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No tengo confianza en la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro aeropuerto internacional de la CDMX. Quizá la tendría si estuviera a favor de la opción de Santa Lucía, pero no es mi caso.
Defiendo sin adjetivos los ejercicios de democracia directa, siempre y cuando respeten los principios de certeza e imparcialidad. Mis dudas nacen justo porque esta consulta adolece de ambas virtudes: es incierta y es parcial.
Son problemas para la certeza de este ejercicio que, a ocho días de la fecha límite, se desconozca la ubicación de las mesas de consulta, así como los nombres de las personas que integrarán los comités ciudadano y técnico, y también que la instancia anunciada como responsable de contar los votos no posea experiencia previa en eventos similares.
Con respecto al tema de la imparcialidad resulta oneroso para la consulta que quienes la organizan estén sincera y enfáticamente a favor de una de las opciones, también que los argumentos presentados padezcan graves sesgos contrarios a la objetividad.
Si se acude a la página México Decide, que es donde se puede localizar la información oficial sobre la consulta, es posible encontrar los 538 municipios donde se instalarán las mesas, a partir del próximo 25 de octubre; sin embargo, a una semana de que ocurra el evento, esa página todavía no tiene habilitadas las direcciones precisas donde los consultados podríamos acudir.
No es posible saber si la selección de las ubicaciones se hizo con criterios técnicos basados en la demografía y la estadística o podrían colarse otras variables de orden político e incluso clientelar.
El mismo sitio anuncia que en la organización de la consulta participarán personas adscritas a dos comités: uno técnico y otro ciudadano. No se especifica sin embargo cuáles son los mandatos o tareas de estos órganos, tampoco se dan a conocer los nombres de las personas que les integran, ni el número, ni los perfiles, ni el método de selección.
La misma página hace referencia a la fundación Arturo Rosenbluth como encargada de contar los votos, pero la información disponible sobre esa organización no permite admitir que posea experiencia previa en la celebración de ejercicios de democracia directa similares a esta consulta.
El objeto social de tal fundación dice que desarrolla tecnologías para la solución de problemas sociales. Con tal propósito ofrece becas, organiza cursos, maestrías y diplomados, pero no consultas ciudadanas donde podrían llegar a participar más de un millón de personas.
¿Es la fundación Arturo Rosenbluth quien va a contratar a los dos mil funcionarios necesarios para instalar las mesas de consulta? ¿Cuál será el perfil de esas personas? ¿Harán el trabajo de manera gratuita? ¿Contarán con algún apoyo para alimentos o transporte? ¿Habrá vigilantes de su desempeño? ¿Alcanzarán 350 pesos diarios por mesa para que funcionen bien las cosas?
Tengo para mí, por otra parte, que el sitio de la consulta —México Decide— es parcial. Los argumentos a favor y en contra de cada opción aparecen ahí desequilibrados y son insuficientes. Destaca el video de 17 minutos donde el promotor principal de la consulta es a la vez el promotor principal de la opción Santa Lucía: Andrés Manuel López Obrador.
No quiero imaginar lo que ocurriría si en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) apareciera su presidente, Lorenzo Córdova, haciendo una disquisición sobre las virtudes o los defectos de un partido o de un candidato.
Ese sitio no pasa ninguna prueba de imparcialidad porque está atravesado por la propaganda.
ZOOM: Porque no hay garantías de certeza e imparcialidad, acudir a la consulta sobre el futuro aeropuerto de la CDMX parece una trampa, sobre todo para quienes pensamos que la opción de continuar con la construcción de Texcoco es mejor que la alternativa de Santa Lucía.
www.ricardoraphael.com, @ricardomraphael
