La administración López Obrador está embarcada en un juego de vencidas con poderosas compañías (fabricantes, distribuidores, intermediarios) que han controlado por décadas el mercado de los medicamentos, a lo que se suma la corrupción de funcionarios federales y estatales que lucran con estas adquisiciones, estimadas en 100 mil millones de pesos al año.
Inexperto, arrogante, el equipo oficial exhibe hasta ahora más tropiezos que aciertos. Por primera vez en la historia y contra reloj, negocia directamente con los fabricantes farmacéuticos, nacionales e internacionales, de genéricos o bajo patentes; obligó a participar a todo el gobierno (extrañamente, menos a la Defensa) y a los estados (al menos a 25), a los que les entregará medicinas, no dinero para comprarlas. Y al parecer, planea licitar directamente la distribución con gigantes del ramo, poniendo antes en una “lista negra” a los tres principales, pero promoviendo a un jugador (Lomelí) cercano a Palacio Nacional.
Si tiene éxito, el gobierno merecerá una ovación. Si fracasa, se agudizará el desabasto de medicinas y se romperá el frágil equilibrio que ha impedido brotes epidémicos, alta tasas de mortalidad y una protesta social que resultaría imposible acallar.
El peor escenario sería que haya un desastre sanitario que mine a la población y a López Obrador, pero que, acorralada por una emergencia, arrodillada por la incompetencia, la autoridad deba comprar a los mismos de siempre, pero a costos más altos…
La estrategia está depositada en la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, pero es obra de la oficial mayor, Raquel Buenrostro, quien coordina desde hace semanas una licitación por 17 mil millones pesos que sufre retrasos, siembra enigmas y parece avanzar hacia una tragedia.
En el eje de esta crisis se halla el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responsable de dotar de servicios de salud a 80 millones de mexicanos (casi 7 de cada 10); que acumula 70% de la demanda pública de medicamentos y cuenta con la experiencia más compleja en materia de negociación de adquisiciones en este campo. Una fortaleza que por meses ha sido desdeñada, lo que el 21 de mayo trajo la renuncia de su ex director, Germán Martínez. Fue relevado por Zoé Robledo, quien lidia hoy con un modelo diseñado de espaldas al sector, armado sobre las rodillas y que parece hacer agua por todos lados.
En un oficio fechado el 17 de mayo, pero con sello de recibido el 20 (víspera de la renuncia de Martínez Cázares), la citada señora Buenrostro instruyó al director de Administración del IMSS, Flavio Buenrostro (marcando copia simple a sus superiores), para hacerse cargo de los procesos que se deriven de la licitación en marcha, que se ha venido retrasando, atrajo más de ¡6,000! preguntas por parte de los participantes y que, a empujones, definirá ganadores dentro de los próximos 15 días. Eso, si antes no se presentan solicitudes de amparo por parte de proveedores por presuntas violaciones al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, que impide convocar (como fue el caso), salvo en rondas posteriores, a empresas que no sean nacionales o tengan cobertura de tratados comerciales internacionales.
Cuando esta licitación concluya, el IMSS de Zoé Robledo deberá garantizar la operación de un mecanismo diseñado por manos inexpertas y mentes afiebradas. Le entregarán millones de cajas de medicamentos, cada uno con restricciones diferentes de manejo y almacenamiento (incluso bajo temperaturas definidas), con destino a 25 estados diferentes, a todo el gobierno federal y diversas instituciones, el Instituto incluido… a lo que seguirá su distribución a toda la República, directa… o con otra licitación.
Al despejarse la humareda que todo esto levante, se sabrá si Robledo salió adelante o se ahogó en una pesadilla digna del infierno de Dante.
