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Autoproclamada como un esfuerzo gubernamental para combatir la corrupción en el mercado de los medicamentos y los materiales de salud, las nuevas licitaciones emprendidas desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda han empezado a exhibir signos de los mismos trucos y componendas entre proveedores privados y servidores públicos.
Cuando en los próximos días se conozcan los contratos derivados de la licitación LA-012000991-E82-2019 para fabricantes de medicinas y utensilios, se descubrirá que decenas, acaso cientos de las “claves” (productos) solicitadas quedaron desiertas, no por falta de proveedor, sino porque se les fijaron precios por debajo de toda cotización posible. Esto se parece demasiado a un truco harto conocido que obliga a los sistemas de salud federal y estatales a comprar en el mercado abierto, a precios muy altos, dando amplio margen para que los fabricantes paguen “moches” y otros beneficios.
La referida licitación ofrece, por ejemplo, adquirir paquetes o envases de 100 jeringas a un precio de 98 centavos, o marcapasos cardiacos en 90.87 pesos. En el lapso de aclaraciones previsto por la ley, los concursantes pidieron verificar esto, seguros de que se trataba de un error. La respuesta fue que no; esa es la estimación de la autoridad. Las preguntas de este y otros tipos se multiplicaron hasta superar las 2,000, lo que obligó a modificar en varias ocasiones los plazos originalmente previstos por la licitación.
Provocar, desde el diseño mismo de las licitaciones, que rubros o “claves” sean declarados desiertos ha sido siempre uno de los recursos más practicados para prohijar corrupción. Otro, elaborar una licitación “con nombre y apellido” para que el producto requerido tenga tales especificaciones que solo un proveedor resulte beneficiado. Falta aun por ver si ello sucedió también en el caso que nos ocupa.
El esquema supervisado por Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, no solo incurrió ya en la “desertificación” de claves. Funcionarios del sector han contactado a proveedores de todo tipo para hacerlos participar en una maniobra que traerá claros riesgos en materia de abasto bajo condiciones de seguridad.
De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio, autoridades del sector están contactando a proveedores de todo tipo a fin de inducirlos a inclinarse por determinada empresa distribuidora para hacer llegar los productos correspondientes a los centros hospitalarios del país. Con ello se está dejando al margen a muchas compañías distribuidoras, y no solo a aquellas vetadas públicamente por el presidente López Orador. En contraste, se está privilegiando a otras, en su mayoría de mediana y pequeña dimensión, algunas sin garantías de tener los recursos logísticos, económicos y tecnológicos para hacer una tarea de mayor envergadura.
El vínculo proveedores-distribuidores siempre ha atraído sospechas de posibles actos de colusión, al grado de que durante muchos meses la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desarrolló una investigación en este campo, y estaría por dar a conocer los resultados de sus indagatorias a más tardar en las próximas semanas.
Al menos uno de los laboratorios vetados por el gobierno, en concreto Fármacos Especializados, ha tenido señalamientos no oficiales de ofrecer regalos y compra de equipos a directivos del sector salud para ser a cambio beneficiado con contratos, por lo que ha nadie sorprendería que se hiciera acreedor de sanciones por parte de la Cofece. Pero designar desde una oficina gubernamental, en Hacienda o en Salud, qué distribuidor ganará las licitaciones en marcha atraerá mayores males de los que se podría estar buscando erradicar. Ello supondría un enorme retroceso en materia de regulaciones construidas durante décadas para combatir la corrupción en este campo. A la luz de todo ello, quizá es momento ya de regresar algún crédito a las autoridades que han venido conduciendo el nuevo modelo de licitación de medicinas, utensilios médicos y su distribución. Se les tachaba de ingenuos, de inexpertos. Ahora parecen estarse pasando de listos.
Apuntes: Despierta inquietud el anuncio de última hora de que el evento de este lunes en el Zócalo con el que el presidente López Obrador festejará el primer aniversario de haber ganado las elecciones, será objeto de una cobertura de una cadena nacional en estaciones de radio y televisión. Adicionalmente, trabajadores de múltiples dependencias empezaron a recibir el viernes convocatorias para acudir al Zócalo, en un acarreo que también podría incluir a beneficiarios de programas sociales. No parece ser este un acto que reúna las características previstas por la ley para una cadena nacional. Ello pueden significar un pésimo precedente en nuestra vida pública.
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