El lunes 6 de abril de 2015 publiqué en estas mismas páginas una columna titulada “Medina no suelta la embajada.” En ella argumenté contra el puesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había entregado a Laura Guadalupe Pérez Vázquez, en la embajada de Estados Unidos, prácticamente al mismo tiempo en que su marido recibió el voto aprobatorio del Senado para ungirlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por la tarde de esa misma jornada, recibí una llamada de un alto funcionario mexicano, destacado en Washington, para reclamar por mi texto. Primero, apelando a la empatía, el emisario explicó que la señora Pérez Vázquez padecía una enfermedad grave y que por ello necesitaba quedarse en los Estados Unidos, para continuar con un tratamiento médico que no debía interrumpir.
Se me aclaró también que, para poder permanecer, la SRE le había entregado un cargo pequeño —ganaba menos de 2 mil dólares al mes— el cual, sin embargo, la hacía merecedora de un seguro médico cubierto por el servicio diplomático mexicano.
Le pregunté a mi interlocutor, ¿por qué el contribuyente debía cubrir un sueldo cuyo monto el 90 por ciento de las familias mexicanas no ingresa mensualmente? La respuesta que recibí siguió abrevando en el pozo del chantaje emocional: porque el costo del tratamiento médico es muy elevado.
Aquella llamada no terminó bien porque era imposible conciliar puntos de vista tan distantes.
Tiempo después me enteré de la muerte de la esposa del ministro y lamenté su pérdida. Solo entonces me pregunté si con mi pluma no había sido injusto al celebrar aquella denuncia.
La información que la semana pasada publicó mi compañero Salvador García Soto en EL UNIVERSAL respondió la interrogante, y también lo hizo la réplica que el ministro Medina Mora envió al diario.
A partir de fuentes confiables —como lo son el Tesoro de los Estados Unidos y la Agencia Nacional de Crimen Británica— García Soto denunció movimientos irregulares del ministro por 2.3 millones de libras y 2.1 millones de dólares; a valor presente estas cantidades suman poco más de 100 millones de pesos.
Como explicación a estas operaciones sospechosas, el ministro Medina argumentó lo siguiente:
“La empresa Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V. es una empresa familiar en la que mi difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente reportadas a las autoridades fiscales incluidas en sus declaraciones como contribuyente.”
Es decir que, al mismo tiempo en que la Hacienda pública pagaba un sueldo de aproximadamente 40 mil pesos mensuales a Laura Pérez Vázquez, en la embajada de México en Estados Unidos, para ahorrarle —entre otros gastos— el seguro médico, ella estaba realizando operaciones millonarias como accionista de Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V.
Todavía recuerdo el trasfondo de aquella llamada cargada de reproche: “Ella se está muriendo y tú la acusas públicamente de ser un aviador.”
Si por algo vale la pena la revolución cultural que está ocurriendo en nuestro país es porque se extingue la tolerancia frente a sujetos que habían supuesto como parte de su patrimonio privado los bienes públicos que son de todos.
En 2015 para Eduardo Medina Mora era justificable aceptar un cargo tan destacado en la Corte y, al mismo tiempo, dejar a su mujer en Washington “becada” por el poder Ejecutivo. Su condición de salud, además, daba legitimidad al hecho de que los contribuyentes nos hiciéramos cargo de un gasto que era de su exclusiva responsabilidad.
Nunca fue cierto, como se me dijo, que esa pareja no tuviera fondos para cubrir los gastos médicos; es ahora evidente que los ahorros de la pareja podrían haber solventado el tratamiento de Laura Pérez Vázquez y mucho más.
ZOOM: El episodio de las extrañas transferencias del ministro Medina Mora no pasará a mayores. Es un llamado de atención para que él, y de paso el resto de sus colegas, magistrados y jueces, se comporten al margen de la corrupción. Pero este no es el único expediente que hace cola en el anfiteatro de la impunidad. ¿Llegará el día en que estos actos encuentren justicia y castigo, a secas?
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