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Pocos sectores, como el de la salud pública, se ha topado el gobierno de López Obrador que exhiban rezagos tan graves, negocios ilegítimos tan enquistados e historias tan numerosas de saqueos por parte de gobernantes, empresarios y funcionarios. Por ello gesta un manotazo en la mesa. Pero un diagnóstico apresurado parece estar atrayendo el riesgo de recetar un remedio que no alivie sino agrave la enfermedad.
Se trata de una batalla hasta ahora soterrada entre mafias de la salud y autoridades. En esta guerra, las víctimas son la gente enferma: Población con males crónicos; pacientes que entran con vida a los hospitales y salen sin ella por falta de medicamentos de calidad o de médicos mejor capacitados; gente que muere en espera de un diagnóstico, de la medicina correcta o de espacio en los quirófanos.
Los frentes de esta confrontación son múltiples y singulares:
1.- La Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa, reveló que cinco empresas distribuidoras de medicinas, equipos y materiales médicos conforman un oligopolio que domina 70% de un mercado que en 2018 supuso 50 mil millones de pesos por compras gubernamentales. Una sola de ellas, el Grupo Fármacos Especializados, de los hermanos Pérez Fayad, concentra 30% de ese monto. El problema es que toda ella es información harto conocida; que eso ha ocurrido durante décadas, y que colaboradores del secretario Urzúa supervisaron este tipo de compras desde el periodo de transición y aun en los primeros meses del actual gobierno.
Han surgido indicios de que la administración de López Obrador creará una red nacional de distribución de medicinas, incluso con apoyo del Ejército, la cual compraría directamente a los fabricantes y eliminaría a un intermediario que especula con la salud. La autoridad pretende ganar tiempo con el periodo de asignaciones directas anunciado el día 13. Todo ello supondría una apuesta tan colosal como riesgosa, por la complejidad técnica y financiera de esta industria, según expertos consultados por este espacio.
El peor escenario sería que todo este jaloneo busque simplemente presionar a estos gigantes para cambiar las reglas del juego, los nombres de los invitados al negocio y, en el mejor de los casos, mejorar en alguna medida los precios. En forma gatopardista, todo sería diferente para que nada cambiara.
El sector de distribuidores, agrupado en la ANDIS, usualmente con un perfil tan arrogante que amenaza a gobiernos estatales por falta de pago, alistaba la semana pasada un cambio para desplazar a los halcones y encumbrar a negociadores como Jesús Arenas, de la compañía Maypo.
2.- La propia Secretaría de Hacienda aplicó ajustes radicales por cerca de 3,000 millones de pesos al sector federal de salud en su presupuesto 2019, lo que atrajo despidos de cerca de 9,000 médicos y otros profesionales de la salud, incluso en institutos y hospitales de alta especialidad. Ello suspendió programas de atención clave, lo que podría haber influido en que se triplicaran este invierno las muertes por influenza. Cerca de 4,000 contrataciones para plazas vacantes fueron “congeladas” por órdenes atribuidas a la llamada oficial mayor de acero de Hacienda, Raquel Buenrostro. Las contrataciones en el sector por parte de gobiernos estatales también serán supervisadas, según se informó a los secretarios del ramo durante una reunión en la Ciudad de México.
3.- En el Congreso federal, legisladores de alto nivel, pertenecientes a Morena, se hallan alarmados por los rezagos en el sector, que se agudizarán con los recortes. Entre ellos se cuentan el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dirige la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, y Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Este último logró en días recientes un ciclo de claridosas comparecencias de los principales funcionarios del sector: el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el director general del IMSS, Germán Martínez, y el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez. Navarro y Ramírez Cuéllar están estudiando posibles ajustes fiscales y presupuestales, apoyados en experiencias internacionales, para canalizar mayores fondos al sector salud.
4.- La ampliación de protecciones a patentes médicas que estableció el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, atrajo un nivel de incertidumbre tal que empaña el proceso de aprobación del nuevo tratado comercial entre las tres naciones.
5.- La convulsión sindical que parece extenderse en el país empieza a tocar las puertas de los gremios de médicos y de personal del sector salud en diversas instituciones. Nuevos sindicatos a los que se ha otorgado registro oficial quitan ya el sueño a dirigentes en instituciones como el IMSS, donde hay una hegemonía interna que ha alejado de las calles a sus más de 400 mil integrantes. Esas organizaciones son también actores centrales, particularmente en el ISSSTE, de gigantescos pasivos laborales por pensiones.
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