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A los maestros se les suele regalar una manzana, pero en esta ocasión ocurrirá lo contrario: la reforma educativa que está a punto de aprobarse confirmará que, en el reparto de las plazas y los ascensos docentes, los líderes magisteriales no tendrán voz, ni voto, ni derecho al pataleo.
De acuerdo con el artículo 16 transitorio de la iniciativa, los trabajadores de la educación seguirán rigiéndose por el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Así ha sido siempre, ni la reforma de 2013, ni la que se está emprendiendo cambian esta circunstancia.
¿Qué implica tal cosa? Pues que, tanto el ingreso como los movimientos dentro del escalafón magisterial son materia donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene opinión y decisión.
Así sucede en todas las áreas del Estado mexicano donde los trabajadores se rigen por la misma norma; trátese del servicio de limpia de la Ciudad de México, de los empleados de base de Conagua o de cualquiera de las universidades públicas.
El mecanismo para asignar puestos de trabajo, y también para promover a las personas sindicalizadas, opera por intervención de instancias mixtas donde la cabeza sindical y el patrón toman decisiones, por lo general, con mucho mayor influencia por parte de la primera.
Las comisiones mixtas de escalafón, derivadas del apartado B del artículo 123 constitucional, fueron durante más de 60 años el mecanismo mediante el cual los líderes del SNTE vendieron las plazas docentes, o bien, cobraron favores que en su peor expresión llegaron a involucrar chantajes sexuales.
Fue también mediante este instrumento que se obligó a los docentes a involucrarse en tareas político-electorales, so pena —en caso de rehusarse— de ver afectado su trabajo.
Si bien la reforma educativa de 2013 mantuvo al personal docente dentro del apartado B, las modificaciones que entonces se hicieron al artículo 3º constitucional redujeron al mínimo el papel de las comisiones mixtas y con ello la manipulación de las plazas por parte de la cúpula del SNTE.
No obstante, con la nueva iniciativa, presentada por el presidente López Obrador, surgió —sobre todo entre la bancada panista de ambas Cámaras— la duda sobre un eventual regreso del poder de las comisiones mixtas de escalafón. A esta duda la llamaron “la manzana envenenada”.
La desconfianza no nació por lo que, a la letra, decía la iniciativa original sino por lo que no decía. Por esta razón, la derecha opositora se negó a aprobar en el Senado, la semana pasada, la iniciativa presidencial.
Afortunadamente, la vuelta a diputados de la iniciativa permitió conjurar las susceptibilidades. Por una parte, se añadió una frase relativa a la prevalencia de la rectoría del Estado sobre la gestión de las plazas, lo que en buen español significa que se mantendrá a raya al SNTE y; por la otra, se previó que sea en la legislación secundaria donde queden fortalecidas las garantías de la famosa rectoría.
Ciertamente, el acuerdo político entre el partido en el poder y las oposiciones es inmejorable. Sobre todo, porque la nueva redacción coloca un estándar elevado respecto a la gestión del escalafón docente, para asegurar que nunca más las plazas del magisterio sean vendidas, intercambiadas o manipuladas con propósitos ajenos a la educación.
ZOOM: Si en el fondo están ya todas las partes de acuerdo con la reforma, ¿por qué la bancada panista no participó en la sesión de comisiones? Pues resulta que, con las prisas, los líderes parlamentarios de Morena olvidaron la cortesía de invitar a sus pares del PAN a la reunión. Tanto esforzarse por lograr confianza en el fondo, para descomponerlo todo en las formas. Es bien sabido que la buena educación forma parte de la educación.
