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La carta de renuncia y las explicaciones públicas ofrecidas por Carlos Urzúa Macías desnudan a un hombre deshonesto.
Mientras en su texto de dimisión acusó a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, como un personaje influyente “con un patente conflicto de interés,” en entrevista otorgada a Hernán Gómez Bruera, el exfuncionario rehízo la versión: “no estoy diciendo que eso haya pasado en el caso de Romo, no me consta.” (Proceso 2228)
¿Es patente el conflicto referido, pero no le consta? En buen español esto se llama intriga.
Abunda que habría deseado no ver al hijo de Alfonso Romo como accionista de la casa de bolsa Vector, para evitar que el acceso a información privilegiada pudiese beneficiar sus negocios.
Entre los deseos de Urzúa y lo que dice la ley hay un océano de distancia: no hay norma en México que fuerce a los hijos de los servidores públicos a renunciar al libre ejercicio de su profesión; no importa que se trate del jefe de la oficina presidencial o del presidente mismo. El día que suceda lo contrario, habrá que hincarse ante el altar de la arbitrariedad.
Lo que Urzúa no dice es que, en el fondo, él tiene dos razones muy grandes para detestar a Romo. La primera se relaciona con la proximidad política que el exfuncionario sostiene con el presidente del grupo Femsa, José Antonio Fernández Carbajal —El Diablo—, y la segunda, que Carlos Urzúa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción del presidente López Obrador para ocupar la cabeza de la SHCP —y que Alfonso Romo tuvo la responsabilidad de intentar, sin lograrlo, convencer a los otros candidatos.
El vínculo con Fernández Carbajal se estrechó en 2003, cuando Urzúa renunció a la secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad de México. En aquél entonces Urzúa mintió a López Obrador pretextando que debía regresar a El Colegio de México, cuando en realidad había aceptado fundar la EGAP del Tecnológico de Monterrey, a petición del Diablo.
El mismo Diablo que apoyó a Vicente Fox y, años más tarde, a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco; el mismo Diablo que volvió a contratar a Carlos Urzúa, tres días después de que dejó Hacienda.
Es antiguo el pleito que tienen Romo y El Diablo —el primero conocido por su progresismo y su involucramiento reiterado con la izquierda electoral— y, el segundo, amigo no solo de la derecha, sino del conservadurismo que mayor daño le ha causado al país.
A esta histórica pugna se suma que López Obrador haya encargado a Alfonso Romo, desde que comenzó su campaña, para que coordinara la hechura del Plan de Nación, que sirvió como plataforma electoral durante los comicios de 2018.
En ese plan Carlos Urzúa no jugó ningún papel relevante, por ello, como él mismo confesó a Gómez Bruera, sus aspiraciones se limitaban en un principio a un asiento en el Inegi o en el Banco de México.
Antes que Urzúa, para la cartera de Hacienda fueron contemplados Adrián Rodríguez Macedo, Rogelio Ramírez de la O y Santiago Levy.
El primero no aceptó por razones de salud que luego le quitaron la vida, el segundo, que sí tuvo un papel protagónico en el Plan de Nación, prefirió declinar porque tenía otras responsabilidades profesionales; de su lado, Levy no logró armonizar su salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la urgencia que López Obrador tenía para presentar al futuro gabinete.
Es mentirosa la afirmación de que López Obrador evaluara a Urzúa “más capacitado como administrador público y economista que sus otras opciones” y, prueba de ello fue que el entonces candidato encargó a Romo para que realizara las invitaciones que luego no prosperaron.
ZOOM: Ahora nos enteramos de que Urzúa no estaba de acuerdo con el cierre del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas o a la política energética del actual gobierno. Acaso la circunstancia requería, desde el principio, un secretario de Hacienda con mayor peso a la hora de enfrentar los errores presidenciales.
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