“¿Me voy a encabronar al leerlo?”, preguntó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con tono seco y la mirada fija en la carpeta que le acercaba Tomás Zerón de Lucio, uno de sus hombres de confianza para temas de seguridad.
“Es sobre el programa Pegasus, el uso que se le dio y quién es el responsable”, le había confiado poco antes quien entonces se desempeñaba como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y había sido, hasta septiembre de 2016, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
“No quiero leerlo, entrégalo a la Procuraduría”, repuso Peña Nieto.
Hasta donde se conoce, ese fue el momento más cercano a que Peña Nieto se enterara de conductas ilegales en el uso del programa de espionaje móvil más eficaz de su época, creado en 2016 por la compañía israelí NSO Group Technologies, mismo que comprara una docena de países, entre ellos México.
Se cumplieron ya dos años desde que en julio de 2017 el diario The New York Times difundió una investigación desarrollada por varias instancias, en la que se dio cuenta que fueron “infectados” por Pegasus teléfonos celulares de disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas e incluso integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la OEA, que investigaba la masacre de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
Pegasus funcionaba mediante el envío de un mensaje SMS aparentemente inocuo al objetivo buscado. Al entrar a ese mensaje, el teléfono queda automáticamente “infectado” y con ello se permitía a los operadores de Pegasus extraer toda la información de mensajería, correos electrónicos y videos de la persona espiada, e incluso acceder en tiempo real a su cámara y micrófono para vigilar sus actividades las 24 horas.
Trabajos periodísticos posteriores, publicados por el portal Aristegui Noticias y por el conductor y columnista Carlos Loret de Mola, aportaron nuevas revelaciones, como el monto del pago realizado por la PGR durante la gestión de Arely Gómez (marzo 2015-octubre de 2016), a un precio presumiblemente inflado, estimado en 33 millones de dólares, y el costo de la actualización del programa, también contratada.
A raíz de ello, la actual Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, desarrolla al respecto una investigación penal, y para ello ha citado a declarar a varios personajes ligados con esta historia, entre ellos al citado Zerón de Lucio, cuya firma aparece, entre otros funcionarios, en los contratos para la compra de Pegasus por la PGR.
Adicionalmente, hasta donde pudo conocer este espacio, Gertz ordenó suspender el uso de Pegasus en las actividades de la institución, en particular porque su eficacia es cada vez menor ante las actualizaciones efectuadas por los fabricantes telefónicos en los programas o software que utilizan sus equipos.
Hasta donde fue posible conocer por parte de este espacio, no está claro si la investigación de la FGR incluirá eventuales responsabilidades penales por parte de funcionarios públicos que firmaron con el fabricante un acuerdo de que Pegasus sería empleado para perseguir al crimen organizado, pero que finalmente emplearon para espiar a ciudadanos y organizaciones cívicas.
Es poco también lo que se sabe de otras instancias del gobierno federal que contrataron en forma independiente Pegasus, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como la agencia de inteligencia federal, el Cisen, que en esa época condujo Eugenio Imaz, un personaje estrechamente cercano al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR a la que tuvo acceso este columnista, los interrogatorios sobre Pegasus giran en torno a quién autorizó la compra, el criterio para seleccionar a los intermediarios, mexicanos e internacionales, de NSO Group, y la mecánica para el uso del programa.
En la propia Fiscalía obran reportes de estudios desarrollados para determinar la triangulación entre la sede desde donde se operaba alguna de las versiones de Pegasus y los teléfonos “infectados” a periodistas y activistas sociales.
De acuerdo con esos informes, que se apoyan en un sistema de geolocalización, habría sido el Cisen en el periodo de Eugenio Imaz el que decidió espiar a esos “objetivos”.
Sin embargo, testimonios recogidos entre fuentes cercanas al uso de Pegasus ubican también a la oficina de Zerón de Lucio como origen de algunos de esos ataques cibernéticos.
La información que ya forma parte de esta investigación de la FGR supone un cúmulo de revelaciones que seguramente constituirán pronto el escándalo en turno.
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