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En la poblada galería de la impunidad durante la administración Peña Nieto, el personaje estatal (en el federal forman otra legión) que gozó de mayor manto protector es sin duda el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La suave pena de cárcel y la ridícula multa que le fueron impuestas el 26 de septiembre pasado, gracias a la incompetencia de la Procuraduría General de la República, a cargo de Alberto Elías Beltrán, despertó enorme indignación por la certeza de que los principales crímenes del ex mandatario lo están protegiendo en una cadena de favores y complicidades.
Elías Beltrán, quien jamás podría haber sido procurador por carecer de los requisitos legales para ello, fue colocado en esa posición por pertenecer a una poderosa y controvertida facción encabezada por Humberto Castillejos, ex consejero jurídico presidencial y cuya influencia en Los Pinos no ha disminuido un gramo. De acuerdo con los reportes disponibles, fue ese equipo el que apresuró un perdón apenas disfrazado en favor de Duarte.
Un operador de ese clan, el subprocurador Felipe Muñoz, tuvo el asunto en sus manos durante nueve meses, lapso durante el cual le diluyó a Duarte el cargo de delincuencia organizada. Y frente a dos delitos que estaban ya demostrados, le propuso al acusado el pacto de declararse culpable a cambio de privilegios que prevé la ley para casos complejos de comprobar por parte de la autoridad. El viernes pasado Muñoz acusó de este desastre a funcionarios anteriores de la PGR y a los jueces, pero esos pactos solo pueden ocurrir a petición del Ministerio Público. No hay cómo evitar el calificativo de cinismo.
Pero no se trata de un hecho aislado. Hay otros episodios que han abonado por años esta historia de corrupción, acaso la más escandalosas del sexenio.
Hoy le comparto que en noviembre de 2015 una comisión de senadores del PRI, a los que coordinó Emilio Gamboa, hizo llegar a Los Pinos un proyecto de dictamen en el que se declaraba la desaparición de poderes en Veracruz ante la crisis institucional que vivía por crimen organizado, desapariciones forzadas, desvío de recursos federales y estatales, así como incapacidad de las instituciones locales de impartir justicia.
La propuesta fue ignorada y el asunto fue sepultado por órdenes superiores. Nada sucedió tampoco cuando se presentaron demandas de juicio político contra el mandatario estatal, como la interpuesta por el Partido Acción Nacional en febrero de 2016.
De acuerdo con testigos directos, en 2016 el presidente Enrique Peña Nieto obtuvo de primera mano un informe del entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, sobre el monto del dinero desviado por la gestión de Duarte. Nada ocurrió tampoco.
En ese mismo lapso —aseguraron fuentes confiables a este espacio—, líderes partidistas y parlamentarios ejercieron infructuosas presiones sobre Portal para defender a Duarte. Ello incluyó a César Camacho, entonces coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pero también a los diputados panistas Luis Maldonado y Eukid Castañón, que integraban la comisión cameral de enlace con la ASF. Su adhesión al intento de salvamento del mandatario priísta de Veracruz le fue atribuido a su jefe político, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.
Es probable que en ese contexto se haya dictado la orden de impedir la reelección de Portal al frente de la Auditoría y su relevo por alguien subordinado al poder: David Colmenares, quien desde marzo pasado en que asumió el cargo se ha dedicado a desmantelar la institución despidiendo a todos aquellos directivos que habían construido por años una sólida experiencia, pero también una mística de independencia.
Una faceta más del manto de impunidad en favor de Javier Duarte han sido las pobres investigaciones judiciales emprendidas durante la gestión del mandatario saliente veracruzano Miguel Ángel Yunes. A él se debieron, sin duda, las primeras revelaciones sobre la riqueza de Duarte, su esposa y muchos de sus colaboradores. Pero ya en el poder Yunes parece haber pactado con el gobierno federal para mirar hacia otro lado.
De nada valieron luego las imputaciones de la citada Auditoría Superior de la Federación en el sentido de que durante la gestión de Duarte pudieron haber sido desviados hasta 60 mil millones de pesos. Tampoco, los reportes sobre decenas de empresas fantasma que recibieron multimillonarios contratos en el gobierno duartista. O que su administración haya figurado en la gigantesca estafa que supuso la triangulación de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social durante las gestiones de Rosario Robles y José Antonio Meade, modelo que luego fue transferido hacia la Sedatu con la propia Robles Berlanga. Todo un trasiego que parece imprimir aroma electoral a cantidades enormes de dinero.
¿Nos enteraremos alguna vez por qué los mayores crímenes de Javier Duarte no lo condenan, sino que lo protegen?
rockroberto@gmail.com
