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Pese a que formalmente podría ser reelecto por el Senado, todo indica que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, vivirá bajo acoso el lapso que lo separa del próximo noviembre, cuando concluya su gestión frente al organismo dotado de autonomía constitucional.
La materia relevante en esta historia no es el destino de un funcionario, por más que tenga adecuadas credenciales profesionales. El debate real radica en el destino que tendrá un organismo que ha sido una caja de resonancia contra atropellos. Ello incluye señalamientos de violaciones serias protagonizadas por fuerzas militares contra la población. Una tarea que puede convertirse vital entre nosotros frente al advenimiento de una nueva ola de predominio absoluto del Ejército y la Marina en materia de seguridad pública en el país.
La entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional representará en los hechos una nueva arma o cuerpo militar, integrado por una mezcla de soldados y marinos con poca instrucción en múltiples campos, especialmente en lo que toca al respeto de las garantías establecidas para velar por los derechos ciudadanos. En ese contexto, los episodios de mayores abusos, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pueden representar un recuerdo del futuro. Y una CNDH debilitada supondría un enorme riesgo para la vigencia de condiciones elementales de respeto a la vida ciudadana.
Esto se agravará si se consideran las señales de que mandos militares empezarán a colocar a sus recomendados al frente de las secretarías de Seguridad Pública en los estados, sin duda un buen espacio para el retiro de mandos cercanos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Ello está por comenzar con el caso de Morelos, cuyo gobierno solicitó ya el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, nombrar al mando respectivo en la persona de un militar jubilado. Esto no se ha formalizado porque siempre es un predicamento localizar al gobernador Cuauhtémoc Blanco, que acostumbra delegar tareas en su jefe de oficina, el español José Manuel Sanz.
Todo esto es lo que está en juego en el debate que hasta ahora ha implicado al presidente de la CNDH, a funcionarios del gobierno de López Obrador y desde hace unos días, a la Corte, en cuyas manos está ya la suerte de una resolución sustantiva que encerrará un poderoso mensaje para múltiples actores, como lo demuestra la carta que empezó a circular ayer, firmada por intelectuales y activistas de los derechos humanos, haciendo un llamado para que el país en su conjunto defienda la fortaleza de la CNDH y su autonomía frente al gobierno.
La ministra Yasmín Esquivel deberá proponer a sus compañeros un proyecto de sentencia relativo a la validez jurídica de la cancelación de fondos, dictada por la administración de López Obrador, contra las estancias infantiles en todo el país. Un acto impugnado por jueces de Chihuahua, que pretenden anularlo. Y un ámbito que dio origen a la recomendación de la CNDH que atrajo una estentórea descalificación por parte de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores.
Lo que la Corte resuelva gravitará en forma relevante sobre la polémica en la que están inscritos tantos asuntos clave.
APUNTES: Los múltiples indicios de que los sobornos galoparon entre las bancadas del Congreso de Baja California serán el telón de fondo para cuando el tema llegue la Corte en forma de una controversia constitucional. Aun antes de comenzar su gestión, el controvertido empresario Jaime Bonilla, ganador de una gubernatura por dos años, decidió superar al personaje de ficción de la novela-película “La ley de Herodes”, cuyo protagonista (el estrafalario alcalde de una remota comunidad) hace modificar la Constitución, por sí y para sí. La realidad supera la ficción.
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