Alfredo del Mazo Maza cumplió la profecía familiar y se convirtió en el tercero de su dinastía en rendir protesta como gobernador y llegar al Palacio de Gobierno de Toluca. Entre los asistentes, que lo aplaudían en el Congreso del Estado, después de haber jurado “cumplir y hacer cumplir… (bla, bla, bla)”, estaba su orgulloso padre, Alfredo del Mazo González, a quien muchos ubican hoy como la principal cabeza del mítico Grupo Atlacomulco. Y el nuevo gobernador, una vez investido —“haiga sido como haiga sido”, diría el clásico—, identificaba como su “principal reto” la peor herencia de su antecesor, Eruviel Avila: la inseguridad y la violencia, que han convertido al Estado de México en una de las entidades más violentas de la República.
Pero apenas olfateaba las mieles del poder, al joven Del Mazo tercero (pelo cano y bien peinado, cutis radiante y estampa impecable) le afectaba una extraña amnesia política: creía que él solo, por su gracia y la de su primo el Presidente —que le puso a su disposición el gabinete federal y los programas sociales— ganó la elección del 4 de junio; que no necesitó de la ayuda de ningún aliado electoral para poder vencer al fenómeno Morena y la inconformidad social que le restaron más de un millón de votos a la otrora poderosa estructura del PRI y le hicieron perder prácticamente en todos los distritos y los corredores urbanos más importantes del estado.
En la toma de protesta de Del Mazo no estaban ni el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro, ni los dos diputados locales de ese partido, que abandonaron el recinto al terminar el himno nacional; tampoco estaban los dirigentes del PVEM ni nacionales ni locales, ni los dos diputados de ese partido; y menos asistía al evento el dirigente del PES, Hugo Erick Flores, que es el otro aliado que tuvo el nuevo gobernador en su campaña. La razón de tales ausencias fue un claro mensaje de ruptura y molestia de los tres partidos que apoyaron en alianza al candidato del PRI en los pasados comicios y a los que el gobernador del Mazo excluyó totalmente de cualquier posición de gabinete, a pesar de los acuerdos que hubo al firmarse la alianza y que comprometían la inclusión de los partidos aliados en la formación de gobierno, en caso de triunfo.
Lo más grave del caso, dicen sus aliados, es que Alfredo Del Mazo parece haber olvidado que si logró ganarle a la candidata de Morena, Delfina Gómez, no fue por los votos del PRI, que como partido quedó debajo de Morena por 58 mil votos, sino que su triunfo se debió a los puntos de votación que en conjunto le aportaron Panal, PVEM y PES, que juntos sumaron 164 mil votos 870 votos, un 2.7%, del total cuando la diferencia final que le dio el triunfo al candidato priísta fue de 2.8%. ¿Quién ganó entonces la elección, Del Mazo o sus aliados? Y si fueron estos últimos, con todo y su aportación mínima pero decisiva, ¿por qué no están en el gabinete del nuevo gobierno del Estado de México, al menos con alguna cartera? La respuesta que dan los dirigentes de los tres partidos aliados, que ayer no acudieron a la toma de protesta en señal de ruptura por “el incumplimiento de acuerdos”, es bastante clara y directa: “amnesia” del hoy gobernador Del Mazo, que ahora piensa que “ganó solo y por su linda cara”, se quejan los satélites.
Dos perredistas y un secretario inhabilitado. Para atizar la molestia de los aliados con los que Del Mazo rompió sus acuerdos, que por cierto también son los aliados del presidente Enrique Peña Nieto —¿acaso el gobernador manda señales de querer desembarazarse de todo lo que huela a su primo?— en la integración del gabinete del priísta hay un grupo muy cerrado de priístas reciclados del Grupo Atlacomulco, la mayoría políticos reeditados y provenientes de gobiernos mexiquenses anteriores, como el de Arturo Montiel y algunos de Peña Nieto, además de varios de sus ex colaboradores cercanos en Banobras y en Huixquilucan, a los que llevó sobre todo a las posiciones de mayor confianza, como la Secretaría de Finanzas, que ocupará Rodrigo Jaque Lira, su ex tesorero el municipio y en el banco.
Es de tan bajo perfil el gabinete que ayer en algunos políticos del PRI consultados sobre la lista de nombres, había la percepción de que Alfredo Del Mazo hubiera colocado en varias de las posiciones más importantes a “secretarios provisionales”, en espera de que en 2018, si el PRI pierde la Presidencia de la República, varios de sus amigos del grupo mexiquense que hoy están en posiciones del gobierno federal pudieran integrarse a su administración como una forma de “arroparlos” y “guardarles un espacio” para su refugio en el terruño.
Llama la atención el nombramiento de su secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna, un priísta mexiquense de la vieja guardia, muy cercano al cuestionado secretario de Desarrollo Social federal, Luis Miranda Nava, y quien fuera alcalde de Toluca y también ex titular de Desarrollo Social en el gobierno estatal de Peña Nieto. Ozuna fue inhabilitado en 1999 por la Secretaría de la Función Pública federal por diversas irregularidades y “negligencias administrativas” que se le documentaron en el manejo del presupuesto federal cuando fue delegado de Sedesol en el Edomex, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
El hoy secretario de Gobierno justifica aquella inhabilitación para ocupar cargos públicos: “Me tocó la transición de un gobierno priísta a un gobierno panista. En esa transición muchos delegados fuimos objeto de una persecución política”.
Y finalmente, en su amnesia, Del Mazo no tuvo espacios para cumplirle a los aliados electorales que le dieron su apretada victoria, pero sí para dos ex perredistas que hoy son parte de su gabinete: la ex alcaldesa de Ecatepec por el PRD, Marcela González Salas, hoy secretaria de Cultura, y su nuevo coordinador de Comunicación Social, Jorge Pérez Zamudio, quien fuera vocero de la perredista Leticia Quezada en la delegación Magdalena Contreras y a quien ya antes Enrique Ochoa había invitado como coordinador de Comunicación del CEN priísta.
Galy y el bestial asesinato de Mara Fernanda. El caso de Mara Fernanda Castilla, cuyo cuerpo fue encontrado ayer con signos de violación tras haber sido presuntamente secuestrada y asesinada por el conductor de la aplicación Cabify, Ricardo Alexis, causó conmoción nacional no sólo por tratarse de una estudiante universitaria de 19 años cuyo único error fue haber confiado en un supuesto servicio “seguro” de transporte privado, sino también porque su brutal asesinato pone el dedo en la llaga de uno de los delitos más graves y crecientes en este México de la impunidad y la violencia: el feminicidio.
La actuación de las autoridades de Puebla, que no activaron los protocolos de búsqueda en las 72 horas siguientes en las que Mara fue raptada por el conductor, y tardaron una semana en ubicar al presunto asesino gracias a que se quedó con el teléfono celular de la estudiante, confirma una de las causas de que la violencia contra las mujeres vaya en aumento en todo el país y que, a pesar de programas y Alertas de Género, el fenómeno delictivo no se detenga en la mayoría de los estados y por el contrario se incremente con niveles de violencia cada vez más crudos y alarmantes.
Puebla misma, en donde gobierna el panista Antonio Gali y antes lo hiciera el hoy aspirante presidencial Rafael Moreno Valle, registra un repunte preocupante de asesinatos violentos de mujeres —365 casos denunciados del 2007 al 2015 y 48 casos hasta junio del 2017— que han llevado a varias instituciones y organizaciones civiles a exigir que se emita una Alerta de Género, algo a lo que se han resistido las autoridades panistas del estado.
En todo este doloroso caso de Mara Fernanda el gobernador Gali estuvo prácticamente ausente y nunca respondió a los llamados desesperados de la madre Gabriela Miranda que le pedía que la recibiera para saber “¿qué están haciendo para encontrar a mi hija?”. El mandatario panista sólo apareció ayer para confirmar, cual funesto mensajero, la lamentable muerte de la joven estudiante de Ciencias Políticas, a quien encontraron muerta, envuelta en una sábana de hotel, en un paraje a donde su agresor y conductor la había tirado después de haberla forzado y matado la misma noche en que en vez de llevarla a su casa, abuso de la confianza que ella tuvo al creer que estaba en un transporte seguro.
Eso sí, Antonio Gali tuvo el detalle de darle “el pésame a los familiares de la víctima” y lo hizo, dijo, “con profundo dolor”, ofreciendo que “el responsable está detenido y pagará por este crimen”. Al final sólo para eso les alcanza a nuestros gobernantes: para dar condolencias, pésames y condenas “enérgicas”, pero no para darnos la seguridad que merecemos, y mucho menos a una joven que, paradójicamente, se fue de Veracruz donde radicaba su familia, a Puebla, para ponerse a salvo de la delincuencia. Y en Puebla encontró, como muchas jovencitas y mujeres, una muerte atroz y su familia un terrible dolor, al igual que muchos mexicanos que ayer se conmocionaron por este doloroso asesinato. ¿Cuántas más?
Notas indiscretas… Una vez más Guatemala le pone el ejemplo a México en materia de justicia y combate a la impunidad. Ayer en el Congreso guatemalteco, en un hecho inédito, sus 130 diputados votaron de manera unánime para dar marcha atrás a la modificación de dos artículos del Código Penal con los que los legisladores pretendía “blindar” al presidente Jimmy Morales para que no pudiera ser enjuiciado. La decisión, que terminó con los legisladores entonando un “perdón colectivo” a la sociedad guatemalteca, no fue sólo producto de que lo congresistas se percataran del error de una reforma que era anticonstitucional, sino que obedeció a las protestas de la población, que salió a las calles para denunciar esta situación y a las críticas de la comunidad internacional y la prensa independiente, que denunciaban que con esa reforma el Congreso legislaba a favor de la corrupción y la impunidad ¿Algún día veremos algo así en este México dolido y agraviado precisamente por la corrupción e impunidad?
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