Frente a medio centenar de periodistas convocados a Los Pinos la mañana del 17 de octubre, el presidente Peña Nieto hizo sentir en diversos momentos su decepción por el deterioro institucional y político de la Procuraduría General de la República (PGR), que no ha hecho más que empeorar durante la presente administración.
“Yo realmente siempre he estado a favor de que cada sexenio los procuradores lleguen y se vayan con el presidente en turno”, dijo.
Tales palabras podrían ser el epitafio de un modelo de procuración de justicia en el país que durante tres años ha avanzado con más tropezones que logros y que ahora mantiene en vilo al Congreso federal.
Las cámaras se hallan ante los escenarios de impulsar otro diseño al aprobado en San Lázaro en 2014, lo que supondría la incierta apuesta de una nueva reforma constitucional. También pueden crear una mayoría que imponga al fiscal con las reglas de juego aprobadas en Diputados. Y siempre quedará la alternativa de heredar el problema al nuevo gobierno.
Pero en el Senado se ha empezado a abrir paso el reclamo de un acuerdo, que podría suponer un “fiscal de transición”, no de nueve años, sino de cuatro por una sola vez, lo que daría tiempo para afinar la arquitectura jurídica para un fiscal que dure no nueve sino seis años, que arrancarían en 2022, en el último bienio de la próxima administración y se extenderían por los primeros cuatro de la siguiente, y así sucesivamente.
El “fiscal de transición” acompañaría la integración del nuevo modelo. Y en el Senado ya hay quienes creen ver al candidato adecuado en la persona de Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aquella tarde en Los Pinos, Peña Nieto argumentó que incluir la propuesta de un fiscal transexenal en el Pacto por México provino de la oposición, en particular del PAN, dentro de la agenda de una reforma político-electoral.
El día previo a la citada reunión el Presidente había acudido a un foro público, donde alertó que este tema podría ser secuestrado por la efervescencia electoral de 2018 y dijo que en caso de no existir consensos, sería recomendable retomar la discusión después de que se sepa quién será su sucesor.
Con ello cerró un ciclo sobre el tema, inaugurado por el propio Peña Nieto el 22 de septiembre de 2014 durante un evento económico en Nueva York, donde habló de una Fiscalía General como uno de los soportes del Pacto. Se vivía entonces el “mexican moment” que cautivó al mundo ante indicios de que nuestro país estaba siendo capaz de hacer reformas profundas.
Para confirmarlo, el 23 de septiembre de ese año, menos de 24 horas después del discurso presidencial neoyorquino, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, entregaba la iniciativa formal a la Cámara de Diputados, donde los partidos la aprobaron antes de tres meses. La falta de un debate entonces sembró la crisis que vivimos ahora.
En los hechos, la PGR acumula ya casi 18 años sin rumbo. Vicente Fox compró el argumento de sus colaboradores Adolfo Aguilar Zínser y Jorge Castañeda, de que se trataba de una instancia del México viejo, dedicada a usar la justicia para espiar y castigar a los enemigos políticos.
Felipe Calderón se quejó siempre en privado de que el Senado dominado por el PRI, saboteaba sus propuestas de procurador, por lo que acabó depositando su estrategia en el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo que supuso una sorda pugna con el procurador Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Corte, que se quejaba de que la institución había sido desmantelada.
A su arribo a la PGR en 2012, Jesús Murillo Karam descubrió otra característica con la que Calderón dotó la la Procuraduría: su sumisión hacia Estados Unidos, que definía las bases generales de la estrategia antidrogas y se apoyaba en forma discrecional en el Ejército o la Marina para desarrollar operativos.
Murillo canceló un “teléfono rojo” que lo obligaba a recibir llamadas directas de funcionarios norteamericanos. Este enfriamiento de la dinámica con Estados Unidos se vio reforzada desde Gobernación por Osorio Chong, que selló los canales de comunicación con las fuerzas armadas mexicanas e impuso a su oficina como ventanilla única para tratar toda la agenda común de seguridad.
El endurecimiento de Osorio Chong le ha traído un trato sumamente frío por parte de la Casa Blanca, primero con el gobierno Obama y ahora con la administración Trump.
Reuniones canceladas, desaires abiertos, encuentros de altos funcionarios a los que Osorio no es convocado, alimentan desde hace años la percepción de que Washington no ha visto nunca con buenos ojos la posibilidad de que el hidalguense pueda ser candidato presidencial del PRI.
Con todo esto como telón de fondo, la PGR sigue a la deriva. Y el fiscal imaginado para conducirla hacia un modelo moderno e independiente parece pertenecer al país del nunca jamás.
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