado miércoles, un acuerdo con todas las dirigencias para proponer el mecanismo legal por el que se devolvieran los recursos y se destinaran a la emergencia.
La propuesta de Lorenzo Córdova, que ya había sido incluso consensuada con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, era que los partidos “renunciarán” a un cierto porcentaje de su financiamiento público para 2018, y que ese dinero se destinara al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a los damnificados de sismos y huracanes.
Y ahí comenzó la primera discusión, Nueva Alianza proponía que sí se les descontara el dinero, 20% a gastos de campaña y 6% a gastos ordinarios, pero que esos recursos, que en total sumarían unos mil millones de pesos del presupuesto de todos los partidos, no se fuera al Fonden, ni lo manejaran burocráticamente los partidos. Luis Castro, el dirigente del Panal, propuso la creación de un “instrumento ex profeso supervisable” que se destinara a los estados afectados por los dos sismos, algo como un Fideicomiso que manejara los recursos en forma transparente.
Finalmente el jueves, justo cuando los consejeros del INE estaban reunidos para discutir los mecanismos y porcentajes para la devolución de recursos partidistas, el líder del PRI, Enrique Ochoa, circuló públicamente su propuesta de “renunciar a 25% de sus prerrogativas de 2018” para la reconstrucción por el sismo. Incluso, el dirigente priísta decía ya haber acordado con la Secretaría de Hacienda que destinaran “de inmediato” esos 258 millones de pesos al apoyo a los damnificados, por acuerdo de sus bancadas en el Congreso y sus sectores.
La propuesta del PRI corrió como pólvora en los pasillos del INE. Horacio Duarte, previa consulta con López Obrador, anunciaba en la misma sesión del INE que Morena estaba dispuesto a regresar 50% de su presupuesto para los damnificados. Se iniciaba así lo que se convertiría en el “Teletón de la demagogia y los damnificados”.
Y ayer el Frente Ciudadano saldría con su contrapropuesta al PRI y a Morena, en la que propusieron destinar 100% del presupuesto de los partidos políticos en 2018 al apoyo a los damnificados por los sismos. Y ahí, el tema se volvió a entrampar y hasta ayer por la tarde no había nuevamente acuerdos sobre cuánto dinero van a entregar finalmente los partidos y bajo qué mecanismo para ayudar a la emergencia.
Porque al final la propuesta del Frente, por espectacular que suene, no sería viable en estos momentos, salvo que modificaran la Constitución, ya que plantea modificar varios artículos constitucionales y la Ley electoral, cuando la ley establece que “una vez iniciado el proceso electoral no podrá haber modificaciones a las leyes que rigen las elecciones y el sistema de partidos”. Y resulta que el proceso electoral federal de 2018, donde se renovará la Presidencia de la República y las Cámaras de Diputados y Senadores, comenzó formalmente el pasado 8 de septiembre. ¿Cómo entonces el Frente Ciudadano pretende que se apruebe en este momento una iniciativa de ley que modifica totalmente el sistema de financiamiento de los partidos políticos? ¿Es una tomadura de pelo o una propuesta demagógica que, ellos saben, es imposible de procesar?, preguntaban ayer constitucionalistas y expertos en Derecho Electoral.
El caso es que, entre la simulación y la demagogia, que se les da tan bien, los partidos políticos y sus dirigentes nacionales han vuelto a pervertir, a complicar y a dilatar una iniciativa ciudadana que buscaba una decisión rápida y urgente para que el millonario financiamiento público que reciben los partidos, o al menos una parte importante de él, se destinara a las necesidades urgentes de miles de mexicanos que en este momento lo han perdido todo por los sismos y que necesitarán de apoyos y recursos presupuestales extraordinarios para que les sean reconstruidas sus viviendas. Eso ya no será posible, al menos no en lo inmediato, ante el batidillo demagógico y el entrampamiento político creado por los partidos. Por lo demás, la ciudadanía no va a cejar ni va a ceder en su iniciativa de reducirles o hasta eliminarles los recursos públicos, hasta que termine por llevar a las repudiadas élites partidistas a la guillotina pública.
¿Quién dobló a la Marina? En la percepción pública, luego del desafortunado yerro mediático de la inexistente niña Frida Sofía y la telenovela de su rescate de entre los escombros, quedó la sensación de que el costo político y social de este desafortunado episodio se lo tragó casi todo una de las pocas instituciones confiables y bien calificadas que nos quedan a los mexicanos: la Secretaría de Marina. Porque cuando la crítica pública y la desconfianza ciudadana arreciaban contra Televisa, como iniciadora de la falsa noticia, y contra muchos otros medios que la compraron y la siguieron, dos mandos de primer nivel de la Marina Armada de México, un subsecretario y un almirante y Oficial Mayor, fueron obligados a dar una disculpa pública y a asumir toda la responsabilidad de un engaño mediático que se volvió un fenómeno viral dentro de la tragedia del pasado sismo del 19 de septiembre.
¿Por qué obligaron a la Marina y a sus dos mandos, el subsecretario Ángel Enrique Sarmiento, y el poderoso oficial mayor José Luis Vergara, hombre de todas las confianzas del secretario Francisco Vidal Soberón, a humillarse públicamente aceptando haber sido los únicos responsables de un circo mediático que hicieron las televisoras y siguieron después muchos otros medios? Da la impresión que una pugna entre esos dos funcionarios de Marina, el subsecretario desmintiendo la noticia y el almirante Vergara como la “fuente” habitual y privilegiada de Televisa y de sus conductores estelares, fue lo que desencadenó que estallará el escándalo por la mentira y la evidente manipulación por el rating que hubo detrás del fenómeno de Frida Sofía.
Al final, la Secretaría de Marina perdió un poco de su prestigio bien ganado y de su excelente labor de ayuda y rescate en medio de la tragedia, sus dos mandos quedaron en ridículo nacional y la televisora que levantó una noticia no del todo confirmada y la volvió casi una telenovela, con todo y la producción de Pedro Torres —el mismo que produjo los spots de Peñalandia y el 5to Informe de Peña Nieto— salvó la cara y se quitó buena parte de la responsabilidad de esa fallida cobertura. Ni hablar, el poder está donde el poder está.
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