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Al iniciar su gestión, hace casi ocho meses, el gobierno de López Obrador encontró que durante la administración Peña Nieto virtualmente fue desmantelada la estrategia para el decomiso de armas ilegales, al grado de representar menos del 30% de los arsenales incautados por su antecesor, Felipe Calderón.
Mientras en el pasado sexenio se alcanzó el máximo nivel histórico de muertes violentas, con más de 30 mil en 2017, las cifras de decomisos efectuados por operativos militares y civiles entre 2013 y 2018 apenas llegó a 35,371 armas, contra 126,847 aseguradas entre 2007 y 2012, de acuerdo con cifras dadas a conocer recientemente por la cancillería mexicana, que encabeza Marcelo Ebrard.
El negocio de la venta ilegal de armas a México supone una historia de cinismo e impunidad en el lado mexicano, con policías y militares mirando hacia otro lado cuando cargamentos cruzan la frontera. Abundan reportes de jefes policiacos o militares, en activo o retirados, que proveen arsenales a cárteles o sicarios.
Pero la gran hipocresía la protagoniza el gobierno Trump, pues critica el auge de la violencia en México, pero no se hace cargo de que casi 70% de los asesinatos ocurridos aquí emplean armas (en su mayoría largas, más letales) compradas en territorio estadounidense por proveedores claramente identificados en Texas, California o Arizona, y luego traficadas para ser usadas en nuestro país.
Estados Unidos es una gigantesca fábrica de armas, donde se estima hay 300 millones, de todo tipo. En México no existe una sola tienda legal de armas, mientras en la Unión Americana están registradas 6,700, en su mayoría en la frontera con nuestro país. De manera ilegal, recibimos 19% de las armas que vende al mundo la nación vecina.
Funcionarios del gobierno norteamericano consultados para la elaboración de esta columna aseguraron que una parte importante de las armas que llegan a México lo hacen por otros canales, incluso desde Centroamérica. Pero ello no está avalado por ningún reporte serio. En contraste, se sabe que armas de Estados Unidos también inundan Honduras, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía General de la República (FGR), entre diciembre de 2018 y junio de 2019, ya con el actual gobierno, fueron decomisadas 3,254 armas, todas de fabricación estadounidense. Si no cobra mayor vigor en el segundo semestre de este año, la cifra anual de aseguramientos se ubicará en cerca de 7 mil, similar al mediocre promedio durante la gestión Peña Nieto, muy lejos de las 32,499 incautadas en 2011.
El gobierno AMLO está ejerciendo presión sobre el tráfico de armas, lo que está cambiando la configuración del negocio. Este usaba incluso canales formales y tenía aduanas “favoritas”, como las de Sonoyta y Nogales, Sonora, y en menor medida, Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde las armas llegaban en compartimentos de camiones de carga, pasajeros y vehículos particulares. El ingreso de armas por la frontera tenía importantes puntos de entrada desde los estados vecinos de California y Sonora, pero ahora se concentra casi absolutamente por Texas y, en menor medida, por Nuevo México.
El mapa de los decomisos de armamento permite conocer que los cinco estados donde más se compran y utilizan estos arsenales son Tamaulipas, en el actual gobierno han sido decomisadas 41,044 armas; Michoacán (33,140), Sinaloa (22,879); Guerrero (12,759) y Chihuahua (10,948). Como ocurre con las drogas, el trasiego de armas provoca mercados locales. Por ello, según la Sedena y la FGR, Tamaulipas es el estado con más armas en manos de los ciudadanos, 481 por cada 100 mil habitantes.
APUNTES: Esta columna observará un receso, para reincorporarse el 13 de agosto.
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