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La “luz verde” la dio la semana pasada el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar: “La independencia de jueces y magistrados no es un privilegio, sino una condición necesaria para impartir justicia con autonomía… Ninguna modernización puede pasar por encima del Poder Judicial de la Federación… usemos con todo derecho los instrumentos que nuestras leyes nos establecen… todo acto arbitrario puede ser revertido”. Y ayer un Tribunal de Sinaloa otorgó la primera suspensión provisional contra la reducción de sueldos a funcionarios federales, a una magistrada federal, Sonia Castro Rojas, para que no se le apliquen “los autos de las Cámaras de Diputados y Senadores” en sus artículos “inconstitucionales”, que obligarían a bajarle su sueldo a partir del 1 de diciembre a menos de 108 mil pesos mensuales, que será el salario del presidente de la República; con esta primera suspensión se abre la puerta a que cualquier servidor público federal, de los tres Poderes u organismos autónomos, pueda ampararse contra la baja de sueldos.
Con el argumento jurídico de la “inconstitucionalidad” y de que disminuir el salario a la magistrada sería permitir un “atentado contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de los otros poderes y fuerzas del Estado”, el Tribunal judicial ordenó la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en “la discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona el Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, en concreto los artículos 1,2,3,4 y 6, además de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal.
Ya en su discurso del 14 de noviembre pasado, en un evento del Consejo de la Judicatura, el ministro Aguilar había trazado la ruta legal que podrían tomar los integrantes del Poder Judicial, al señalar que el artículo 17 de la Constitución exigía que las leyes garanticen la independencia de los Tribunales, y recordarles a jueces y magistrados que “existen los medios de control de los actos públicos y de los actos de autoridad, cualquiera que ésta sea para que no transgredan el texto fundamental de nuestra Constitución… y que todo acto arbitrario puede ser revertido”. En ese mensaje, en que aludía al “amparo” para contrarrestar cualquier violación a la Constitución y abuso de autoridad, el presidente de la Corte también defendió los sueldos de los funcionarios judiciales: “Cada peso de nuestra justa remuneración lo hemos devengado en años de dedicación, de trabajo y sin descanso”, dijo.
Y ayer, con la aceptación de la primera solicitud de amparo presentada en Sinaloa con el expediente 747/2018, el Tribunal decidió otorgar el amparo indirecto a la magistrada Castro Rojas y estableció como criterio: “En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa… para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente se encuentran (sin que se modifique a la baja su sueldo) y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente”.
Así es que con este primer amparo se abre la posibilidad de que cualquier otro funcionario, no sólo del Poder Judicial, sino de otros poderes o de organismos autónomos y empresas del Estado, puedan recurrir al amparo para pedir la protección de la justicia federal para evitar que les bajen el sueldo y contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos mensuales, so pena de ser castigado penalmente. Pero al mismo tiempo, comienza también una confrontación entre Poderes que, más que por los salarios, será un conflicto de constitucionalidad que pudiera llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia, justo en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De poder a poder, ¿a qué poder le asistirá la razón constitucional?
NOTAS INDISCRETAS… A pesar de que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, llamó a la unidad de jueces y magistrados: “Les pido estar unidos, juntos podemos enfrentar cualquier cosa”, no todos los órganos del Poder Judicial de la Federación están dispuestos a ir a la batalla constitucional contra las mayorías de Morena en el Poder Legislativo y contra el propio presidente López Obrador por la Ley de Remuneraciones; en el Tribunal Electoral federal ya doblaron las manos y hasta tienen preparado un proyecto de su presupuesto para 2019 en donde ya ellos mismos se reducen los sueldos a menos de 108 mil pesos. Internamente hay magistrados que acusan a la presidenta del Trife, Janine Otálora, de “que nos vendió” y decidió unilateralmente —y sin consultar a la mayoría de magistrados— allanarse a la ley lopezobradorista y no dar la pelea de inconstitucionalidad, que sí dará el resto del Poder Judicial Federal. Es más, hasta aseguran que Janine no defendió los sueldos del Tribunal Electoral porque ya está próxima a presentar su renuncia al cargo de magistrada y de presidenta, para buscar ser incluida en una terna como aspirante a ministra de la Suprema Corte en enero, aprovechando sus cercanos nexos con Morena y, en particular, con el senador Ricardo Monreal. ¿Será que doña Janine vendió al tribunal por las lentejas de las ternas de enero?... Se lanzan los dados. Tocó Escalera doble. Subimos.
