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Un magistrado federal atrajo la atención de autoridades mexicanas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y evidencias de lavado de dinero. Le congelaron cuentas bancarias y le detectaron operaciones inmobiliarias por decenas de millones de pesos. Este magistrado se llama Isidro Avelar Gutiérrez. Encabezó el séptimo Tribunal de Circuito con sede en Guadalajara, donde emitió sentencias favorables al narcotraficante más buscado y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Onésimo Oceguera Cervantes, “El Mencho”, lo que incluyó la exoneración de su hijo, Rubén Oceguera González, “El Menchito”. También están documentadas reuniones suyas con parientes del mafioso, uno de los más peligrosos del mundo.
En marzo pasado, ya bajo la gestión del actual presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Avelar recibió un correctivo. No se le destituyó ni se le encarceló; no fue exhibida su presunta riqueza ni los vínculos que se le atribuyen. NI siquiera se le identificó. Sólo fue reubicado; se le asignó el 21 juzgado de circuito con sede en Chilpancingo, Guerrero, otra región famosa por la corrupción de sus juzgadores. Él se inconformó, y cuando fue alcanzado por el congelamiento de sus cuentas, había logrado que el ministro José Fernando Franco aceptara estudiar si se estaba cometiendo una injusticia con él y debía ser reintegrado a su adscripción anterior.
En ese contexto, el 24 de abril el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, difundió que, por presuntos actos de corrupción, se hallan bloqueadas cuentas por 34 mil millones de pesos y 37 millones de dólares, “entre ellos las de una persona que se desempeñaba como magistrado federal”. En algún momento de esta historia, Avelar fue suspendido de sus funciones. Hasta ahora sólo ha sido identificado en investigaciones periodísticas.
La Fiscalía General, que encabeza Alejandro Gertz, cuenta ya con pruebas de que una legión de otros magistrados y jueces federales están desde hace meses vendiendo en forma apresurada los que suman ya decenas de inmuebles, automóviles de lujo y otras propiedades cuyo valor no parecen corresponder con su sueldo. En semanas recientes, el líder senatorial por Morena, Ricardo Monreal, envió una carta a Zaldívar aludiendo a 10 magistrados y jueces federales que acumulan señalamientos de corrupción. Esta montaña de evidencias de un proceso de descomposición en el Poder Judicial de la Federación debió haber sido suficiente para sacudir a este órgano del Estado, cuya autoridad moral es clave para garantizar el equilibrio legal y político en la República. Pero no ocurrió así. Apenas el viernes pasado el ministro Zaldívar declaró que sí existe corrupción, pero “no es generalizada” , “se está combatiendo” y, dijo, hay ya dos magistrados y un juez destituidos, a los que tampoco identificó. Pudo decir muchos más el presidente de la Corte. Pero decidió no hacerlo.
Omitió mencionar que hay circuitos completos de tribunales y juzgados federales a cuyo frente se hallan funcionarios del Poder Judicial identificados al servicio de negocios ilícitos. Los “cárteles” de juzgadores abarcan todos los estados fronterizos, desde Baja California hasta Nuevo León, donde hay jueces a los que se considera bajo sueldo de traficantes de automóviles traídos desde Estados Unidos, o de propietarios de casinos. Es el mismo caso de los juzgadores federales en Jalisco, Michoacán y Guerrero, a los que se les ha ubicado en encuentros pretendidamente privados con jefes de mafias criminales, sus abogados o familiares. De acuerdo con reportes disponibles, durante la gestión de Juan Silva Meza como ministro presidente (2011-2014), un número importante de jueces de esos circuitos fueron reubicados en otras regiones del país, pero el proceso se revirtió con su sucesor, Luis María Aguilar (2015-2018).
Zaldívar pudo haber revelado que la protección a estos jueces ha provenido en múltiples ocasiones de integrantes del Consejo de la Judicatura —que también preside—, en particular aquellos designados por el Poder Ejecutivo, que en reiteradas ocasiones cabildearon con sus pares para imponerle votaciones a Aguilar Morales.
Como únicamente ocurre cada cinco años, ha iniciado el proceso para renovar la conformación de la Judicatura, donde por años se han tejido estas complicidades, una de las cuales consiste en nombramientos cruzados de parientes y recomendados de los juzgadores federales, lo que ha convertido al Poder Judicial en un símbolo de nepotismo e intercambio de favores. El ministro Zaldívar debe igualmente al país un balance inicial de su compromiso para construir un órgano del Estado con menos corrupción, más austero y sin conflictos de interés políticos. Desafortunadamente, no hay buenas noticias en esos temas, sobre los que esta columna regresará pronto.
