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No hay otro tema más urgente. La tragedia de la ausencia se volvió tema principal de la política. Suman más de sesenta mil, según las organizaciones de la sociedad, pero en realidad nadie tiene una cuenta precisa.
Hay una sola cosa que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá hacer: mirar hacia otro lado como si el fenómeno no existiera.
6 de cada 10 casos de desaparición en México sucedieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y, sin embargo, no hubo de parte suya una sola palabra sincera que haya reconfortado a las víctimas.
La distancia emocional del gobierno que parte respecto a los desaparecidos es digna de revisarse en el consultorio de un siquiatra. Más de mil fosas clandestinas fueron halladas durante este sexenio en 23 estados de la República. Destacan por sus cifras Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas.
El gobierno que se va renunció a mirar de frente la máquina criminal. No tuvo como propósito investigar con rigor y sistema las desapariciones. La impunidad frente a esta miseria solo puede explicarse por la omisión sistemática de la autoridad.
El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que Andrés Manuel López Obrador inaugurará su mandato.
Frente a este tema no es posible, como el presidente electo quisiera, mirar para delante. No funcionaría como solución inmediata combatir las desigualdades provocadas por el neoliberalismo, ni becar a los jóvenes más pobres para que el crimen no los reclute, o amnistiar a los pequeños delincuentes, productores o consumidores de drogas blandas.
Todas ésas son medidas que, si llegaran a funcionar, podrían prevenir la violencia del futuro; pero las víctimas de la desaparición lo que quieren es una justicia que sea capaz de resolver la impunidad del pasado.
Quieren de vuelta a sus seres queridos, quieren por lo menos sus restos para sepultarlos, quieren a los responsables, quieren a las autoridades que se desentendieron de la atrocidad, quieren ver tras las rejas a los funcionarios que fueron cómplices de tanta mortandad.
No puede prometerse a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que en adelante las cosas serán distintas para Guerrero. Si no hay compromiso explícito del próximo gobierno para resolver el caso criminal más emblemático de nuestros tiempos, todo lo demás sobra.
Lo mismo reclaman cada una de las organizaciones de familiares que no van a ceder en su exigencia.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que invitará a Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que participen en la solución de esta malvada epidemia.
Se requerirá muy probablemente avanzar hacia la creación de una comisión de la verdad como aquella que se creó en 2012 en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad.
Cabe también explorar la reedición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que avanzó hasta donde lo dejó el gobierno de Peña Nieto, en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego.
ZOOM:
Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los desaparecidos da resultados pronto, si es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre la Cuarta Transformación.
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