El reporte publicado este lunes por EL UNIVERSAL, bajo la firma de Diana Lastiri, sobre un presunto fraude consumado en las obras iniciales del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), manda una señal contundente de que la administración López Obrador ubica un entramado político y financiero atrás de la airada defensa de ese proyecto de infraestructura oficialmente cancelado.
De acuerdo con la información disponible hasta anoche en sectores sensibles del gobierno, los señalamientos contra Raúl González Apaolaza, ex director de Infraestructura del NAIM, alertan que “va en serio” la decisión de frenar a quienes presionan dentro y fuera del país a fin de presentar la cancelación del aeropuerto como el fin del mundo para la economía mexicana.
El ex funcionario imputado en los reportes publicados es considerado por el nuevo gobierno como un actor importante que contribuyó a desatar la efervescencia entre constructores e inversionistas del NAIM contra el anuncio de la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto convocada por López Obrador, y que concluyó en la cancelación del proyecto.
En octubre del año pasado, casi en la víspera de la referida consulta, González Apaolaza, cuya función debió ser básicamente técnica, de ingeniería, como corresponde a su perfil profesional, declaró que la obra podría concluirse “sin un centavo más” de fondos federales, y que los 88 mil millones de pesos que aún se necesitaban bien podrían provenir de inversiones foráneas.
González Apaolaza es originario de Hidalgo, se trata de un cuadro destacado en la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y fue director del Metro de la Ciudad de México en el gobierno de López Obrador. Luego regresó a su estado natal para ser secretario de Educación en la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, el antecesor de Miguel Ángel Osorio Chong, actual cabeza de ese grupo político. Núñez Soto tuvo a su cargo inicialmente la dirección del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, hasta que fue echado en septiembre de 2015 por fricciones con el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
En el diagnóstico gubernamental se concibe una especie de pirámide de intereses que se distribuyeron contratos, negocios irregulares, especulación de tierras, comisiones de contratistas internacionales y un largo listado con maniobras de menor importancia, entre las que figuran las que se imputan ahora a González Apaolaza y un grupo de colaboradores con los que formó una red de control que las autoridades federales están tratando de desmontar desde hace semanas.
Si bien la Auditoría Superior de la Federación generó las primeras alertas sobre irregularidades en el NAIM, el primer reporte formal del caso fue elaborado, se aseguró a este espacio, por el Cisen, el órgano de inteligencia del Estado mexicano, en momentos en que lo encabezaba Alberto Bazbaz, un elemento relevante en el equipo político del Estado de México que rodeó al ex presidente Peña Nieto.
Este grupo mantuvo durante todo la pasada administración un tenso trato con el clan de los hidalguenses, lo que derivó en abierta confrontación a partir de enero de 2018 cuando Osorio Chong salió de Gobernación y fue relevado por el mexiquense Alfonso Navarrete Prida.
Formalmente, el nuevo titular de Gobernación era jefe de Bazbaz, pero éste en realidad reportaba directamente a Los Pinos y mantenía una estrecha interacción con el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y con el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, ex subordinado de Bazbaz cuando éste despachaba en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Un trío que fue bautizado en los pasillos del poder como Los Betos.
Este reporte inicial sobre González Apaolaza y sus presuntos negocios al amparo del proyecto del NAIM fue retomado por la nueva área de inteligencia de la administración actual, que está encuadrada en la Secretaría de Seguridad Pública y se halla a cargo del general Audomaro Martínez.
La información disponible indica que el propio Martínez Zepeda ha recibido la encomienda de profundizar en varias líneas que ligan a protagonistas de las obras del NAIM. Algo similar está desarrollando sobre costosos proyectos emprendidos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige actualmente Manuel Bartlett.
Es previsible que en los próximos días haya más revelaciones en torno al NAIM, y que en reacción, surjan pronunciamientos de personalidades concretas o de agrupaciones empresariales. De acuerdo con las fuentes consultas en el gobierno “los bloques interesados en la obra del aeropuerto nunca han mostrado empacho en manifestarse abiertamente; asumimos que lo harán nuevamente”.
Lo que surja de este nuevo de vencidas entre el equipo de López Obrador por un lado, y de políticos y grandes capitales por el otro, permitirá avistar el nivel de jaloneos que seguiremos presenciando.