Antes de que se vaya el Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus archivos, lo mismo que el Cisen. También debería abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su poder relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Esta fue la propuesta que el día de ayer hizo Alejandro Encinas, futuro subsecretario de derechos humanos, durante el evento M68: archivos sin reserva, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN).
Cayó bien el mensaje porque en los últimos veinte años, el gobierno mexicano ha sido incongruente —por decir lo menos— a propósito de la apertura de los archivos públicos.
Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia se abrieron las cajas donde estaban guardados algunos de los secretos principales del régimen priista. Por ejemplo, el archivo de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue trasladado al AGN para que pudiera consultarse de manera libre.
También la Secretaría de la Defensa (Sedena) hizo lo propio con algunos de sus expedientes, entre ellos lo relacionado con su participación durante el movimiento del 68.
Sin embargo, en ambos casos hubo restricciones importantes. Los investigadores que recibieron esta documentación aseguran que el Ejército rasuró sus archivos y que prácticamente no hizo público nada que tuviera que ver con su participación frente a las guerrillas de los años setenta.
En lo que toca al archivo de la DFS, el ánimo aperturista igual duró poco: funcionarios del Cisen fueron enviados al Archivo General para que censuraran los documentos de la DFS.
Desde entonces la Secretaría de Gobernación —patrón a la vez del Cisen y del AGN— instruyó para que toda la documentación relativa al desempeño de las Fuerzas Armadas, la PGR o la Policía Federal fuera tasajeada.
Esta actitud oscurantista podría cambiar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que el Cisen se divorcie de la Secretaría de Gobernación. No habría ya motivo para que esos censores continúen invadiendo territorio del AGN.
A este argumento se suma un precedente fundamental: la declaratoria sobre la liberación de los archivos relacionados con el movimiento del 68, que recién fue votada por el pleno del Inai. Gracias a esta resolución el M68: ciudadanías en movimiento, será un archivo protegido frente a las reservas injustas o arbitrarias.
Este precedente deberá servir como criterio futuro y principal para las autoridades que custodian los archivos públicos, y para aquellas que garantizan el acceso a la información.
Así como se abrieron los archivos del 68 igual tendrían que salir de su cautiverio, (utilizo aquí una expresión de Alejandro Encinas), otros expedientes tales como los relativos a la guerra sucia, o más recientemente, los documentos que registran las violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la cruenta guerra por las drogas.
Es momento para que todos los archivos que son de interés público se publiciten, sin cortapisas ni restricciones. Muy en concreto aquellos relacionados con los abusos de autoridad, la corrupción, el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos.
ZOOM: Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que “es a través de la historia documental que la verdad puede surgir sin dobleces” o, dicho en los términos de Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, sólo “los archivos sin reservas pueden producir una memoria sin reservas”.
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