La oportuna entrevista obtenida por EL UNIVERSAL (https://bit.ly/2HS069Z) con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, publicada el pasado día 3 bajo la firma de Diana Lastiri y Carlos Benavides, arroja luces sobre una cada vez más ruidosa batalla por el control del Poder Judicial de la Federación, la Corte y el Consejo de la Judicatura incluidos, con su ministro presidente como eje de esta historia.
Sin duda el posicionamiento más relevante de Zaldívar fue aceptar que el crimen organizado logró penetrar al Poder Judicial de la Federación, subrayando el caso del circuito Jalisco, donde un magistrado ha sido destituido y sus cuentas congeladas, como se anticipó en este mismo espacio (https://bit.ly/2Wq0fWf). Eludió revelar que la podredumbre también afecta a los circuitos de Sinaloa, Baja California y Nuevo León, entre otros, donde hay “cárteles” judiciales protectores de narcotraficantes, operadores de vehículos importados ilegalmente o propietarios de casinos.
Corrupción, resistencias internas y desorden administrativo fueron algunos de los pesados señalamientos dejados caer por Zaldívar. Sin embargo, él enfrenta a su vez en el sistema judicial señalamientos de concentración de poder, arrogancia, simulación de austeridad y una excesiva cercanía con el gobierno López Obrador.
De lo que no cabe duda ya es que existe temor sobre la seguridad del ministro presidente, cuya protección con carros blindados y escoltas ha sido ampliada, lo que incluye a integrantes de su círculo personal.
El balance obliga a perfilar una disputa por nuestro sistema judicial federal. La presente entrega aborda solo algunos claroscuros sobre lo que ocurre hoy. Le ofrezco retomar el tema pronto.
Una pequeña flotilla de automóviles nuevos Toyota Prius, flamantes ellos, híbridos para ahorrarse temas de tenencia y hoy no circula, llamó la atención durante varios días en los estacionamientos privados de la Suprema Corte. Su valor individual oscila entre 389,000 y 450,000 pesos. Sus nuevos propietarios son los 10 coordinadores de ponencia de los señores ministros, que encabeza Zaldívar Lelo de Larrea.
Esos 10 funcionarios públicos (por su función, el ministro presidente no dispone de un colaborador con ese rango) tienen ingresos por 120 mil pesos mensuales, un monto superior a lo que devenga el presidente López Obrador, lo que contraviene disposiciones de ley. Igualmente desvirtúa el espíritu de austeridad ofrecido por los integrantes del pleno cuando se redujeron su sueldo en enero pasado, el primero acto simbólico de la nueva presidencia.
Salarios más altos que el presidencial son devengados también por un muy amplio número de juzgadores federales, jueces y magistrados. Muchos de ellos están gestionando protección de ley para que sus ingresos no sufran mermas. Una de las tareas iniciales del ministro Zaldívar fue reunirse con ellos para pedirles se desistieran de sus reclamos de amparo. Varios atendieron el llamado; otros muchos lo ignoraron, no solo por estar en su derecho sino por una resistencia frente al presidente mismo de la Corte que no he hecho sino crecer con el paso de los meses.
En el ámbito de sus compañeros de pleno, Zaldívar está viendo avanzar la consolidación de dos bloques: uno que le es afín, otro que parece dispuesto a combatirlo en sus políticas y en las decisiones mismas jurisdiccionales, con la poderosa herramienta del voto.
Fuentes consultadas aseguraron a este espacio que el polo opositor está formado por Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y el expresidente Luis María Aguilar. En contraparte, el grupo de respaldo a Zaldívar lo forman tres ministros cuyo nombramiento fue impulsado por Morena y dos más antiguos, a saber: José Luis Alcántara, Yasmín Esquivel, Norma Lucía Piña, Eduardo Medina Mora y José Fernando Franco González.
Es curioso que recientes señalamientos periodísticos hayan estado dirigidos a un miembro de cada una de estas facciones en formación: sobre Medina Mora, por movimientos bancarios sospechosos, y Pérez Dayán por presumiblemente aceptar una invitación del despacho Baker McKenzie para acudir a la final de la Champion League en Madrid.
Lo que parece haber generado ya carta de naturalización es la manera en que ministros disfrutan del roce social con barones del dinero y la política, como se demostró el 20 de mayo al revelarse la presencia de tres de ellos en la boda de la hija de Juan Collado, uno de los abogados más influyentes del país, que suele llevar sus asuntos hasta el seno mismo de la Corte. Pero el récord parece conservarlo la boda de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico del entonces presidente Enrique Peña Nieto, en octubre de 2017. Acudieron ocho ministros.
rockroberto@gmail.com