“Avísenle a Raquel, que lo compre ella….”, es la frase presidencial a la que ya está acostumbrado el equipo económico del gobierno López Obrador, que comanda el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y la instrucción se repite sin importar si se trata de pipas para transportar gasolina, medicinas o ductos para Pemex. Toda compra, toda contratación, todo gasto es enviado a un solo escritorio para su autorización.
Ese escritorio es el de Raquel Buenrostro Sánchez, la poderosa oficial mayor de todo el gobierno federal, donde surgieron las denominadas Unidades Administrativas y de Finanzas, vasos comunicantes del largo brazo de esta casi desconocida funcionaria hasta antes del inicio del nuevo gobierno.
Buenrostro, que se licenció como matemática en la UNAM y obtuvo una maestría en Economía por el Colegio de México, tuvo su primer puesto de notoriedad en el gobierno de la ciudad de México durante la jefatura de López Obrador, al que llegó de la mano del citado Carlos Urzúa, quien se desempeñó como secretario de Finanzas capitalino (2000-2003). Con él fue la responsable de políticas fiscales. Su protector dejó el cargo a la mitad del gobierno y fue relevado por Gustavo Ponce, que en marzo de 2004 protagonizó un escándalo al ser grabado dilapidando dinero en casinos de Las Vegas.
Fuentes consultadas por este espacio atribuyen a la señora Buenrostro ser responsable de estancar un segmento importante del gasto público. Adicionalmente, se le responsabiliza de frenar contrataciones de personal aun con plazas vacantes disponibles, y de recortar gastos sin alertar a los funcionarios que sufrirán los efectos correspondientes. El respaldo presidencial del que goza la hace actuar en forma cada vez más independiente de su propio jefe, el secretario Urzúa.
De las decisiones de Buenrostro se han derivado, según se sostiene, las marchas de médicos residentes de la Secretaría de Salud por falta de pago, o el recorte de miles de médicos en institutos de salud de alta especialidad que estaban a cargo de programas innovadores con apoyos privados que justificaban su existencia.
Organismos como “México Evalúa” han detectado que las atribuciones asignadas a Hacienda, y en particular a su oficial mayor, fragmentan las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al otorgarle la facultad de regulación y supervisión no sólo de las compras públicas, sino también de la contratación de los recursos humanos, la gestión de recursos materiales e informáticos, gestión presupuestal y archivos. Este esquema, aseguró el organismo en un reporte, debilita las acciones para prevenir la corrupción por parte de la SFP y fractura los mecanismos de combate a la corrupción.
APUNTES:
A la sombra del alud de leyes aprobadas ayer en el Congreso, recibió luz verde una reforma al sistema privado de pensiones (Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR) que flexibiliza el uso de estos fondos para que sean invertidos en proyectos, púbicos y privados, de mayor riesgo. Un viejo sueño que los neoliberales no pudieron consumar lo obtiene ahora un gobierno de izquierdas. En 2013 lo intentó el entonces poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero fracasó. El temor radica en si las Afores y sus varios billones de pesos acumulados despertarán el apetito del gobierno López Obrador para financiar sus proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto o la refinería de Dos Bocas. Si como está previsto, se trata de iniciativas no rentables, ello puede poner en peligro la de por sí magra jubilación que esperan recibir a la hora de su retiro millones de trabajadores.
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