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Rafael Moreno Valle y Érika Alonso acuden de nuevo al proceso electoral que se celebrará este mes de junio en Puebla. A pesar de la tragedia que ambos sufrieron, son argumento político principal de la contienda.
Tanto la dirigencia del Partido Acción Nacional, como los políticos poblanos allegados a la pareja, sospechan en voz alta que su muerte fue provocada. Marko Cortés, presidente del PAN, declaró que “no hay elementos que hagan sentir que la caída del helicóptero haya sido un accidente.”
Conforme el ambiente de competencia vaya avanzando, el argumento sobre un posible atentado político crecerá como la espuma. La duda se alimenta de la lentitud y la opacidad con que se está conduciendo la investigación.
La negativa que la SCT entregó al periódico Milenio, a propósito de una solicitud para que diera a conocer las conversaciones entre los pilotos y la torre de control, nutre con alto contenido calórico las especulaciones. Los funcionarios del gobierno federal decidieron reservar por cinco años esta información, pretextando que darla a conocer “afectaría el interés público y la seguridad nacional.”
Ambas partes, oposición y gobierno, cometen un error imperdonable al colocar en la liza de la disputa político electoral una investigación que debería ser pulcra, profesional y basada en los más altos estándares de la ciencia y la ingeniería.
Al actuar así liberan de responsabilidad a quien habría de estar rindiendo cuentas. La información que sí es pública señala en una misma dirección: el taller donde días antes recibió mantenimiento la nave Augusta 109 Grand que Rafael Moreno Valle utilizaba con mucha frecuencia para transportarse.
En efecto, una lupa grande habría de colocarse sobre Rotor Flight Services, sus operarios y sus dueños, porque fue en ese taller, ubicado en Toluca, que los rotores del helicóptero siniestrado recibieron mantenimiento los días previos al accidente.
Hay dos hechos, en concreto, que requieren atención: primero, que personal de Rotor Flight haya accedido entre las primeras personas que inspeccionaron los restos de la aeronave; hubo incluso algún medio poblano que confundió a estos individuos con peritos responsables de analizar las piezas todavía humeantes.
Cualquier protocolo indicaría que los mecánicos de la nave no pueden ser juez y parte en el análisis, y todavía más importante, no deben cruzarse con la cadena que custodia la evidencia indispensable para evaluar las causas del siniestro.
El otro hecho que no debería pasar desapercibido es el conflicto de interés, por no decir los antecedentes de corrupción, que rodean la biografía del dueño “formal” de Rotor Flight Services: Antonio Vázquez Torales.
Cuando Enrique Peña Nieto fue mandatario del Estado de México, este individuo era director general de mantenimiento de las aeronaves de ese gobierno estatal. Entonces aprovechó el puesto para constituir y crecer un taller —Rotor Flight Services— que daba servicio, entre otros clientes, a las naves de la administración peñanietista.
En 2011 fue acusado de utilizar al personal y los recursos materiales de la dirección que tenía a su cargo para beneficiar a su empresa. El conflicto de interés es la pecera donde Vázquez Torales emergió y se hizo un próspero empresario. Con ese desaseo en su currícula valdría la pena revisar el grado de responsabilidad que Rotor Flight tuvo en el accidente de los esposos Moreno Valle.
También y, sobre todo, hay que preguntarse el papel que jugó el personal de Rotor Flight las 24 horas posteriores al siniestro.
ZOOM: Panistas y morenistas están alentando una cortina de humo que distrae de la investigación sobre la verdad detrás de la muerte de los Moreno Valle. Hay una pista en Toluca que no debe menospreciarse.
