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No está en juego si México contará con un aeropuerto o con tres, eso ya lo decidió el presidente electo. El tema por venir es otro: ¿honrará el gobierno los compromisos que adquirió con respecto a Texcoco?
Para los inversionistas y contratistas no es relevante si antes había un presidente y mañana habrá otro: con o sin consulta, los acuerdos signados continúan siendo vigentes.
El valor del precio del peso se deslizó ayer a la baja, no porque se haya cancelado una megaobra de infraestructura, sino por el eventual incumplimiento del gobierno sobre sus obligaciones. Cada inversión, cada proyecto, cada obra tiene detrás un documento formal que ha quedado en suspenso de aquí a que el futuro presidente asuma la representación legal del gobierno mexicano.
Treinta días de incertidumbre es demasiado para ordenar un expediente cuyo costo, por haberlo frenado —según la administración saliente— ronda los 120 mil millones de pesos, si se considera la obra ya ejecutada y los insumos adquiridos.
A este monto deben añadirse las inversiones que los ganadores de las licitaciones realizaron para cumplir, de su lado, con sus respectivas obligaciones. Esta segunda cifra se desconoce, pero no debe ser pequeña: las empresas involucradas en esta obra pública ofrecieron garantías, pagaron fianzas, adquirieron créditos, contrataron personal y servicios para salir adelante con los contratos firmados.
Salvo un acto de magia, no se ve posible frenar la ola de demandas que por diversos motivos arremeterá contra el gobierno entrante y la mayor carga de trabajo no será para los funcionarios públicos, sino para los jueces y los tribunales que terminarán desahogando las consecuencias del incumplimiento.
Contra los deseos de Andrés Manuel López Obrador, la incertidumbre generada con la cancelación del NAICM no será resuelta por un par de frases amables, ni tampoco con la etérea promesa de que no habrá repercusiones financieras.
Los mercados están nerviosos porque su gobierno tardará todavía treinta días en asumir responsabilidad plena por sus actos, y porque en realidad será el Poder Judicial quien desahogue con el tiempo las demandas por el incumplimiento de los contratos.
Es un problema que la consulta donde participó un millón 67 mil mexicanos no pueda ser argumento jurídico para exponerse en un juicio formal: no tiene los elementos necesarios para ser considerada como un acto de autoridad frente al cual puedan oponerse obligaciones o derechos.
Se ha dicho mucho en estos días que se trató de un ejercicio organizado entre particulares, donde participaron particulares y decidieron particulares, cuyo interés jurídico es legalmente ajeno al litigio próximo.
Deja de ser relevante si este ejercicio de democracia participativa fue bien organizado, si las mesas de votación se distribuyeron con inequidad, si los organizadores de la consulta fueron parciales o subjetivos, si los votos se contaron incorrectamente o si hubo candados insuficientes para desterrar el fraude.
A la hora de revisar las demandas presentadas ante el juez, la autoridad estará obligada a desechar cualquier argumento relativo a la consulta porque los únicos actos de autoridad en disputa serán la decisión del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, así como la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, para anular los contratos entre el gobierno mexicano y los proveedores del difunto proyecto de aeropuerto en Texcoco.
De poco servirá la promesa realizada en el sentido de que los actuales contratistas tendrán su tajada en Santa Lucía, porque mientras el primer pleito jurídico no se resuelva, poca confianza habrá entre los perdedores de hoy para participar en un proyecto que todavía no tiene pies ni cabeza.
A diferencia de lo que algunos pregonan, los mercados no tienen ideologías sino intereses. Si un gobierno ofrece certidumbre para que el capital invierta y crezca, los intereses están contentos. En cambio, cuando los gobiernos incumplen con sus compromisos, modifican arbitrariamente las reglas del juego, ponen en riesgo los derechos de propiedad y no honran la ley, el capital se marcha, porque nunca ha tenido patria ni la tendrá.
ZOOM:
Ayer votaron unos cuantos en la consulta para cancelar el NAICM, mañana votarán todavía menos, pero lo harán con su propio estilo de mercado, que no es nunca popular, pero suele ser tanto o más elocuente. www.ricardoraphael.com@ricardomraphael
