La administración López Obrador determinó emprender una acción administrativa y penal para sacar a flote presuntos desvíos multimillonarios en Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando tales dependencias fueron sucesivamente encabezadas por Rosario Robles.
La operación incluye la integración de expedientes con elementos aportados por decenas de instituciones públicas tanto federales como estatales. Un pequeño grupo de funcionarios menores han sido ya inhabilitados y se les han fincado responsabilidades por cientos de millones de pesos. Algunos de ellos fueron también vinculados a proceso ante jueces, a petición de la Fiscalía General que conduce Alejandro Gertz, la cual se está apoyando en evidencias aportadas por la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval.
Información revelada a este espacio asegura que los funcionarios involucrados hasta ahora han empezado a señalar a altos mandos, en particular a Emilio Zebadúa, quien se desempeñó sucesivamente como oficial mayor en ambas entidades por invitación de la señora Robles Berlanga. Zebadúa ha sido citado a declarar ya en varias ocasiones ante autoridades de diversos ámbitos. Una imputación directa en su contra pondría a su ex jefa en la frontera de una acusación formal.
En el otoño de 2017, una conversación se desenvolvió en los siguientes términos, palabras más, palabras menos:
“Pero Juan Manuel…no me digas que Emilio (Zebadúa) no te ha entregado las cajas con toda la documentación que nos has pedido. ¡Pero si son más de 50, llenas de facturas y otros papeles…!”.
Esta fue la escena que refirió a colaboradores el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, sobre un encuentro con Rosario Robles, primero en Desarrollo Social (Sedesol) y luego en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El tema fue la cauda de señalamientos sobre malos manejos de fondos públicos.
En un nuevo encuentro, Robles sugirió a Portal que Zebadúa entregara al auditor, frente a la prensa, 56 cajas con las pruebas de que todo estaba en regla.
Portal se negó pero acordó con la funcionaria que tales cajas fueran trasladadas a la ASF para ser entregadas con el respectivo acuse de recibo. Cuando las cajas llegaron se descubrió que estaban virtualmente vacías.
El auditor alertó formalmente a Robles que todos los indicios apuntaban a la responsabilidad de Zebadúa González en la aprobación de contratos irregulares para la realización de trabajos que nunca se llevaron a cabo. Una estimación inicial ubicaba en 7 mil millones de pesos el monto de lo distraído.
Hacia agosto de 2017, Robles había informado a sus cercanos que el presidente Peña Nieto le había ofrecido que sería postulada para una senaduría, la que abriría para la funcionaria una nueva etapa en su vida política. En septiembre de ese mismo año, sin embargo, aparecieron las primeras denuncias de lo que sería conocido como la “Estafa Maestra”, una investigación periodística basada en las indagatorias de la ASF, filtradas por la frustración del auditor Portal. El escándalo que sobrevino sepultó la eventual candidatura de Rosario y sembró incertidumbre sobre su posible involucramiento en acusaciones administrativas y penales.
En las últimas semanas de su gestión, durante un evento en el Infonavit, Peña Nieto hizo un reconocimiento público a la lealtad de Robles Berlanga. El pronunciamiento había sido antecedido por una declaración del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, desestimando proceder en contra de ella por la “Estafa Maestra”. “Se trataría de un chivo expiatorio”, dijo.
Con el arranque del nuevo gobierno, la señal cambió.
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