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A la familia de Los Universales, en el 101 aniversario de ‘El Gran Diario de México’.
“Va a ser detenido en las próximas horas”, habría dicho Aurelio Nuño en aquel otoño de 2014. Se refería a Ángel Aguirre Rivero, quien se había separado del cargo de gobernador de Guerrero el 23 de octubre de ese año, en medio de la crisis política por la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, la más grave y cruel que haya enfrentado la administración Peña Nieto.
De acuerdo con lo que compartió al menos con dos personajes consultados directamente por este espacio, Nuño consideraba que el encarcelamiento de Aguirre atendería el reclamo público de justicia para los nueve jóvenes muertos y 43 desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de aquel año. Y también disminuiría la presión sobre el gobierno federal, al que empezaban a estallar en el rostro reclamos por un crimen de Estado.
Nuño Mayer era ya en esa época uno de los principales operadores políticos de Los Pinos y figuraba entre los rostros más visibles del equipo comandado por Luis Videgaray, a quien se atribuía el aval de proceder contra el defenestrado mandatario guerrerense.
Ni Nuño ni Videgaray calcularon las razones por las que Aguirre no ha respondido por estos hechos: que su red de complicidades, tejidas durante más de 30 años como parte del PRI profundo, permitiría que sus crímenes no lo hundieran, sino que, al revés, lo protegieran.
De acuerdo con múltiples testimonios, el manto de impunidad en beneficio de Aguirre ante la tragedia de Aytozinapa fue extendido por la Secretaría de Gobernación, incluso personalmente por su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, aliado político de Aguirre desde que ambos coincidieron en la Cámara de Diputados (2003-2006).
Un hecho insólito es que Aguirre encontró respaldo en Osorio Chong pese a que en agosto de 2010 abandonó al PRI para postularse a su segunda gubernatura, apoyado por un frente opositor encabezado por el PRD.
De acuerdo con testimonios confiados por el propio Aguirre en discretos coloquios, ese apoyo se expresó incluso en dinero en efectivo a favor de su campaña opositora en contra del candidato del PRI a la gubernatura, Manuel Añorve Baños, una figura que abrigó por muchos años esa aspiración, con el apoyo del líder priísta Manlio Fabio Beltrones.
Pero el encarcelamiento de Aguirre por la matanza de Iguala sí fue eventualmente ponderado en los primeros círculos de la administración Peña Nieto.
En la Procuraduría General de la República, que conducía Jesús Murillo Karam, existe —o existió— un robusto expediente que involucraba a Aguirre en varios presuntos crímenes, incluso nexos con el narcotráfico. Se le señalaba de brindar protección al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), cuya conducción se atribuye a un sobrino. Había evidencias de que armó a grupos de autodefensas para bloquear a bandas en beneficio de otras.
Se sabía también de negocios forjados por Aguirre a la luz de desastres naturales, en ocasiones con la complicidad de múltiples parientes y de funcionarios federales, entre ellos de la Sedatu, en la época de Jorge Carlos Ramírez Marín como titular. E incluso se disponía del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le dictamina responsabilidad en el baño de sangre tras las protestas de normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011, en Chilpancingo, con la muerte de tres personas.
Ninguna de esas imputaciones valió para ligarlo a un proceso judicial. Un grupo de parientes suyos detenidos tras su salida del gobierno, bajo cargos de fraude y peculado, ya se hallan en libertad. Y su poder le alcanzó para intentar imponer a su hijo como candidato a la alcaldía de Acapulco y fijar condiciones al PRD en la definición de otros abanderados.
Cuando se sucedieron los hechos de Ayotzinapa, Aguirre Rivero (Ometepec, 1956) acumulaba una de las más largas trayectorias en el PRI de Guerrero, donde desde los años 80 ocupó posiciones clave en diferentes administraciones, fue diputado federal dos veces y senador. Ostenta la singularidad de haber sido gobernador en dos ocasiones, la primera entre 1996 y 1999, como interino tras la caída de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas.
Figueroa Alcocer había heredado el cacicazgo instituido por su padre, Rubén Figueroa Figueroa, desde los años 70. En el Aguas Blancas del “México bronco” de 1996 murieron 17 campesinos.
Casi 20 años después, en 2014, en tiempos del “nuevo PRI”, el drama de los normalistas de Ayotzinapa trajo la muerte de medio centenar de jóvenes, la mayor parte de ellos virtualmente adolescentes. Pero el señor Aguirre no fue molestado ni con el pétalo de un citatorio judicial para deslindar sus responsabilidades. La justicia mexicana fue reducida a una caricatura. Es posible que requiramos de la justicia internacional para por fin sentar a Aguirre Rivero y sus cómplices en el banquillo de los acusados.
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