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Luz María Ortega Tlapa se aseguró de que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, no sea procesado.
A pesar de que el antiguo director de Odebrecht en México, Alberto de Meneses, lo acusó de haber recibido 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto —a cambio de futuros contratos— la juez del 8º distrito de amparo penal prohibió, sin determinar límite temporal, que se aprehenda o investigue al ex funcionario.
La argumentación jurídica de Ortega Tlapa es cuestionable porque con su resolución obstaculiza la tarea de la justicia en uno de los casos más escandalosos y emblemáticos, no solo de México sino de América Latina.
Esta actuación de la juzgadora debe recibir toda la potencia de los reflectores públicos. Sin ingenuidades: ¿cómo es qué Ortega Tlapa decidió proteger a Lozoya Austin? ¿Qué razonamientos legales y extralegales la influyeron? ¿Qué presiones o complicidades la llevaron a conceder este preciso amparo? ¿Por qué no quiso o no pudo rebelarse? ¿Por qué no logró dejar la política fuera de su juzgado?
Nuestra época es una en que la roca sólida de la impunidad sólo podrá quebrarse a partir del cincel filoso de la actuación judicial. Como el escultor, el juez actúa modelando —caso tras caso— una sociedad de leyes, o bien una comunidad de complicidades y privilegios.
Por fortuna, al caso resuelto por Ortega Tlapa en favor de Lozoya Austin se oponen otros —de jueces que sí son notables—, que están dispuestos a hacer que la distancia entre lo legal y lo justo deje de ser un abismo en nuestro país.
En el otro polo de la geografía moral se encuentra la juez Karla Macías Lovera, quien con su actuación recta y también valiente imparte cátedra sobre lo que debería ser el futuro sistema judicial mexicano.
Esta juzgadora, quien ganó concurso de oposición para el noveno distrito de Guanajuato, tiene los atributos que se necesitan para hacer explotar el monolito de la impunidad mexicana.
Fue ella quien recientemente decidió multar al secretario de Marina, Francisco Soberón, porque su dependencia se había negado a colaborar con la justicia a propósito de una compleja investigación realizada en Nuevo Laredo.
El castigo por la desobediencia no fue tan alto, unos 40 mil pesos en total. Sin embargo, el mensaje vale oro molido en estos días: ni siquiera el almirante de mayor jerarquía en la Armada mexicana debe estar por encima del Poder Judicial.
A esta juez de distrito no le tienen aprecio los más reaccionarios porque, antes de este episodio, emitió otro amparo que molestó enormemente a militares y marinos: falló a favor en el amparo directo 73/2018 que consideró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior ya que, “por la vaguedad de sus conceptos (...) puede propiciar violaciones a las garantías básicas.”
Estas actitudes que desafían el autoritarismo, colocadas con tino desde el poder judicial, son muy comunes en las democracias consolidadas. Sin embargo, en México no es bien visto que los jueces destaquen por combatir públicamente evidencia notoria de impunidad y corrupción.
Es cierto que predominan las Marías Ortega Tlapa sobre las Karlas Macías Lovera y por ello es que tantos truhanes recorren las calles, al tiempo que nuestras cárceles están llenas de gente inocente.
Pero el país está cambiando y, aunque Lozoya y sus socios puedan cantarle a la libertad impune, también es cierto que el almirante Soberón tendrá que pagar al SAT por no haber entregado a tiempo lo que se le ordenó.
El tema no es personal, sino de instituciones. Para quebrar la roca de la impunidad se necesitan jueces fuertes, autónomos, valientes éticos y, sobre todo, muy bien hechos. En este contexto, la actuación del juzgado que encabeza Karla Macías no debe perderse de vista, como tampoco debe olvidarse la maltrecha oficina de la jueza Ortega.
ZOOM: Detrás de cada juez corrupto hay un abogado corrupto que mueve la cuna. Son esos operadores del derecho el peor cáncer que invade nuestro sistema de justicia. Un día, también a ellos debería caerles encima un reflector implacable.
@ricardomraphael
