Rehén de la política, la reforma educativa continúa condenada a permanecer en el purgatorio. El martes pudo haber prosperado un buen consenso, pero prevaleció la desconfianza de la oposición y un golpe de suerte hizo que el Senado reprobara la iniciativa presidencial.
Explican las crónicas parlamentarias que faltó un solo voto para sacarla adelante. Pero la realidad es que 39 senadores, casi todos pertenecientes a la bancada de Acción Nacional, son los responsables del resultado.
Probablemente la Cámara de Diputados convocará a sesión extraordinaria para recoger los platos rotos. No será, sin embargo, tan fácil como coser y cantar, porque hay un desencuentro que tiende a crecer.
Dos son las razones de esta desconfianza: la primera tiene que ver con el grado de autonomía con que contará el organismo responsable de coordinar el nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, instancia responsable de celebrar, entre otras tareas, las evaluaciones.
La segunda razón, acaso más inflamable, encuentra su origen en los acuerdos que celebraron los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los funcionarios del gobierno federa. Por cierto, que, los temas tratados coinciden, según sus propias declaraciones, con los reclamos hechos por la profesora Elba Esther Gordillo Morales.
Ni la CNTE, ni el magisterio encabezado por la defenestrada líder vitalicia del magisterio, están dispuestos a aceptar que se les excluya de los mecanismos para la asignación de las plazas y las promociones docentes.
Antes de la reforma de 2013 los procesos de selección y avance en la carrera magisterial dependían de un organismo conocido como las comisiones mixtas de escalafón. Esta instancia permitía a los líderes sindicales vender, heredar o negociar con las plazas.
El mayor avance de aquella reforma fue desplazar ese viejo mecanismo para colocar en su lugar otro basado en exámenes de ingreso y evaluaciones.
Frente a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante preciso: si bien propuso derogar la reforma de Peña Nieto, no está dispuesto a regresar a los usos y costumbres —herencia o venta de plazas— que antaño corrompieron la estructura a través de la cual sucedía la carrera de los maestros.
De ahí que la iniciativa discutida esta semana en la Cámara de Senadores diga con toda precisión que los procesos de “admisión, promoción y reconocimiento del personal … docente ... se realizará(n) a través de (mecanismos) de selección … transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos aptitudes y experiencia necesarios.”
El punto negro en el arroz, argumentan los opositores, es que, al enviar a la ley secundaria esos mecanismos puntuales, relativos a la carrera de los maestros, se abre la posibilidad para que, a partir de la mayoría simple con que cuenta Morena en ambas cámaras, la corrupción retome sus fueros en la asignación de las plazas y las promociones.
En otras palabras, la oposición no confía en que el presidente vaya a proteger al sistema educativo de los intereses oscuros que sus aliados en campaña, Elba Esther Gordillo y la CNTE, han sostenido desde siempre a propósito de las plazas en el magisterio.
Vale decir que la combinación de los dos temas citados hace muy complejo lograr el consenso: por un lado, el órgano responsable de la evaluación no podrá tomar decisiones políticas autónomas frente al gobierno federal y, por el otro, el partido mayoritario tendría poder completo para diseñar la carrera magisterial como se le dé la gana, al punto en que podría traer de vuelta el corrupto mecanismo de las comisiones mixtas de escalafón.
ZOOM:
Las oposiciones contarán en la Cámara de Diputados con una buena oportunidad para mejorar la iniciativa de reforma educativa, sin embargo, tendrán que decidir por uno de los dos temas en disputa. O centran sus energías en lograr la autonomía para el órgano responsable de la evaluación, o bien lo hacen en evitar, desde el texto constitucional, que los modos y las costumbres viejas regresen para perjuicio de la escuela pública.