Semanas antes de que a finales de octubre fuera celebrada la llamada consulta popular sobre el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hasta las oficinas del presidente electo llegó una carta del magnate mexicano Carlos Slim que pudo haber cambiado esta historia y, quizá, la percepción pública sobre el entrante gobierno.
Seguramente para que no hubiera duda sobre la implicación personal del ingeniero Slim, la carta fue elaborada de puño y letra por el empresario, que figura entre los principales constructores que participaron en las primeras etapas de la terminal aérea en la zona de Texcoco, por conducto de una filial del grupo Carso, “Operadora CICSA”, que tuvo contratos cuyo monto global supera los 13 mil millones de pesos.
Según ha podido ser confirmado por este espacio, en la referida carta Slim solicita recibir la concesión del futuro aeropuerto y pide también administrar la terminal de Toluca como parte de un solo complejo aeronáutico. Ofrece a cambio al futuro gobierno, sin costo alguno, la tercera parte de lo que sería el consorcio único responsable del desarrollo de la obra, que hasta antes de ser cancelada tenía un costo estimado superior a los 13,300 millones de dólares, algo así como 250 mil millones de pesos, a la paridad actual.
Existen versiones contradictorias sobre la motivación de la carta de Slim. Unas fuentes consultadas aseguran que se trató de una iniciativa personal de Slim, mientras otras sostienen que ello fue respuesta a una consulta directa de López Obrador sobre si el dueño de Telcel y América Móvil estaría interesado en hacerse cargo del proyecto.
Según se pudo saber, el rechazo del equipo López Obrador a la propuesta de Slim respondió a un triple razonamiento:
En primer lugar, el cálculo del costo político que supondría otorgar a Slim Helú una concesión de estas dimensiones, sólo comparable, se le dijo a López Obrador, con la venta de Telmex al propio Slim durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
En segundo término, la convicción en el equipo del próximo gobierno de que este proyecto encerró un enorme caso de corrupción, lo que habría incluido presuntas comisiones “adelantadas” a funcionarios del gobierno de Peña Nieto, en particular en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Gerardo Ruiz Esparza. A ello se añade la aparente compra masiva de terrenos aledaños a donde se ubicaría la nueva terminal, por parte de empresarios y prestanombres cercanos a la actual administración.
En tercer sitio, pero no necesariamente al final, figuró un notable malestar con el sector empresarial, pues a decir del equipo entrante, el sector privado nunca tuvo la madurez de discutir con seriedad las políticas públicas implicadas en este proyecto y los retos del país en este campo. En cada ocasión en que se solicitó un encuentro con el próximo gobierno para revisar el tema, se dijo, los que acudieron fueron representantes de las corporaciones participantes en las obras.
Antes, durante y después de las discusiones formales sobre este tema, se ilustró, quienes se sentaron a la mesa con el equipo de López Obrador fueron empresarios con un conflicto de interés previo, como el propio Slim; Hipólito Gerard Rivero, de Constructora y Edificadora GIA-A, que a decir de las fuentes consultadas, está ligado con el ex presidente Salinas de Gortari; Grupo ICA, con nexos con Televisa, se dijo; o Prodemex, de la familia Vázquez Raña.
Estos mismos personajes, se añadió, figuraron en las reuniones posteriores al anuncio de la cancelación del proyecto en Texcoco a raíz de la consulta desarrollada. La excepción notable fue la ausencia de Carlos Slim, sobre el que se informó que había viajado a Europa, y que envió en su representación a un funcionario de rango medio dentro de la corporación que encabeza.
Se trata de una pieza más en el rompecabezas que integra la compleja historia del malogrado nuevo aeropuerto capitalino en la zona de Texcoco.
APUNTES: Empresas calificadoras y la administración saliente de Pemex, que conduce Carlos Treviño Medina, difunden la versión de que la cancelación del aeropuerto de Texcoco será un juego de niños en términos de inversión privada, especialmente extranjera, si se le compara con la tensión que desatará el que se confirme la decisión del nuevo gobierno de construir varias nuevas refinerías, inicialmente en Tabasco y Campeche, entidades que encaran una quiebra por la caída de los precios de petróleo. Estas voces se inclinan a sostener que sería mucho más rentable dedicar fondos públicos a buscar una mayor exploración y producción de crudo y a modernizar las refinerías existentes.
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