La evaluación sobre 1.2 millones de maestros de educación primaria y media en el país está ya ubicada como la causa central de una guerra de baja intensidad entre la administración saliente del presidente Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.
Esta evaluación, formulada en reforma constitucional de febrero de 2013 y concretada en una ley reglamentaria en septiembre de ese mismo año, provocó cismas en el actual gobierno, el encarcelamiento de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo durante más de cuatro años, y tiene hoy en posiciones de batalla lo mismo a bloques de maestros en todo el país que a sectores empresariales y de la sociedad civil.
A partir de información confiada por protagonistas clave en esta historia, los meses previos al encarcelamiento de la señora Gordillo los entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, sostuvieron con la dirigente gremial encuentros diversos en su residencia de Polanco con el propósito expreso de presionarla a fin de que avalara la citada evalución, que se ha empezado a aplicar cada dos años a los mentores y de cuyos resultados depende el futuro profesional y laboral de cientos de miles de ellos.
De acuerdo con esos testimonios, la maestra Gordillo sostiene la certeza de que esta evaluación podría anular la permanencia —esta es el concepto esencial— de los maestros en sus trabajos, al grado de separarlos de sus empleos si fallan sucesivamente en varias evaluaciones. Mientras se desarrollaba esta negociación, se aseguró a este espacio, Osorio Chong pactó con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) una traición a la lideresa, lo que llevó a Juan Díaz a ser la cabeza única del gremio más numeroso en el país.
La permanencia de los maestros en sus plazas fue bandera levantada en la campaña presidencial de López Obrador, y dio base para un acuerdo entre éste, la señora Gordillo y sectores del SNTE que aún le guardan lealtad, lo que anticipa el desmoronamiento de Juan Díaz, pero también la posible fragmentación del gremio en varias agrupaciones de carácter nacional y regional.
El 21 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador dijo frente al presidente Peña Nieto que la reforma educativa seria virtualmente sepultada, lo que causó estupor en observadores que previeron una convulsión entre ambos personajes, que hasta la fecha no se ha dado.
La semana recién concluida trajo un llamado del Congreso federal, dominado por el bloque que encabeza Morena, para que el secretario de Educación, Otto Granados, suspenda la evaluación prevista para noviembre y que de acuerdo con la normatividad establecida, ya podría atraer sanciones para mentores que hayan reprobado las evaluaciones previas.
Este exhorto atrajo reacciones airadas. Pocos recordaron que en mayo de 2015, con las elecciones de medio término a la vista, Luis Miranda, amigo de la infancia del presidente Peña Nieto y subsecretario de Gobernación, convenció al mandatario de suspender la evaluación correspondiente.
Fuentes gubernamentales dijeron a este mismo espacio que Peña Nieto obligó al entonces secretario de Educación, Emilio Chuauyffet, a asumir la responsabilidad de tal suspensión. El funcionario aceptó y anunció cancelación el 29 de mayo de ese año. Pero habría dicho al Presidente que la evaluación era producto de un mandato constitucional, y advirtió que renunciaría si la suspensión se prolongaba más allá de algunas semanas.
Antes de que ello ocurriera, el organismo Mexicanos Primero, que dirige Claudio X. González, hijo del controvertido dirigente empresarial del mismo nombre, presentó un amparo contra tal suspensión, que fue otorgado por un juez federal ordenando la reposición de los exámenes, lo que así ocurrió.
Seguramente la discusión se extenderá por las próximas semanas y meses. Incluso se manifestarán discrepancias sobre si estas evaluaciones suponen o no la separación eventual de los mentores de sus empleos, o “únicamente”, como defiende la autoridad, existe el escenario de retirar a los maestros “reprobados” de su trabajo frente a clase y dedicarlos a labores administrativas. Habrá que leer lo que dice la nueva ley en la materia:
“Artículo Octavo Transitorio. El personal (…) se ajustará a los procesos de evaluación (…). El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será re adscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
Artículo 53.“En caso de que el Personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”
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