Autoridades de Estados Unidos que recibieron en extradición al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tienen registro de que el gobierno mexicano, durante la administración del panista Felipe Calderón, en complicidad con personajes del PRI, extendió protección en favor del político tamaulipeco.
Yarrington, que había cumplido un año retenido en Italia, fue entregado a la justicia norteamericana en un momento muy incómodo para el PRI: En plena recta final de las elecciones presidenciales y en vísperas del debate de esta noche entre candidatos, al que el aspirante del oficialismo, José Antonio Meade, llegará en un rezagado tercer lugar.
No faltará quien encuentre aquí una historia enterrada que implica a agencias estadounidenses policiales, las cuales habrían escogido esta coyuntura para una revancha.
Fuentes del vecino país y del sector judicial mexicano, revelaron a este espacio que entre finales de 2011 y principios de 2012 la administración Calderón recibió pruebas contundentes en contra de Yarrington, pero rehusó proceder en su contra bajo el argumento de que funcionarios fiscales ligados al PRI se negaban a colaborar en las indagatorias.
El señalamiento directo compartido con agencias norteamericanas como la DEA, estuvo dirigido al entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Corte.
Los testimonios judiciales indican que la Procuraduría Genera de la República, dirigida por Marisela Morales (abril 2011-noviembre 2012), pudo iniciar acciones menores en contra de Yarrington a fin de incautarle propiedades que mantenía con prestanombres, pero quedó atada de manos para profundizar en acusaciones sobre tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Las fuentes norteamericanas consultadas dijeron que la señora Morales participó en diversas reuniones en Estados Unidos donde recibió las referidas pruebas, pero careció de respaldo en la administración Calderón para levantar cargos como los esgrimidos ahora por fiscales estadounidenses, que pedirán a los jueces una doble cadena perpetua contra quien gobernó Tamaulipas por el PRI entre 1999 y 2005.
Información proveniente del ámbito diplomático mexicano y europeo indica que tras la detención de Yarrington en Florencia, Italia, en abril de 2017, personajes de su entorno hicieron llegar amenazas a la ex procuradora Morales, quien desde mayo de 2013 se desempeña como cónsul de México en la ciudad italiana de Milán.
Funcionarios norteamericanos consultados dijeron que el señor Yarrington llamaba la atención de fiscales del vecino país desde mediados de los años 90, tras ser alcalde de la fronteriza Matamoros (1993-1995). Antes fue diputado federal (1991-1992). En 1995 se incorporó al gabinete del entonces gobernador Manuel Cavazos. Las primeras indagatorias de lavado de dinero usando a prestanombres para comprar propiedades en territorio estadounidense surgieron en 1998, pero entonces fue designado candidato del PRI a la gubernatura y todo entró en suspenso.
“Creemos que el señor Yarrington fue por años no sólo un colaborador de los cárteles del Golfo y Los Zetas, sino una de sus cabezas… y así lo informamos a México”, dijo uno de las fuentes consultadas.
Este caso estuvo marcado por la presunta cerrazón del SAT, a cargo entonces de Gutiérrez Ortiz Mena, para aportar información sobre manejos financieros de Yarrington y su grupo de cercanos.
En noviembre de 2012, Gutiérrez fue postulado por el gobierno de Felipe Calderón para una vacante de ministro en la Corte. Se dijo que ello había sido producto de un acuerdo del gobierno saliente panista con el PRI y el equipo del ya presidente electo Enrique Peña Nieto.
En un deslinde inmediato ante la administración calderonista, en enero de 2013 Gutiérrez Ortiz Mena (nieto de Antonio Ortiz Mena, emblemático secretario de Hacienda y presidente del BID) se sumó a la humillación que supuso la libertad inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en un controvertido caso.
El pasado día 9, este integrante del máximo tribunal figuró en un nutrido grupo de sus colegas como invitados especiales a la cena que con motivo de su 70 aniversario ofreció el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Antes de dejar su cargo, Yarrington todavía anunció su intención de buscar la candidatura presidencial por su partido en 2006. Fue sucedido en el gobierno de Tamaulipas por el también priísta Eugenio Hernández (2005-2010), señalado también en Estados Unidos desde 2014 por vínculos con el crimen organizado, pero no detenido en México sino hasta 2017.
En junio de 2010, el entonces candidato priísta a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, fue ejecutado por un comando paramilitar junto a un grupo de colaboradores, en un hecho extraoficialmente atribuido a grupos cercanos a Yarrington, como se ha publicado aquí mismo (http://eluni.mx/sowijh39).
En 2016 por primera vez en casi 90 años de historia, el PRI fue derrotado en Tamaulipas por conducto del actual mandatario, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.