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La brecha entre el sueldo percibido por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores más cercanos se mantendrá grande porque el primero contará con apoyos que el resto de los funcionarios federales, incluyendo a los secretarios de Estado, no tienen.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos dice que ningún funcionario deberá percibir un salario superior al establecido para el presidente de la República.
Tal remuneración será de 108 mil pesos mensuales, es decir 40% abajo del sueldo otorgado al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien cobrará este mes sus últimos cheques por un monto de 250 mil pesos.
Sufrirá también una reducción importante el ingreso de los secretarios de Estado, que en promedio rondaba los 140 mil pesos por mes: según ha trascendido la disminución será de un 23%. En total son más de 35 mil funcionarios los que verán angostado su ingreso.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre las prestaciones del presidente y las que tendrá el resto de los integrantes del gabinete.
Según el artículo cuarto de la ley referida, no se consideran parte de la remuneración los apoyos y gastos relativos al desarrollo del trabajo, así como los recursos públicos invertidos en actividades oficiales.
Esto quiere decir que no son considerados como parte del ingreso presidencial, por ejemplo, el lugar donde se alojará el próximo mandatario, ni la ropa, ni el pago de luz, gas, agua o predial, tampoco los vehículos en los que se trasportará el presidente y su familia, ni los alimentos, ni el sueldo del personal que atenderá la residencia oficial.
Estas prestaciones, que hasta ahora han sido consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades de los presidentes mexicanos, no son otorgadas al resto de los funcionarios del gobierno.
No existe director general, subsecretario o secretario que cuente con una casa cuya renta se cubra con recursos de los contribuyentes. Tampoco el erario paga a estos funcionarios gastos relacionados con su vestimenta de trabajo, con la luz o con los alimentos que cotidianamente consumen sus familiares.
La principal diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el resto de su gabinete radica en que el próximo presidente podrá ahorrar prácticamente íntegro su salario, mientras que sus secretarios y demás colaboradores habrán de vivir con el ingreso asignado.
Es normal que el jefe del Ejecutivo gane más que el resto, y sin embargo hay una asimetría evidente que la nueva ley de percepciones no reconoció: no es lo mismo ganar 108 mil pesos mensuales y guardarlos intocados en el banco, que cubrir —con ese mismo ingreso— alojamiento, vestido, comida y sustento, para sí y su familia.
Se cometió una injusticia en la nueva iniciativa de ley relativa a las percepciones de los funcionarios federales. Si bien es correcta la idea de que nadie deba ganar más que el presidente —y también lo es que el salario del jefe del Estado mexicano debe responder a los principios de la justa medianía republicana— el parámetro del sueldo máximo para el resto de los funcionarios debería tasarse a partir del ingreso real del presidente, en el cual se incluyen una serie de apoyos extraordinarios relativos al desarrollo de sus funciones.
Probablemente si se suman las prestaciones que López Obrador tendrá por los conceptos arriba citados, su ingreso real rondaría entre los 150 y los 180 mil pesos, cifras distantes de las que se han publicitado.
ZOOM:
Ante los excesos previos de la función pública resulta saludable que la nueva ley de percepciones ajuste a la baja los salarios. Sin embargo, al hacerlo no deberían cometerse injusticias contra el resto de la administración pública. El sueldo real de AMLO será mayor del que se ha anunciado y es con respecto a ese ingreso que debería fijarse el tope de los salarios en el gobierno federal.
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