Managua.— Más de tres personas han muerto cada uno de los casi 120 días que acumula ya la rebelión cívica que convulsiona Nicaragua, el vecino más pobre de la región centroamericana. Su presidente es Daniel Ortega, el ex guerrillero que en los años 70 derrocó una dictadura despiadada, justo como la que ahora parece dispuesto a reeditar. En su afán de ahogar en sangre a sus opositores, acorralado por su propio pueblo, aislado en la comunidad internacional, este hombre parece ver hacia México en busca de un posible salvador de último momento.
Una misión internacional con integrantes de organizaciones dedicadas a velar por los periodistas y la libertad de expresión comenzó este lunes a recoger aquí testimonios directos sobre estudiantes, padres de familia, campesinos o sacerdotes asesinados, baleados o secuestrados por cuerpos paramilitares; reporteros intimidados, censurados, saboteados y perseguidos por agencias gubernamentales.
También se ha tomado nota de una economía de suyo débil, esencialmente agrícola, que se dirige rápidamente hacia la quiebra; instituciones completas (Congreso, Corte, órganos electorales) capturadas por el régimen del señor Ortega, que se ha hecho elegir presidente tres veces sucesivas desde 2007 (ya lo había sido entre 1985 y 1990) y pretende dejar el poder en 2022… en manos de su esposa, la actual vicepresidenta, Rosario Murillo.
Este mismo mes la Organización de Estados Americanos (OEA) integró a diplomáticos de 12 naciones, México entre ellas, que buscarán caminos a una posible solución, que se antoja lejana y precedida de más violencia. Ello ocurre cuando el gobierno mexicano está en transición de ser ocupado por Andrés Manuel López Obrado y su equipo, en particular un hombre que tendrá un papel clave en esta crisis: Marcelo Ebrard, futuro canciller.
La comunidad internacional y en particular la región latinoamericana encuentran en López Obrador y en Ebrard un enigma en el futuro cercano. Lo mismo pueden desempeñar un liderazgo en un entorno geopolítico que se ha quedado sin líderes, que dar la espalda a sus vecinos en aras de un arcaico modelo de no intervención, como lo ha sugerido en varias ocasiones el hoy presidente electo.
Pero puede ser peor. Ortega en Nicaragua, como Maduro en Venezuela, y otros personajes similares, apuestan a que el próximo gobierno mexicano defienda a estos gobiernos que con un discurso de izquierda y proclamas variopintas, mal disfrazan regímenes corruptos que han empobrecido a sus sociedades y cancelado libertades.
Apenas el pasado 17 de julio concluyó en La Habana una reunión del Foro de Sao Paulo, que congrega a partidos políticos de izquierda en el subcontinente latinoamericano, cuyos dirigentes firmaron una declaración condenando a las víctimas del gobierno de Ortega como golpistas patrocinados por Estados Unidos. Entre los asistentes al encuentro figuró Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena en México, quien parece coleccionar declaraciones fallidas que ponen en aprietos (o exhiben) al partido de López Obrador.
Reportes recogidos en esta ciudad revelan que personalidades nicaragüenses de diverso género (jerarcas religiosos, empresarios, intelectuales, diplomáticos), con el auxilio del equipo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, están intentando un acercamiento con el primer círculo de López Obrador para presentarle un panorama de lo que está ocurriendo en Nicaragua, más allá de las ideologías y bajo la perspectiva concreta de los derechos humanos.
Ortega tenía 34 años cuando encarnó el hartazgo contra la familia Somoza, que con el apoyo de Estados Unidos tuvo bajo su bota por 40 años, con el régimen de “república bananera”, a esta nación que hoy apenas supera los seis millones de habitantes y sigue siendo una de las más miserables del mundo.
El contraste lo ofrece el matrimonio Ortega-Murillo, que tuvo siete hijos, varios de los cuales dirigen hoy prósperas empresas apoyadas con fondos públicos, entre ellas media docena de canales de televisión que cubren todo el país o compañías de anuncios espectaculares en las carreteras. Uno de sus aliados es el misterioso empresario mexicano Ángel González, dueño de otras tantas señales televisivas.
Desde el 18 de abril ciudades del todo el territorio nicaragüense son escenario de enfrentamientos entre ciudadanos y civiles armados protegidos por la policía, que protagonizan lo que Amnistía Internacional describió como “represión letal” contra las protestas. Se cuentan en miles el número de heridos y en cientos los desaparecidos o detenidos sin proceso judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado al gobierno de Ortega a frenar la represión e impulsar espacios para un diálogo con actores como la Iglesia como mediadores.
En ese contexto, es notable, casi escandaloso, que ni Andrés Manuel López Obrador ni Marcelo Ebrard hayan tomado postura sobre la tragedia que supone la larga noche de Nicaragua. Cada día que ese drama crezca, su silencio provocará un ruido más atroz.
Declaración del Foro de Sao Paulo.
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