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Calificados como habitantes de la marginalidad política, grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le impusieron tres ruidosas derrotas dentro de su primera semana en el cargo. La revisión de estos casos hace dudar sobre la capacidad de reacción del nuevo equipo en el poder.
La “cocina” de estas historias fueron los pasillos del Senado, donde Morena tiene un peso aplastante bajo la conducción de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, y de Martí Batres, presidente de la cámara. Ninguno de ellos fue capaz (si es que lo intentó) de desactivar la operación que montaron PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y algunos integrantes del PT y el Verde, que han caminado del lado de la causa morenista.
La falta de operación política quedó exhibida también en la Secretaría de Gobernación, donde la titular, Olga Sánchez Cordero, ha depositado su confianza en el subsecretario Zoé Robledo. La debilidad de destrezas, la escasez de orden en el gobierno de López Obrador, y quizá la concentración absoluta de decisiones en el propio Presidente, abrieron la puerta a un polo opositor que ya incluye a partidos, a integrantes del Poder Judicial de la Federación y en el futuro convocará a otras voluntades.
En el muy breve lapso de cuatro días, partidos opositores en el Senado lograron reunir la firma de la tercera parte de los legisladores para interponer una controversia sobre la ley que establece remuneraciones a servidores públicos, ajustada apenas en septiembre pasado. En menos de 76 horas, ese recurso fue acogido por la Corte, que amarró las manos a la administración federal, que no podrá aplicar recortes draconianos que había ofrecido, en especial sobre remuneraciones de ministros y magistrados.
Apenas el sábado pasado, cuando se cumplía una semana de la toma de posesión de López Obrador, el Tribunal Federal Electoral desechó un proyecto de sentencia que invalidaba las elecciones de gobernador en Puebla, y en cambio ratificó el triunfo de la candidata del PAN, Martha Érika Alonso.
El gran beneficiario del periodo parece ser Rafael Moreno Valle, ex mandatario poblano. Su esposa será gobernadora y él retomará control sobre activos políticos y económicos que de ello se derivan. Se coloca como el rostro más visible de estos tres reveses al gobierno. Una virtual resurrección para este político que en 2017 fracasó en la búsqueda de la candidatura presidencial por la coalición PAN-PRD-MC; que apuradamente alcanzó a ser senador y que obtuvo de rebote la coordinación de su partido en la cámara alta, dentro de la misma negociación que llevó a Marko Cortés a la presidencia de Acción Nacional.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que preside Janine Otálora, sus integrantes fueron sometidos a una intensa presión de todos los actores involucrados, lo que incluyó por un lado, al citado Moreno Valle y a un poderoso despacho de cabildeo y litigio que coordina el ex magistrado electoral Fernando Ojesto. En este flanco, se asegura, que también se ubicaron actores cercanos a la Corte, que encabeza Luis María Aguilar, quienes tomaron el tema Puebla como una trinchera para su confrontación con el gobierno.
Desde la acera de enfrente se empeñaron en ejercer influencia el círculo cercano al ex candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa, sus abogados y actores del nuevo gobierno que buscaron cubrir el vacío que habían dejado las áreas tradicionales, en particular Gobernación.
En los días previos fue difundido el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado José Luis Vargas, que aquí mismo se dijo podría ser objetado por el citado Barbosa ante aparentes conflictos de interés. Vargas aseguró a las partes que actuaría con rigor e independencia, lo que frenó los reclamos. Tanto su proyecto de sentencia como la intensa distribución de la misma causaron el efecto de un terremoto.
Se anticipaba que los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata —a los que se atribuye cercanía con el PAN— rechazarían la anulación, mientras que Mónica Soto y Felipe Fuentes, de perfil oficialista (antes con el PRI, ahora con Morena), estarían a favor. La duda radicaba en Indalfer Infante, impulsado para ser magistrado por el propio Barbosa en sus tiempos de senador, pero cuyo apoyo real se halla en la Corte.
El grupo de Barbosa anticipaba un triunfo hasta el viernes en la noche, incluso 4-3, con los votos de Infante y Otálora en favor de la anulación. Pero en las primeras horas del sábado las luces rojas se prendieron en los cuarteles del gobierno y de Morena. Infante estaba acusando influencia desde la Corte. Y la sorpresa final fue la magistrada Otálora, que por la tarde desconectó su teléfono y horas después inclinó en forma definitiva la balanza para ayudar a consumar la humillación sobre el gobierno de López Obrador.
