Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo Castillo se desempeñaban el 26 de febrero de 2013 como secretario de Gobernación y como subprocurador de la PGR. Ambos tuvieron a su cargo la confección del caso contra Elba Esther Gordillo, arrestada ese día y exonerada casi cinco y medio años después, en un escandaloso fracaso judicial para la administración Peña Nieto.
En los meses previos, Osorio sostuvo encuentros con la señora Gordillo en busca de forzarla a aceptar los términos de la llamada reforma educativa. Y mientras negociaba, Osorio pactó con dos líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz y Soralla Bañuelos, la traición a la dirigente a cambio de quedarse con el manejo del millonario sindicato, de acuerdo con testimonios confiables recogidos por este espacio.
Por su parte, Castillo Cervantes, primo hermano de Humberto Castillejos Cervantes, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia, desarrollaba una sorda pugna con su jefe, el procurador Jesús Murillo Karam, al que con apoyo de Los Pinos, ocultó tramos esenciales de la indagatoria. La tarde del arresto no fue Murillo sino Castillejos quien explicó ante la prensa la presunta trama financiera que respaldaba el encarcelamiento de la dirigente.
De acuerdo con versiones aportadas por actores ligados a esta historia, Osorio Chong condujo las negociaciones con la señora Gordillo gracias a la relación que ambos había nutrido durante los años previos, incluso antes de que asumiera la gubernatura de Hidalgo (2005-20011). Esa relación tuvo más beneficios para Osorio que para la lideresa magisterial.
Aurelio Nuño, entonces jefe de la oficina de la Presidencia, había hecho sus propios acercamientos para buscar un acuerdo, con resultados igualmente infructuosos. El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue dejado al margen debido a su larga confrontación con la señora Gordillo, desde que en 2003 colaboró en la defenestración de la dirigente como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados.
Los testimonios recogidos coinciden en que la lideresa Gordillo se opuso centralmente a que un profesor pudiera ser removido de su puesto en caso de no ser aprobado en las evaluaciones determinadas por la autoridad. El riesgo sobre la permanencia de los mentores (como se describe en la normatividad aprobada ese 2013), no las evaluaciones mismas, fue lo que desató lo que vendría después.
Castillo Cervantes y Murillo Karam habían iniciado con el pie izquierdo. Tras asumir sus puestos como subprocurador y procurador de la República, en diciembre previo, Murillo se sometió a una operación quirúrgica. En su ausencia, Castillejos había despedido a la mitad de los delegados del país, amagado con ceses a otros funcionarios y lucido una caravana de escoltas de policías y vehículos del Estado de México, donde se desempeñó como procurador. En junio de ese mismo 2013, Castillo fue destituido de la PGR.
La indagatoria contra Gordillo mostró cuarteaduras desde las semanas posteriores al publicitado arresto, en particular porque ella quedaba ubicada al centro de un esquema de dispendio que era conocido y avalado por los citados Juan Díaz y Soralla Bañuelos, el primero secretario general del SNTE y la segunda responsable de las finanzas del organismo.
De existir un delito, Díaz y Bañuelos debieron haber acompañado desde el primero momento a la lideresa en prisión. Pero nada de eso ocurrió. Ambos se opusieron por años a ser careados con ella.
Díaz y Bañuelos nunca fueron sometidos a proceso; incluso se les permitió seguir manejando las cuotas de los casi 1.6 millones de agremiados al SNTE y mantener negocios paralelos como el apoyo a compañías prestamistas con acceso privilegiado a los mentores.
Como es conocido, la vida política del país ha dado muchas vueltas desde entonces. Osorio y Nuño protagonizaron una estrategia de acoso y derribo en contra de Emilio Chuayffet, que cerró con ese amargo epílogo su trayectoria pública. Nuño se hizo titular de Educación en lo que sus colaboradores anunciaron como el surgimiento de un nuevo Torres Bodet, que nunca apareció.
Ni Osorio ni Nuño pudieron ser candidatos presidenciales. El primero coordinará una minúscula e inestable fracción parlamentaria en el Senado. El segundo, coordinador de la campaña presidencial del oficialismo, fue arrastrado por el derrumbe ante la alianza que encabezaron Morena y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador.
Desde prisión, la maestra Gordillo selló un pacto político con López Obrador, cuyo efecto pareció significarse en el hecho de que ella fue liberada el mismo día en que el tabasqueño recibió la constancia como presidente electo.
En el SNTE, Juan Díaz, que forzó los Estatutos para ser secretario general y a la vez presidente del gremio, se tambalea dramáticamente. Se prevé su salida antes del primero de diciembre. Con el tiempo no será mucho lo que quede de la reforma educativa.
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