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Un ahora fallido acto de corrupción lucubrado desde la organización del Tren Maya, a cargo de Fonatur, derivó en una lamentable reacción del presidente López Obrador, que decidió encubrir a colaboradores clave y caer en una simulación.
Horas antes de su mañanera del 7 de mayo, López Obrador fue enterado de una columna de Carlos Loret de Mola (http://eluni.mx/sg3zeaj), publicada en estas mismas páginas, la cual revelaba que Pablo Careaga Córdova, responsable del proyecto Tren Maya para Quintana Roo, alentó la contratación de una virtual empresa fantasma, “Escudo del Caribe”, creada por su madre y tío, para obtener un contrato de mil millones de pesos y supuestamente resolver el drama ecológico y turístico que representa el sargazo, cuyos efectos amenazan con desplomar el flujo de visitantes al Caribe mexicano.
El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, jefe de Careaga Córdova, es una cercana amistad de López Obrador, a quien conoció a finales de los años 70, cuando el primero se desempeñaba como secretario de Turismo en el gobierno en Tabasco de Leandro Rovirosa (1977-1982). Andrés Manuel acababa de asumir la dirección del INI-Coplamar por designación de Ignacio Ovalle, titular de la dependencia. El arquitecto Jiménez Pons estuvo a cargo antes de desarrollar “Tabasco 2000”, un gigantesco complejo urbanístico que albergó el crecimiento de Villahermosa con edificios públicos, universidades y desarrollos habitacionales. Entre estos últimos figuró el fraccionamiento de clase media “Las Galaxias”, donde López Obrador adquirió su primera casa propia. Justo en el 121 de la calle Júpiter.
La designación de Jiménez Pons en Fonatur no citó sus ligas con “Tabasco 2000”, que en su momento atrajo señalamientos de malos manejos, lo que hizo que el ahora encumbrado personaje abandonara su estado. A inicios de 2017, cuando aún estaba lejos la marcha triunfal de su amigo hacia la Presidencia, desempeñaba un modesto cargo en el municipio capitalino de Centro, donde planeaba la recuperación del malecón de la ciudad.
Este 7 de mayo López Obrador no mencionó una sola palabra de toda esta historia, pero anunció que ninguna empresa sería contratada para combatir al sargazo, tarea que desempeñaría la Marina, “que posee experiencia”.
Fue entonces cuando el encubrimiento se convirtió en simulación. La realidad es que nadie en México, ninguna entidad pública o privada, tiene experiencia ni mucho menos capacidad para erradicar millones de toneladas de sargazo (un ecosistema de algas, fauna y sustancias dañinas) que arrastran corrientes hacia las playas de Quintana Roo y multiplican su dimensión según crece la temperatura del océano.
Como ya lo sabe el gobierno mexicano tras consultas internacionales, no hay tecnología en el mundo capaz de limpiar los 100 kilómetros de costa que afecta el sargazo entre marzo y octubre, matando los arrecifes y ahuyentando por millones a los turistas.
Lo peor es cuando el sargazo es extraído del mar y arrojado a la playa: hay pocos hedores tan insoportables como ese. Casi tanto como el que empieza a surgir de Fonatur, cuyos directivos se aprestan a manejar un presupuesto de 150 mil millones de pesos para desarrollar el Tren Maya. ¿Se imagina usted?
Apuntes: El citado Ignacio Ovalle, titular del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, ha ido cortando los tentáculos del “Grupo Kosmo”, de la familia Landsmanas, la cual con el respaldo de múltiples políticos y en particular desde la capital del país, construyó un monopolio de proveeduría de alimentos a hospitales, prisiones y otras sedes públicas. A este grupo Miguel Ángel Mancera le abrió el multimillonario negocio de una empresa termovalorizadora, actualmente en el limbo por presión de la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
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