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En una sesión extraordinaria, convocada casi en secreto, con fuertes dispositivos de seguridad y en una sede alterna, 16 diputados del Congreso de Baja California, de un total de 26, validaron anoche la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplió de 2 a 5 años la próxima gubernatura del morenista Jaime Bonilla, en una acción en la que los diputados locales rechazaron e ignoraron el “exhorto” que la semana pasada les hizo el Congreso de la Unión para que retiraran su reforma, a fin de evitar un enfrentamiento entre la Federación y el Estado.
“Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente (del Congreso federal) en asuntos que únicamente competen a la soberanía de los bajacalifornianos”, dijeron los diputados locales.
En la misma línea de defender la ampliación de mandato como un tema “de autonomía y soberanía del estado de Baja California”, que ha esgrimido el gobernador electo, quien incluso ha exigido “que lo entiendan en el centro, que aquí manda el Congreso del estado”, los 16 diputados que hicieron mayoría, incluidos seis panistas que ayer renunciaron públicamente a Acción Nacional, además de legisladores de Morena, PRI y PT, se encerraron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, habilitado como sede alterna del Congreso local, ante las protestas ciudadanas que les impidieron sesionar en su sede de Mexicali, en una sesión a puerta cerrada en la que incluso, con seguridad y escoltas de la alcaldesa panista Mirna Rincón, se impidió el paso no sólo a los ciudadanos inconformes, sino también evitaron la entrada a la prensa.
Y mientras el estado se divide entre los que apoyan la ampliación de mandato, promovida incluso en campañas publicitarias pagadas por el beneficiario de esta reforma, el gobernador electo Jaime Bonilla, y los grupos políticos y empresariales que ya promueven las primeras controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazan lo que califican como “una vergüenza y un acto de descarada ambición de poder” por parte del próximo gobernante de Morena, la mayoría del Congreso local sigue alineada con el discurso bonillista y no sólo valida la reforma, sino que rechaza lo que el propio presidente López Obrador ha calificado como un acto “vergonzoso” y desafía los llamados de todos los partidos, incluido Morena, hechos desde el Congreso federal:
“Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se inicie el trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, dice el dictamen aprobado ayer por los diputados locales y leído por el priista Alejandro Arregui, en el que se defiende el decreto 112 aprobado por 21 legisladores de todos los partidos como un acto “de soberanía” del Congreso local y se califica de “vicio constitucional” la petición que hicieron los diputados federales para derogar esa reforma.
Después de ver cómo tanto el gobernador electo de Morena, como la mayoría de diputados del Congreso local decidieron llevar este conflicto con la Federación al terreno de un asunto de “soberanía y autonomía del estado”, está claro que el tema tendrá que resolverse en la Corte donde, la lógica dice que el decreto 112 que amplió el mandato de una gubernatura después de las votaciones estatales será rechazada, por los precedentes que los mismos ministros han aprobado en esa materia.
Sin embargo, la falta de operación política desde el gobierno federal y las posiciones ambiguas y divididas que han asumido las cabezas del Ejecutivo, comenzando por el presidente López Obrador, que niega haber sido consultado y dice que se “le caería la cara de vergüenza” si hubiera avalado la llamada Ley Bonilla, o la débil y confusa posición de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que por un lado dice que “como ministra condeno y rechazo esto como una violación constitucional, pero como secretaria tengo que ser respetuosa de la decisión del Congreso local”, ya no queda muy claro si los diputados locales y el electo Jaime Bonilla están actuando totalmente “por la libre” en su abierta rebeldía a la Constitución y a los poderes federales.
Sobre todo porque ayer, ante una nueva pregunta sobre el tema de la reelección, el presidente dice que para él “la no reelección es un tema de ideales, no de leyes”, con lo cual López Obrador siembra más dudas que certezas sobre algo que desde su llegada al poder le han cuestionado sus críticos y que una y otra vez ha negado tener afanes o intenciones reeleccionistas. Porque se entiende que para él el tema sea de convicciones e ideales políticos, pero no se puede ignorar que la “No reelección”, que fue la bandera de Francisco I. Madero que dio pie a la Revolución de 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, es mucho más que un tema de ideales, y es un principio constitucional vigente, con motivaciones y razones históricas. ¿Es decir que si López Obrador no estuviera convencido o en algún punto modificara sus ideales, se modificaría también la Constitución para eliminar la prohibición de reelección presidencial?
El tema es delicado y no es por desconfianza del presidente, pero ayer mismo, ante una solicitud de Transparencia, la Presidencia de la República negó que exista en sus archivos el documento que públicamente firmó Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de marzo en el Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, en el que se comprometió a no reelegirse ni a buscar modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. “El documento no existe”, respondió la Presidencia. ¿Y entonces, el compromiso es real? No vaya a ser que, ante la falta de condena tajante y de operación desde la Presidencia para frenar la reforma reeleccionista en Baja California, los ideales y las convicciones vayan a cambiar “porque el pueblo me lo pide”, tal como dice Jaime Bonilla que se lo pidieron los bajacalifornianos.
NOTAS INDISCRETAS… Hablando de reelección, la que busca Martí Batres en la Presidencia del Senado de la República para continuar un año más en el cargo, y a la que en su caso sí tiene derecho porque lo permite el reglamento legislativo, parece que también se complica, ante la decisión del líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, de someter la elección del nuevo presidente a “una votación abierta, transparente y certificada ante notario público”. Para nadie es un secreto que, ante las diferencias entre Monreal y Martí, el coordinador parlamentario preferiría un nuevo presidente o presidenta, antes que ver reelecto a Batres, pero como tampoco puede negarle el derecho a participar, optó por una votación de todos los senadores que se llevará a cabo en una sesión pública y en urnas transparentes. Lo de la “tómbola” que también llegó a mencionar Monreal fue una vacilada, y lo que sí es un hecho es que los dos grupos de Morena en el Senado y en el partido, que claramente tienen un conflicto interno y distintas posiciones, aunque tanto Batres como el zacatecano tengan una relación civilizada, se enfrentarán y medirán fuerzas en una votación que podría incluso ser nominal para darle mayor transparencia. Veremos cuál de los dos grupos morenistas se impone en el Senado, en lo que será una batalla anticipada a la que viene por el control del partido gobernante en noviembre próximo…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
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