A pesar de la derrota, a pesar del descrédito, a pesar del menosprecio, a pesar de la impopularidad continúan haciendo como si no entendieran.
En julio México votó de manera abrumadora contra los fueros y los privilegios, pero ellos hacen como si no escucharan.
Hace unas semanas, por la vía de un procedimiento abreviado (amañado), ellos salvaron a Javier Duarte, el hampón de Veracruz, de enfrentar un juicio conforme a Derecho.
Con igual maña, antes de marcharse, ellos quieren dejar impunes los delitos de César Duarte, el hampón de Chihuahua.
Y todo lo hacen a la luz del día, dejando evidencia de su adicción a torcer la ley y a reventar las instituciones de la República.
Eduardo Medina Mora es el autor material de la última fechoría. Con argumentos insostenibles dio entrada a una controversia constitucional solicitada por el presidente Enrique Peña Nieto, que no tiene pies ni cabeza.
El recurso es notoriamente improcedente, y sin embargo al ministro no le tembló la mano a la hora de incendiar su reputación.
La infamia comenzó el jueves 11 de octubre, cuando la consejería jurídica de la Presidencia acudió a la Suprema Corte para acusar al gobierno de Chihuahua porque estaría invadiendo las competencias del gobierno federal, al investigar delitos cometidos, presuntamente, por el señor Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, en contra del erario de esa entidad.
De no creerse el argumento principal: lo que se reclamó desde Los Pinos es que funcionarios públicos federales pudieran eventualmente ser investigados por autoridades locales.
No hay una sola línea en las leyes mexicanas donde diga que una persona, por ser funcionario de la Federación, tiene fuero frente a las leyes estatales.
El supuesto es tan ridículo como la hipótesis de que un secretario de Estado cometiera un homicidio —delito que se persigue por autoridad local—, pero por ser empleado federal no pudiera ser perseguido por los fiscales o los jueces de la entidad donde ese acto de violencia se llevó a cabo.
Con todo, Enrique Peña Nieto pidió a la Corte que interviniera para detener cualquier acción “directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente (del gobierno de Chihuahua) en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración …respecto a actuales o anteriores funcionarios públicos federales” vinculados a los procesos que se siguen en Chihuahua en contra de César Duarte y Alejandro Gutiérrez.
Contra todo pronóstico, la Corte, a través del ministro Medina Mora, aceptó analizar la controversia, al tiempo que ordenó suspender las investigaciones citadas, e instruyó al gobierno de Chihuahua para que entregara copia de todos los expedientes relacionados con el caso.
No le importó al ministro que los medios de defensa no se hubieran agotado, tampoco que ni Alejandro Gutiérrez, ni César Duarte fueran funcionarios federales; o que se pretenda la arbitrariedad de subordinar los delitos y a las autoridades judiciales locales, como si fueran irrelevantes frente a los federales.
Y todo para proteger a Duarte y Gutiérrez, para blindar a sus posibles cómplices, para hacer como se hizo con Javier Duarte: todo para evitar que su bandidaje sea castigado.
Que un ministro de la Corte prefiera la impunidad sobre la ley es grave, pero resulta francamente suicida en una época como ésta cuando el humor social rechaza con énfasis la complicidad entre jueces, funcionarios corruptos y políticos de moral mínima.
El cinismo alcanzó la cúspide cuando Medina Mora, al aceptar el recurso solicitado por el Presidente, argumentó que, de no hacerlo, la investigación contra Duarte y Gutiérrez “podría generar una situación grave de impunidad generalizada”.
¿Será que este señor, y quienes lo instruyeron, no se han dado cuenta de que el problema de nuestro país es una situación grave de impunidad generalizada que ellos mismos provocaron?
¿Será que ellos no se han enterado de que el gobierno de Chihuahua estaba dando una batalla rigurosa contra la corrupción encabezada por César Duarte, cuya legitimidad encuentra origen en el voto popular que los chihuahuenses emitieron en las pasadas elecciones locales?
Afirma el ministro Medina Mora que la suspensión dictada desde su oficina “no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas” y, sin embargo, por primera vez la Corte admite una controversia cuyo propósito principal no es el trazado de competencias o fronteras entre una entidad y la Federación, sino otorgar fuero y privilegio a presuntos delincuentes que desviaron recursos públicos de la hacienda de Chihuahua para financiar una campaña política.
ZOOM: Un terrorista que se inmola es una persona que está dispuesta a perderlo todo con tal de provocar un gran mal a sus adversarios. No es fácil explicar por qué Medina Mora lanzó una bomba molotov que terminará provocándole tanto daño a él y a la institución para la cual trabaja.
@ricardomraphael
