El valor del precio del peso se deslizó a la baja, no porque se haya cancelado una megaobra de infraestructura, sino por el eventual incumplimiento del gobierno sobre sus obligaciones. Cada inversión, cada proyecto, cada obra tiene detrás un documento formal que ha quedado en suspenso de aquí a que el futuro presidente asuma la representación legal del gobierno mexicano.
Treinta días de incertidumbre es demasiado para ordenar el expediente sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco, cuyo costo, por haberlo frenado –según la administración saliente– ronda los 120 mil millones de pesos, si se considera la obra ya ejecutada y los insumos adquiridos.
A este monto deben añadirse las inversiones que los ganadores de las licitaciones realizaron para cumplir, de su lado, con sus respectivas obligaciones. Esta segunda cifra se desconoce, pero no debe ser pequeña: las empresas involucradas en esta obra pública ofrecieron garantías, pagaron fianzas, adquirieron créditos, contrataron personal y servicios para salir adelante con los contratos firmados.
Salvo un acto de magia, no se ve posible frenar la ola de demandas que por diversos motivos arremeterá contra el gobierno entrante y la mayor carga de trabajo no será para los funcionarios públicos, sino para los jueces y los tribunales que terminarán desahogando las consecuencias del incumplimiento.
Contra los deseos de Andrés Manuel López Obrador, la incertidumbre generada con la cancelación del NAICM no será resuelta por un par de frases amables, ni tampoco con la etérea promesa de que no habrá repercusiones financieras.