Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de los órganos constitucionales autónomos obliga a reflexionar sobre el origen de la autonomía, y también sobre los momentos en que este valor democrático ha sido derrotado.
La autonomía tiene una larga tradición constitucional en México. La amarga experiencia que dejó Antonio López de Santa Anna hizo que la Carta Magna de 1857 colocara frenos y contrapesos de cara a la autarquía.
Con objeto de evitar que una sola persona ejerciera por sí sola la autoridad suprema del Estado, aquellos constituyentes son los autores de la primera ola de autonomías que, por un lado, fijó los principios para regir la independencia de los estados y los municipios y, por el otro, estableció fronteras entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En efecto, entonces y ahora, la autonomía es un antídoto contra la autocracia y por eso, cuando la segunda avanza, es porque la primera pierde. El gobierno de Porfirio Díaz, como el de Santa Anna, tuvieron propensión a concentrar poder y por ello el federalismo vio sucumbir sus mejores anhelos, lo mismo que la libertad del municipio.
La segunda ola de la autonomía vendría con la Constitución de 1917. Como base de la organización política del país se establecieron los derechos que le otorgan autonomía y dignidad jurídica a las personas, también la noción de municipio libre, como piso de la organización del Estado; asimismo, la Carta Magna confirmó las bases de la independencia para las entidades federativas, y para los poderes Legislativo y Judicial.
La segunda ola de la autonomía sufrió erosión por los movimientos autárquicos que, con el paso de las décadas, fueron edificando al presidencialismo mexicano, sobre todo a partir de lo que Jorge Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del jefe del Ejecutivo.
No podrían explicarse las reformas a la Constitución relativas a la tercera ola de la autonomía mexicana sin las expresiones radicales de autarquía manifiestas durante el largo periodo en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional.
La tercera ola de las autonomías comienza con la fundación del Instituto Federal Electoral como institución autónoma de las presiones político partidistas del presidente y otros poderes. Por este motivo puede fecharse su inicio en 1996.
El éxito del modelo de autonomía diseñado para este órgano dio origen a un rosario de nuevas instituciones, que fuera del ámbito regional y de la división formal de poderes, debían también —por la responsabilidad asignada— estar protegidas frente a las influencias autárquicas del presidente, así como frente a la presión o sesgo de otros actores, fuera y dentro del gobierno.
Los órganos constitucionales autónomos son la aportación más reciente a la República para evitar el regreso del país a situaciones políticas como las impuestas por Santa Anna, Porfirio Díaz o por el presidencialismo exacerbado del PRI.
Se trata de una solución política que quiere asegurar dos cosas: primero, que la actuación de esos órganos no sea vulnerada por intereses ajenos al mandato que la Constitución les entrega y, segundo, promover la coherencia de sus decisiones en el tiempo de tal manera que estos órganos autónomos aseguren una política de Estado que trascienda gobiernos y partidos.
Un buen ejemplo para explicar estos dos objetivos lo ofrece el Banco de México, el cual obtuvo autonomía constitucional para evitar que el poder Ejecutivo manipulara la política monetaria con propósitos electorales, al tiempo que recibió un mandato de largo plazo para mantener a raya la inflación.
ZOOM:
Los errores cometidos por los órganos autónomos pueden corregirse, siempre y cuando no sea la autonomía lo que se busca eliminar, o la autocracia lo que se quiere promover.
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