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Si no surgen nuevos retrasos, esta semana el gobierno de López Obrador lanzará licitaciones para compras conjuntas de medicamentos bajo una modalidad que lo enfrentará a los enormes intereses que dominan la venta de medicinas al sector público. Ello incluye una clara alianza entre políticos (federales y estatales), empresas productoras y compañías comercializadoras.
Se trata de un negocio que puede acercarse a los 200 mil millones de pesos anuales, a cuyo control se ha lanzado Palacio Nacional con virulentos mensajes presidenciales, traspiés de la Secretaría de Hacienda y del sector salud, así como reacomodos de polos de poder político y económico que dominan este ámbito.
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y su poderosa oficial mayor, Raquel Buenrostro, han convencido al Presidente de implicarse en una complejísima batalla al mismo tiempo que se produce el mayor recorte que haya sufrido el presupuesto federal al menos en los últimos 25 años. Se trata de una mezcla explosiva.
La decisión trajo ya al mandatario tabasqueño su primera crisis seria con la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez, y la protesta pública de institutos y hospitales de alta especialidad, que el pasado fin de semana fue contenida momentáneamente aliviando su penuria económica cuando ya se anticipaban manifestaciones callejeras no solo de médicos, residentes y pasantes, sino de enfermos y sus familias.
Pero el nudo de la compra de medicamentos es una pesadilla en sí misma. El modelo actual incluye laboratorios, nacionales e internacionales, que venden sus productos a intermediarios, pues solo ellos pagan a corto plazo y pueden garantizar la distribución en miles de puntos del país. El gobierno federal emprende cada año una compra “consolidada” por cerca de 70 mil millones de pesos, lo que ocurrió al cierre de 2018, en la que intervino el equipo de transición lopezobradorista. La mayoría de los gobiernos estatales participan marginalmente de estas compras en conjunto, para dar margen a negocios privados. Dependencias como la Defensa y Pemex también se hacen los desentendidos.
El dúo Buenrostro-Urzúa ha convencido al Presidente de cancelar los contratos en marcha y lanzar una nueva compra consolidada de quizá 20 mil millones de pesos, en la que meterían en cintura a todo el gobierno federal y de los estados, pactarían precios directamente con productores y licitarán la distribución, con un enorme ahorro. Y que si no logran una negociación adecuada, adquirirán medicinas en India, China o Pakistán, donde sean más baratas.
El riesgo, sin duda gigantesco, es que se equivoquen, por ignorancia o porque sean vencidos por los intereses vigentes. Que contraten el reparto de medicinas sin los controles que evitan que éstas pierdan eficacia (por cambios de temperatura, por ejemplo). Que no puedan comprometer pagos oportunos, o que compren en el extranjero productos de baja calidad, no sometidos a regulaciones internacionales, o que estos proveedores fallen en el abasto.
El éxito de esta aventura gubernamental se mediría en dinero ahorrado al país y reducción de espacios de corrupción. Pero su fracaso se reflejará en nuevos brotes de inconformidad social, en el número de pacientes muertos o en brotes epidémicos, frente a los que se deberán comprar medicamentos de comprobada eficacia, bajo una urgencia que los hará los más caros del mundo.
APUNTES: La desastrosa administración de Francisco Vega de Lamadrid, en Baja California, apadrinado por el dirigente panista Santiago Creel, explica en buena medida que Acción Nacional se aliste a ser echado el próximo domingo de la gubernatura que conservó 30 años. La incompetencia y los negocios desde el poder público pesaron más que la necesidad de salvaguardar el primer estado que el PAN ganó en la historia.
rockroberto@gmail.com
