Casi todos los días se genera un indicador, una noticia, un reporte internacional sobre los enormes desafíos del sistema nacional de salud. Pero no hay evidencia alguna de que la administración López Obrador cuente con capacidad para definir una estrategia que coordine esfuerzos y avance en propósitos específicos.
Desde su campaña, el actual presidente aseguró que dotaría de alta prioridad a la cobertura y la calidad de los servicios públicos de salud. Nombró al frente de las áreas clave a Jorge Alcocer, como secretario de Salud; a Germán Martínez en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a Luis Ramírez Pineda en el ISSSTE.
Lo que inicialmente fue calificado como un equipo sólido devino en un marasmo de actuaciones que cada vez alejan más un sistema universal de salud como el que existe en Canadá, caso seleccionado por el propio López Obrador como ejemplo de lo que se buscaba.
El estancamiento del gasto federal en el sector, el enorme pasivo laboral expresado en el crecimiento incesante de pensiones en el ISSSTE y el IMSS; la debilidad en las estructuras estatales y la montaña de negocios privados en este ámbito, son de suyos fardos difíciles de sobrellevar. Pero a ello se han sumado factores que atraen confusión e incertidumbre.
En la Secretaría de Salud subsiste, casi desde los primeros días, una cruda tensión atribuida al carácter mercurial e ideológico de la subsecretaria Asa Cristina Laurell, una ex colaboradora de López Obrador desde la época de éste en la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. A ella se le responsabiliza de obstinarse en interferir en las tareas del titular, Alcocer Varela, un investigador con amplio prestigio dentro y fuera del país; no carente de olfato político, pero con escasa experiencia en el campo de la administración pública.
Este contexto, entre otros factores, ha impedido definiciones claras sobre el Seguro Popular (cuya existencia es un factor de vida o muerte para millones de mexicanos). También, que Germán Martínez y el IMSS asuman el anunciado carácter de pivote de la transformación del sector con el que López Obrador los busca dotar. Este propósito entró en colisión con la designación de Pedro Zenteno como director administrativo del Instituto. Se trata de un activista de Morena que creó una crisis al intentar incorporar al organismo a casi un centenar de incondicionales sin noción alguna con la tarea que desempeñarían.
Echado del IMSS por Martínez, Zenteno fue refugiado con las mismas tareas en el ISSSTE, donde Ramírez Pineda parece ahogarse frente al déficit financiero de la institución, los rezagos en atención y abasto de medicamentos y su incipiente destreza política, pese al antecedente de ser hijo de Heladio Ramírez López, ex gobernador de Oaxaca (1986-1992).
Con un entramado así de frágil, resultará demasiado arduo librar los múltiples obstáculos en el sector. Parece urgir una corrección en el equipo y el rumbo de la nave.
Apuntes: Veracruz se está desangrando no solo por la violencia incontenible sino por la incompetencia oficial. A falta de capacidad, en él mismo y en su equipo, el gobierno de Cuitláhuac García, gobernador de Morena, ha optado por jugar a la guerra con sus correligionarios. Ello incluye a la secretaria federal de Energía, Rocío Nahle; al alcalde de la capital, Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, y al llamado “superdelegado” del gobierno federal en el estado, Manuel Huerta. Todos morenistas, todos rivales entre sí. Y todos, también, exhibiendo pésimos resultados en las tareas que tienen encomendadas.
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