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La administración López Obrador ha empezado a dar señales de un giro dramático en la relación con los gobiernos estatales que ha estado vigente durante los últimos 25 años, desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Más allá de la retórica sobre la agenda del día, se avizora una reforma de cómo se ejercerá el poder político y económico en el país y cuáles serán las nuevas fronteras para el federalismo mexicano, históricamente en permanente remodelación. Para bien o para mal, parece estar en proceso un quiebre de régimen.
Se halla en marcha una centralización de los servicios de salud, que dio inicio en los ocho estados más pobres y se prevé extender al resto del país en los siguientes años. Está previsto que ello ocurra también con los programas de asistencia social, que serían diseñados y gestionados por instancias federales. Avanza, igualmente, un esquema de combate a la inseguridad que, con diversos eufemismos, propone un mando único con la subordinación de instancias locales. Especialistas han empezado a preguntarse si lo mismo ocurrirá con la educación.
No es un misterio el estancamiento que sufre el país en los rubros mencionados: el aumento de enfermedades crónicas y la miseria de los servicios médicos en los sistemas existentes. No mucho más puede decirse de los niveles de marginación que prevalecen, salvo los recurrentes escándalos por desvíos en este campo, como ocurrió en estos días con la denuncia periodística sobre la llamada “Cruzada contra el hambre” emprendida en el pasado gobierno. Y del tema de la seguridad, mejor ni hablar.
¿Cuántas voces, con qué argumentos, se levantarán contra este nuevo modelo que parece querer dar marcha atrás al reloj de una descentralización que en su momento lució moderno y eficaz pero que en muchos rubros trajo ineficiencia y corrupción? Y en contrasentido: ¿Qué garantía puede ofrecerse al país de que este retorno a la centralización sí funcionará esta vez y no volverá a naufragar en manos de una casta burocrática incompetente y rapaz?
En las últimas horas quedó de manifiesto que el gobierno federal está utilizando el presupuesto que discute el Congreso de la Unión para amarrar acuerdos con vistas a reformas constitucionales orientadas a configurar una Federación diferente.
El Presupuesto de Egresos plantea profundos recortes a proyectos de infraestructura para varios estados. En algunos casos se trató de ajustes con nombre y apellido, pues se debilitaron, si no es que desparecieron, fondos orientados a, por ejemplo, proyectos en el Estado de México, que encabeza el priista Alfredo del Mazo.
Esa entidad, donde Morena penetró fuertemente en los comicios recientes al grado de que domina el Congreso local y las principales alcaldías, no dejará de ser el principal enclave del PRI, como lo demuestra la recurrente presencia del ex presidente Enrique Peña Nieto en su residencia de Ixtapan de la Sal, a tiro de piedra de la capital, Toluca.
Otro gobierno estatal que tomó nota del mensaje lanzado desde el Presupuesto fue Jalisco, donde Enrique Alfaro, que tiene ya el control nacional del partido Movimiento Ciudadano, luce dispuesto a encarnar un polo opositor a López Obrador, como lo fue en algún momento el gobierno del entonces Distrito Federal frente a Vicente Fox y Felipe Calderón.
En esta línea de contrapesos políticos, desde el mismo Senado donde se incubó la controversia constitucional contra la nueva legislación sobre remuneraciones, se está construyendo un nuevo recurso que irá a dar a la Corte, ahora para impugnar a los llamados “superdelegados” que se prevé despojen a los gobernadores del ejercicio de los recursos federales, que en algunos estados superan al monto que la propia entidad recauda.
Resulta aún muy incierto el Estado mexicano que surgirá de estos procesos. Los gobiernos estatales encaran el predicamento de redefinir los límites de su relación (política, fiscal, de seguridad) con el centro. Y es previsible que por ese mismo tamiz deban transitar pronto los sectores empresariales, corporativos, incluso los medios de comunicación.
Es deseable que de ahí surja un nuevo pacto nacional más justo y eficaz, con mayor transparencia. Y en particular, que resulte más ligero a los ciudadanos llevar al hombro a sus gobernantes.
Apuntes: Esta semana quedó consolidado el equipo que desde el gobierno mexicano deberá lidiar con el mercurial presidente norteamericano Donald Trump. Del canciller Marcelo Ebrard y la recién ratificada embajadora ante Washington, Marta Bárcena, a los que se suma José Seade, subsecretario para América del Norte, se espera una nueva estrategia para la relación binacional, que recién nos trajo un manotazo de la Casa Blanca al determinar que expulsará hacia México a los centroamericanos que han solicitado asilo, mientras se decide su situación. Ebrard, Bárcena y Seade tienen el desafío común de lograr espacios dignos de negociación y acuerdos.
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