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Siempre encuentra abierta la puerta de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a quien conoce desde que era un adolescente. Emprendió una controversia constitucional ante la Corte contra la Cámara de Diputados, lo que apenas disfraza la pugna real con Palacio Nacional. Pero Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), libra una batalla sin ejército, sin armamento, acaso apenas con un par de escuderos.
En la última semana de enero el INE decidió, con aval mayoritario del pleno, no entregar a la Secretaría de Hacienda más de 760 millones de pesos de impuestos retenidos a sus trabajadores. Con ello busca resarcirse de un recorte de 950 millones de pesos impuesto en el presupuesto federal.
Córdova Vianello ha declarado que el organismo hizo ahorros y propuso el gasto más austero desde 2015, con 11,300 millones de pesos para un año con escasa actividad electoral. Pero se echó a cuestas organizar los comicios extraordinarios de gobernador en Puebla, pues el órgano especializado local fue corrompido al extremo en el proceso regular.
Por algún motivo fácil de imaginar, no se discute la posibilidad de reducir las partidas a partidos políticos, que este año pueden alcanzar 5 mil millones de pesos. Ni Córdova ni el resto de los consejeros, que deben su cargo a pactos entre las diversas agrupaciones partidistas, han hecho un llamado para modificar los criterios en la materia, que los propios partidos tuvieron el cuidado de inscribir en la Constitución, con fórmulas precisas que velan por un despilfarro ya insostenible.
En la pasada elección presidencial el primero círculo de Córdova fue objeto de señalamientos de tener debilidad ideológica en favor del candidato del PAN, Ricardo Anaya. Ello pudo haber influido en su decisión de impulsar una acción contra el fideicomiso establecido por Morena y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador.
La empresa estuvo a cargo del consejero más allegado a Córdova, Ciro Murayama, cabeza de la comisión de fiscalización del INE. Ambos son autores de un libro sobre el “Pemexgate” y “Amigos de Fox”, referencias obligadas sobre maquinaciones electorales. Y la causa hubiera entrado a esa galería histórica de no ser porque el tribunal federal electoral la descartó por carecer de sustento.
A partir de ahí empezó un agudo aislamiento en torno a Córdova. Una mayoría notable de los otros 10 consejeros guarda el aroma de otro hogar. Primero fueron cercanos al PRI, bajo el liderazgo de Marco Antonio Baños, ahora se les ve haciendo espera en oficinas de personajes cercanos a Morena. Es el caso de Enrique Andrade, Adriana Favela, Benito Nacif o Dania Ravel. Así ocurre incluso con José Ruiz Saldaña, promovido originalmente por el PAN y al que se conoce como “el consejero desconocido” por sus largas ausencias. A Pamela San Martín se le identificó inicialmente con el PRD pero se le ubica en la misma deriva morenista.
A Lorenzo le quedan el citado Murayama y Jaime Rivera Velázquez. No parecen tener reductos en los cuales guarecerse ni aliados mayores. La batalla les resultará, muy probablemente, amarga.
Apuntes: Porfirio Muñoz Ledo se dispone a establecer el “Instituto Francisco Zarco” en la Cámara de Diputados, un símil del “Belisario Domínguez” del Senado. Le asignará una tarea que luce temeraria: comenzar a redactar un borrador de nueva Constitución, para el caso de que se concrete un proyecto que Andrés Manuel López Obrador vislumbra para la segunda mitad del sexenio. El presidente de la cámara baja se alista a reclutar a especialistas para poner manos a la obra de inmediato.
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