Con una agenda repleta de temas clave para el país, la llamada Cámara Alta del Congreso chapotea en un pantano de mediocridad y contradicciones. Una crisis evidente en sus principales bancadas alarma ya a sectores políticos y de la sociedad civil, convencidos de que las leyes pendientes son demasiado importantes como para dejarlas en manos de los legisladores que tenemos a la vista.
El espectáculo ofrecido sólo en la última semana por el Senado, al sabotear decisiones esenciales, acordar votos secretos y al mismo tiempo, aprobar presuroso y por cómoda mayoría una ley que, otra vez, beneficia a las televisoras, da cuenta de que los senadores están pensando en su proyecto personal y en no pocos casos, sólo en su bolsillo.
Los grupos parlamentarios de PRI, PRD y PAN se hallan en proceso de desmantelamiento, sea por fracturas internas (perredistas y panistas), porque personajes clave dejaron sus tareas (en el PRI, Raúl Cervantes y Arely Gómez, entre otros) o porque la inminencia de los tiempos electorales llevará a muchos a olvidar su actual compromiso para brincar a nuevas posiciones.
El conflicto generado por el abrupto cese del fiscal electoral Santiago Nieto puso de manifiesto la podredumbre de la complicidad entre partidos supuestamente rivales, en temas tan esenciales como la limpieza de las elecciones presidenciales pasada y futura. Ello confirma, nuevamente, que los dineros públicos asignados formalmente a la creación de leyes de calidad han sido utilizados para aceitar la compra de votos y conciencias entre los partidos de supuesta oposición.
El ex fiscal Nieto Carrillo decidió retirar su petición de cobijo al mismo Senado que lo designó unánimemente hace apenas en 2015 y que, entre telones, había decidido sin rubor darle la espalda ante un cese dictado por el encargado de despacho en la PGR, quien presumiblemente carece de atribuciones legales para imponer tal despido.
Un fiscal electoral independiente puede ser dejado en la picota sin remordimiento alguno, si su puesto se suma al botín senatorial sujeto a negociación, venta o trueque en una feria de vanidades e intereses cruzados.
El modelo del Senado enano tiene una faceta esquizofrénica en su presidente, Ernesto Cordero, ex secretario de Estado, ex precandidato presidencial por el PAN. Él llegó a su actual posición no con el respaldo del partido en el que ha militado, sino todo lo contrario: a pesar de la oposición de la mayoría de su bancada. La confrontación que está desangrando a Acción Nacional por la obcecación del dirigente Ricardo Anaya por ser candidato presidencial, y de otro bloque por evitarlo, condujo al absurdo de que Cordero presida el máximo foro legislativo del país con el respaldo de sus partidos rivales, especialmente el PRI.
El argumento ofrecido por la bancada del Institucional que encabeza Emilio Gamboa (al que persigue su propia fama de mercader de la política) fue que bloquearían cualquier propuesta para liderar al Senado que proviniera del equipo cercano a Anaya.
Así surgió la figura de Cordero, cuyo principal mérito no es su talento legislativo y ni siquiera político, sino una alegada cercanía con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien parece encabezar la carrera hacia la candidatura presidencial priísta. A aquél se le atribuye haberle abierto espacios a Meade hacia las grandes ligas, durante la administración panista de Felipe Calderón.
No es mucho lo que valga la pena decir de la bancada del PRD, casi evaporada después de la salida de más de la mitad de sus integrantes, tanto para irse a nutrir a Morena de Andrés Manuel López Obrador, como para declararse independientes y poner distancia con un partido que parece en proceso de lenta extinción.
Para conservar posiciones y presupuesto, muchos de los senadores ex perredistas encontraron refugio en la bancada del Partido del Trabajo. Ese partido estuvo a punto de perder su registro en las pasadas elecciones intermedias, pero un evidente favor gubernamental lo salvó, pero no “amarró” bien la sumisión de su líder vitalicio, Alberto Anaya. Esta historia ha dado lugar al rutinario “descubrimiento” en el mismo ámbito extraño de la PGR, de los múltiples negocios otorgados a Anaya, su familia y grupo gracias a la generosidad oficial.
A estos señores senadores, que se ostentan como respetables patricios, la República les ha confiado la urgente integración de las etapas decisivas de nuestro nuevo andamiaje legislativo para resolver el problema de la corrupción en México.
De ellos depende resolver la integración de una lista de 10 aspirantes a ser el nuevo fiscal general, entre los que Los Pinos debe escoger a una terna que regresará a la Cámara Alta para que elija al nuevo responsable máximo de la procuración de justicia por los siguientes nueve años. Deben también los senadores elegir al fiscal anticorrupción, al nuevo auditor superior de Hacienda, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahora a otro fiscal electoral. ¿Será que alguien en todo el país piensa en que podemos confiar en ellos?
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