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Muchas veces el gabinete ha escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que desprecia las políticas públicas. Él entiende la Política como acción inmediata, sin intermediarios, sin aduanas, sin estudios, sin indicadores, sin nada que lo haga perder el tiempo.
Por eso menosprecia la planeación, la evaluación, la burocracia y todo lo que defiende la ciencia de la administración pública. Este es uno de los rasgos principales de su gobierno.
¿En pleno siglo XXI, puede hacerse política —con “P” mayúscula— sin políticas? Parece tan extraño como si el cirujano operara sin bisturí o el comensal comiera sin cubiertos.
El día de ayer, al calor de un mitin placero, el presidente López Obrador decidió cancelar la construcción de la línea de Metrobús que iba a reunir a distintas colonias de la zona urbana de La Laguna.
A pesar de que la obra llevaba andando un tiempo, no necesitó el presidente un estudio que le aportara argumentos para tal decisión, no contó tampoco con denuncias de corrupción o con una auditoría que sugiriera problemas en la obra.
El jefe del Ejecutivo consultó a las personas asistentes a la manifestación si preferían el Metrobús o si mejor se invertía el dinero federal para construir un hospital regional o mejorar la red de agua en las colonias.
A mano alzada los asistentes y el presidente decidieron por todos los demás. Este es un ejemplo preciso de Política sin políticas.
Bajo esta óptica se puede comprender por qué al presidente le parece ociosa la manifestación de impacto ambiental o los estudios de seguridad aeronáutica requeridos para proceder con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Los reportes que hacen los especialistas —opuestos a su visión— sólo sirven para hacer perder el tiempo.
El ejemplo más evidente de este estilo de gobierno fue la decisión de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM). Si bien, en muchas ocasiones ha dicho López Obrador que esa obra fue defenestrada porque era un nido de corrupción, a la fecha no hay evidencia de tal presunción.
Al contrario, el martes 9 de abril de este año, ante el Pleno de los legisladores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que, respecto al NAICM, “no se encontró ningún hecho probable de corrupción.” Luego añadió que la cancelación fue por razones técnicas y financieras.
El problema es que tampoco se presentó nunca un estudio donde se expusieran esas razones. Hoy, no existe un reporte, un libro blanco, una opinión experta, pues, que avale, con razones técnicas y financieras, la cancelación.
En el mundo de la Política sin políticas tal cosa es posible y no hay consecuencias.
En la misma hebra se halla la suspensión de la obra del tren interurbano México-Toluca. Si bien la Auditoría Superior de la Federación reportó, en este caso, algunas anomalías dignas de revisarse, esa autoridad no recomendó que la obra debiera detenerse.
Pero, este modo de proceder no solamente incluye a los proyectos que estaban en proceso desde la administración pasada. El presidente decidió vetar a cuatro compañías farmacéuticas por presunta corrupción, aunque él mismo reconoció que no contaba con pruebas al respecto.
Si bien es cierto que estas compañías dominaban de manera concentrada el mercado, no esperó el presidente a que la Comisión Federal de Competencia enfrentara la anomalía. La Política como acción no puede esperar a que actúen otras instancias del Estado, aún si la Constitución así lo establece.
De todas las decisiones tomadas de esta manera la que merece mayor reclamo es la relacionada con el antiguo programa Prospera. El miércoles 24 de abril el presidente declaró que la mitad del padrón de ese programa, vital para 25 millones de mexicanos, era fantasma. No hubo tampoco en este caso un reporte oficial, ni indicadores, ni evaluación, mucho menos recomendaciones de política pública por parte de Coneval —la dependencia responsable de evaluar los programas sociales.
Porque los Servidores de la Nación así lo dictaminaron —un grupo de personas cuya composición y propósito todavía es difícil descifrar— este semestre fue de miseria para muchas familias pobres que no tuvieron tiempo de prever la suspensión de los apoyos. Dicen en la Secretaría de Bienestar que todo estará resuelto para la segunda mitad del año, es decir desde ya. ¡Qué fácil es esperar desde el escritorio!
ZOOM: Para vivir en democracia no solo la Política, con mayúsculas, debe ser democrática, también es indispensable que lo sean las políticas públicas. El déficit democrático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en el control que pretende ejercer de las decisiones y los presupuestos que son de todos, menospreciando los instrumentos modernos del gobierno constitucional.
