En septiembre de 2017, hace ya 20 meses, se reveló la existencia de un fraude masivo con fondos federales de las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu, por al menos 7 mil millones de pesos, apoyado en 120 empresas fantasma. La titular de esas dependencias fue en ambos casos Rosario Robles, y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, por no mencionar a una cauda de personajes que los siguieron, todos ligados al manejo de dineros públicos.
Las pruebas del gigantesco desfalco, basadas en reportes de la Auditoría Superior de la Federación, fueron presentadas por el portal “Animal Político” y bautizadas como “La estafa maestra”. Pese a lo burdo de la maniobra, la administración Peña Nieto tendió un manto protector sobre esta denuncia, en beneficio de los mencionados Robles, Zebadúa y su equipo clave.
Entre los enigmas de esta historia destaca la participación de una cofradía de personajes que controló áreas sensibles del gobierno, construida en torno a Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico presidencial y uno de los hombres más poderosos en el primer círculo de Peña Nieto.
Castillejos, primo del ex procurador Raúl Cervantes y de Alfredo Castillo – “apagafuegos” en varias misiones, todas fracasadas-, sigue conservando enorme influencia en los tiempos de la Cuarta Transformación, a juzgar por su capacidad para imponer allegados en múltiples ámbitos, lo mismo en la Fiscalía General que en la Corte, por mencionar sólo dos.
Entre estos subordinados de Castillejos, uno de los más desconcertantes es Felipe Muñoz Vázquez, dueño de un negro historial durante más de una década pero que, sin embargo, repitió en el presente gobierno como titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales, el brazo derecho del fiscal Alejandro Gertz Manero para develar casos de corrupción entre funcionarios del pasado reciente…al cual él sirvió.
Es un secreto a voces, incluso fuera de México, que Muñoz Vázquez (acusado de tortura cuando fue procurador de Aguascalientes, cesado del mismo cargo en Colima, siempre alfil priísta) representa un extrañísimo entendimiento en la transición del poder entre la anterior administración y la que este fin de semana cumplió seis meses en funciones. Ello explica que la iniciativa de muchas denuncias no esté proviniendo del despacho del fiscal Gertz sino de la oficina de Santiago Nieto, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Hoy se sabe que en el caso de “La Estafa Maestra”, el pasado gobierno comenzó a tejer un entramado para garantizar impunidad a Robles, Zebadúa, sus cómplices y beneficiarios, entre los que figurarían múltiples candidatos del PRI para gobernadores y legisladores federales, lo que podría incluir la campaña presidencial priísta de 2018.
En las últimas horas del sexenio Peña Nieto, funcionarios de Sedatu que denunciaron falsificación de sus firmas para establecer contratos irregulares, acabaron siendo acusados de la propia “Estafa”. Entre ellos destaca el ex subsecretario Enrique González Tiburcio, que ahora resulta ser el de más alto rango enfrentando acusaciones. Se trata de un servidor público que en las últimas semanas ha sido defendido abiertamente por voces tan limpias como la de Jacqueline Peschard, ex presidenta del Consejo Ciudadano Anticorrupción.
Es necesario desmantelar este entramado que no toca a ninguno de los principales señalados por la “Estafa” y busca encarcelar, en cambio, a posibles inocentes. Este espacio regresará sobre el tema. Pero urge dilucidar los motivos ocultos para encargar al citado Muñoz Vázquez investigar delitos cuando es obvio que exhibe tantos incentivos para solaparlos.
Apuntes: El gobierno López Obrador incluyó mi nombre en la lista de columnistas propietarios de portales digitales de noticias, que comercializan publicidad, como es mi caso desde 2008, lo que incluye a “La Silla Rota” (LSR), fundado en 2010. Ese listado refiere que, entre 2012 y 2018, la administración Peña Nieto contrató anuncios en LSR por un promedio anual de 2.6 millones de pesos. De la lista difundida, que suma mil millones de pesos, LSR captó el 1.5%. Ello representó 15% de la facturación en el mismo periodo de LSR, que desde su nacimiento logró diversificar sus fuentes de ingresos para evitar presiones políticas. LSR hizo pública la relación de facturas generadas en este caso. Asimismo, autorizó a la Secretaría de Hacienda a difundir sus reportes fiscales, al corriente, incluida la nómina de sus más de 50 trabajadores. El suscrito no cobra salario alguno en LSR. Tengo la certeza de que los voceros de Palacio Nacional buscan desacreditar a voces críticas, parte esencial en un democracia. Pero bienvenida la transparencia sobre la publicidad oficial, que con Peña Nieto representó 60 mil millones de pesos. ¿Qué tal si ahora nos informan a todos, por ejemplo, cuánto recibieron las grandes televisoras, cuyos altos directivos forman parte del consejo asesor presidencial?
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