Doce mil pacientes infectados con VIH-SIDA están a punto de quedarse sin atención médica en la Ciudad de México. Al parecer, no hay con qué pagar la nómina de los doctores, enfermeros, psicólogos y demás personal que labora en las clínicas del Seguro Popular, ubicadas en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa.
Cuando un grupo de trabajadores acudió ante la oficina de recursos humanos de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, en busca de explicaciones, esa autoridad respondió que el dinero destinado por el Seguro Popular para cubrir sus sueldos se había agotado.
Denuncian los médicos de ambas clínicas que, si bien hay suficiente medicamento retroviral para atender a los pacientes, desde hace meses escasean otras sustancias y suministros pertenecientes al cuadro básico; sobre todo, las medicinas más costosas.
Durante los últimos seis años, las clínicas que están ubicadas en Carlos B. Zetina, de la colonia Condesa, y Combate de Celaya, en la Unidad Habitacional Guerrero, no han logrado contratar personal de manera estable o definitiva.
Eludiendo cualquier decencia laboral exigible al gobierno, los 60 médicos que ahí laboran y el resto del personal están contratados por honorarios durante periodos que se renuevan cada tres meses.
El principal problema que enfrentan estos profesionales de la salud radica en que cada vez se dilata más el tiempo para que tales contratos lleguen a sus manos, lo cual conlleva retraso en el pago de sus salarios.
Como ejemplo, el mes de octubre los médicos laboraron en ambas clínicas sin cobrar un centavo, entre el primero y el 20 del mes, porque los contratos relativos al último trimestre del año arribaron la tercera semana de octubre.
Sin embargo, personal de la Secretaría de Salud de la CDMX acudió en noviembre al mismo personal para informar que los contratos signados días antes debían ser modificados. Insistieron con que el Seguro Popular se había quedado sin fondos y por tanto era necesario que devolvieran los documentos contractuales previos y, en su lugar, firmaran nuevos.
Los médicos no han aceptado porque el nuevo contrato propuesto reduce en un 20 por ciento los ingresos del personal, elimina el sobresueldo que —a manera de aguinaldo— se tenía contemplado para diciembre, y busca pagar a los médicos especialistas como si fueran médicos generales.
Algo huele muy mal en este asunto. Cabe que solo se trate de una pésima administración con los recursos humanos de ambos hospitales y entonces se estaría ante un caso de excepción que, tanto la CDMX como el Seguro Popular deberían resolver con mejor decencia.
Pero también podría ser el primer brote de una epidemia financiera del Seguro Popular, que en este mismo espacio se ha venido denunciando desde hace ya varios meses. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2015 y 2016 hubo desfalcos al fideicomiso concentrador por casi 20 mil millones, debido a irregularidades y corruptelas de varios gobiernos estatales.
A esa cantidad deben sumarse los 13 mil millones que la Secretaría de Hacienda retiró en 2014 de ese mismo fideicomiso, sin que estuviese autorizada para ello. Es decir que, en total, los recursos extraviados por el Seguro Popular suman ya más de 33 mil millones.
Con este antecedente cabe creer que tiene fundamento la explicación entregada por la CDMX al personal de las clínicas Condesa e Iztapalapa.
ZOOM:
Las primeras víctimas de la epidemia financiera que enfrenta el Seguro Popular son 12 mil pacientes con VIH-SIDA. ¿Quién sigue en la lista?